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Miguel Alonso Raya

La consulta que promueve el Gobierno Federal contra los exmandatarios del país, y a la que se han sumado ahora los gobernadores electos, las y los legisladores federales en funciones, y quienes tomarán protesta en breve, de Morena; no llegará a ningún lado.

Ninguno de los señalados terminará en la cárcel. Pero el objetivo de López Obrador no es hacer justicia. En realidad, es una cortina de humo más para desviar la atención de los graves problemas por los que atraviesa México.

El objetivo es seguir creando shows mediáticos, continuar con la conducción del país desde las mañaneras, a golpes de ocurrencias y distracciones, para alimentar el imaginario popular de que se busca hacer justicia, cuando eso está muy lejos de suceder.

Si López Obrador quisiera realmente que los expresidentes asumieran su responsabilidad por los presuntos delitos que dice cometieron, lo adecuado es que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, se realice una investigación y se proceda contra ellos en caso de haber delito que perseguir.

No sólo López Obrador se está burlando de la ley, seguramente los expresidentes están muy divertidos porque saben que no habrá repercusiones legales en su contra, primero, porque la pregunta no alude en nadie en particular y segundo, porque difícilmente la consulta podría alcanzar, cuando menos, el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para poder ser vinculante.

Sólo a manera de comparación, en las pasadas elecciones la participación electoral fue de entre 51.7 y 52.5 por ciento del padrón, cuyos votos se repartieron entre todos los partidos participantes.  Morena sólo obtuvo entre 34.9 y 35.8 por ciento del total. Difícilmente Morena podrá superar esta cantidad de votos para la consulta.

Y esta burla fue evidente desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ignorando lo establecido en la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, prefirió modificar la pregunta que planteó el presidente, y avaló el Congreso de la Unión con la mayoría artificial de Morena, para no rechazarla.

La SCJN se prestó a esta maniobra que pervierte la Constitución y la ley. Terminó aprobando una pregunta confusa, que nadie entiende y que para lo único que sirve es para que el presidente, Morena y sus funcionarios, impongan su agenda mediática y evadan temas realmente importantes.

La actitud de la SCJN fue muy diferente cuando declaró la inconstitucionalidad de la consulta popular que propuso el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en torno al tema de la reforma energética.

Con el aval de la Corte, López Obrador tuvo manga ancha para continuar con la consulta mientras desatiende los graves problemas de seguridad, salud, desabasto de medicamentos, de la economía, educación, desempleo, quiebra de empresas, entre muchos otros.

La cuestión es que todo el gabinete está metido de lleno en esta estrategia de distracción, pero además con una absoluta falta de sensibilidad.

Para muestra, algunos ejemplos. En respuesta a las denuncias de padres de niñas y niños con cáncer de que continúa el desabasto de medicamentos oncológicos, a pesar de las promesas del presidente de que se resolvería en junio, Hugo López Gatell, los acusó de “golpistas” y de estar vinculados a la derecha.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas concluyó en un informe reciente que los grupos de la delincuencia organizada durante la pandemia hicieron más en favor de la población que el propio Estado Mexicano.

Esto, sin duda, es consecuencia de la decisión del Gobierno de López Obrador de no combatir y dejar hacer al crimen organizado, sin medir las consecuencias que ello contrae, como los asesinatos de políticos durante las elecciones y las masacres recientes que se han registrado en Tamaulipas, Zacatecas, Tabasco y Guanajuato, por citar sólo algunas.

Esto confirma que hay una serie de vacíos por parte de las autoridades, que  alguien llena, mientras que el gobierno de López Obrador inventa cortinas de humo o “golpes de Estado” para huirle a los problemas reales y evidenciar su incapacidad para resolverlos. Pueden decir lo que quieran, pero la consulta es insulsa.

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