23 noviembre, 2020

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Corrupción e impunidad: incentivos perversos que fomentan la delincuencia

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Miguel Alonso Raya

La falta de una estrategia clara en materia de seguridad pública por parte del Gobierno Federal, a más de un año de haber iniciado funciones, así como la decisión presidencial de no capturar a los líderes de las organizaciones criminales, permitir fastuosos eventos o, incluso, dejarlos salir de la cárcel; está incrementando la impunidad, la violencia y los asesinatos en el país, así como la brutalidad de los mismos.

Tan sólo 2019, el primer año de gestión, ha sido calificado como el año más violento de la historia. Se registraron 35.588 asesinatos, que implica una tasa de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes o 95 por día. Entre estos homicidios, se contabilizan 1.006 feminicidios.

A pesar del incremento de la violencia y de los delitos de alto impacto, el Gobierno Federal no parece tener claro hacia dónde quiere ir en materia de seguridad pública. No sólo por el hecho de que utiliza la Guardia Nacional para tareas distintas a las que fueron avaladas, como contener, detener y reprimir a los migrantes centroamericanos; sino que en los hechos repite la misma estrategia que los gobiernos anteriores, a los que tanto critica, como la militarización de los cuerpos policiacos, la ausencia de una política eficaz contra la corrupción en los cuerpos de seguridad, la falta de decisión para combatir la impunidad y fortalecer a la FGR y a las fiscalías de cada entidad.

Pero quizá lo más grave es que, al igual que en administraciones anteriores, una facción del crimen organizado se está fortaleciendo al amparo del poder, como es el caso del Cártel de Sinaloa. Lo acepten o no las autoridades, la realidad lo evidencia. Están los ejemplos de la liberación de Ovidio Guzmán, la boda a plena luz del día y en un lugar público, de Grisel Guadalupe Guzmán; y la fuga del Reclusorio Sur -por la puerta principal, en un vehículo oficial y con la complicidad de los custodios y de las autoridades del penal-, de cuatro colaboradores cercanos del Chapo Guzmán.

Esto, sin la menor duda, contradice lo dicho por Andrés Manuel López Obrador, quien ha repetido que su gobierno no pacta con los criminales, “como lo hicieron en el pasado los conservadores rateros”. Una y otra vez ha sostenido que los grupos criminales ya no cuentan con el respaldo de las autoridades. La realidad, dice otra cosa.

La misma falta de claridad respecto a la estrategia de seguridad pública aplica para el caso del gobierno del estado de Guanajuato, no sólo por el hecho de que en 2019 también registró incremento en el porcentaje de delitos, sino que enero de 2020 ha sido el mes más violento en los últimos 20 años. En menos de 31 días fueron asesinadas 453 personas en la entidad.

La violencia en Guanajuato no sólo está relacionada con la disputa que sostienen los grupos del crimen organizado, sino con la errática estrategia del Gobierno Federal para detener a los líderes de las mismos. Los diferentes cuerpos militares y policiacos entran al estado sin coordinación, sin estrategia y sin conocer el terreno. Actúan como si le pegaran de batazos a un panal y luego se retiran dejando al gobierno del estado con el problema y a la población completamente indefensa y expuesta a la violenta reacción de la delincuencia.

El gobernador del estado, Diego Sinhue, por su parte, sigue sin dan el golpe de timón largamente anunciado, sin cumplir con su promesa de garantizar la seguridad en la entidad y quejándose del abandono de la Federación en este rubro, pero sin voltear a ver el real desempeño de su gabinete de seguridad.

Como en el pasado, tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado asumen la violencia como un resultado de la disputa entre grupo criminales y evaden su responsabilidad sin asumir que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el tránsito y la seguridad de las personas y eso no puede derivarlo en nadie, no puede decir que se le puede transferir a otro, la responsabilidad es del Estado y punto.

Parte de esta responsabilidad es que ambos niveles de gobierno redefinan su estrategia de seguridad pública, revisen la actuación de cada uno de sus equipos y de las fiscalías; que haya una mayor coordinación entre la Federación, estados y municipios. Y sobre todo, se combata también con mayor eficacia la corrupción y la impunidad, que son incentivos perversos que fomentan la violencia.

Ya es hora de detener tanto derramamiento de sangre. Las y los ciudadanos no pueden estar pagando tan caro la ineficiencia, corrupción e irresponsabilidad de los funcionarios públicos. La insensibilidad y omisión, también es corrupción.

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