17 enero, 2021

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“Ayotzinapa”

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Miguel Alonso Raya

En voz del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio por terminada la llamada “verdad histórica”, acuñada por Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República; que determinó que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados por integrantes de “Guerreros Unidos” y posteriormente incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero; para después ser arrojados al río San Juan.

La cuestión de fondo es que el Gobierno Federal no está enterrando la llamada “verdad histórica”, sino una investigación jurídica, que hasta el momento no ha sido sustituida por ninguna otra. Lo único cierto es que en la indagación del caso Ayotzinapa, este gobierno ha ido de fracaso en fracaso. Ha sido mucho “ruido y pocas nueces”, hasta que se demuestre lo contrario.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, “duerme el sueño de los justos”. Mientras que la esperanza del Fiscal es que la detención de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, de la extinta PGR (hoy Fiscalía), a quien él llama “el arquitecto” de la “verdad histórica”; pueda aportar elementos para la nueva investigación.

Lo cierto es que si Tomás Zerón se pudo fugar fue gracias a la inoperancia de la Fiscalía, que también tiene responsabilidad en la liberación de 52, de 142 detenidos presuntamente involucrados en la desaparición de los estudiantes; al no aportar en tiempo y forma las pruebas jurídicas para poder justificar su permanencia en la cárcel.

La detención y posterior liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, quien supuestamente dio la orden de secuestrar y asesinar a los estudiantes; es un reflejo de las inconsistencias de cómo el Gobierno Federal ha llevado este caso.

Hay, tres aspectos torales que la actual administración no está considerando, ni siquiera por asomo, en la investigación sobre lo que pasó en Iguala.

Uno es que no toca para nada al Ejército, a pesar de las evidencias de la participación de militares adscritos al cuartel del 27 batallón de infantería, en Iguala. Los padres de familia han sostenido una y otra vez que hay indicios de la participación de elementos del Ejército Mexicano el día 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Preocupa que el presidente Andrés Manuel, en su fuerte cercanía con el Ejército, no intervenga para que sean citados a comparecer todos los militares y mandos involucrados en los sucesos en los que desaparecieron los normalistas; en los cuales se involucraron integrantes de “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”; con el auxilio de policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco de los Figueroa.

También hay indicios de que se busca darle la vuelta a la responsabilidad del Estado Mexicano en estas desapariciones. Los asesores de los padres de familia han venido insistiendo que fue el Estado quien desapareció a los muchachos.

Tampoco hay señales de que se pretenda investigar al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluye que la causa del secuestro y desaparición de los normalistas pudo obedecer a que entre los autobuses que tomaron había uno, con destino a la frontera con Estados Unidos, que estaba cargado de goma de opio.

Es el llamado “quinto autobús”, de la empresa Estrella Roja, cuya propiedad se adjudica a Figueroa Alcocer. Tampoco nadie ha explicado por qué los estudiantes de primer grado fueron enviados a secuestrar autobuses a la central de Iguala, cuando siempre que requerían transportarse, tomaban unidades en la autopista que cruza Chilpancingo.

No es con retórica ni simulaciones como se esclarecerán los lamentables hechos de Ayotzinapa. Lo que esperan los padres de familia es justicia, y ésta sólo será posible con una línea de investigación sustentada en pruebas jurídicas sólidas, que nos permitan conocer la verdad de los hechos y el paradero de los muchachos, hasta ahora, desaparecidos.

Ayotzinapa debe servir de ejemplo para llevar ante la justicia a quienes cometieron el delito de desaparición forzada de jóvenes que hoy serían maestros rurales. Y mandar un claro mensaje: “caiga quien caiga, el pacto de impunidad y corrupción, se acabó”.

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