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Miguel Alonso Raya

Conforme va transcurriendo el sexenio, la realidad va colocando en su justa dimensión al gobierno de López Obrador. Más allá que él diga tener otros datos, lo cierto es que diversos indicadores evidencian y cuestionan sus políticas públicas, particularmente las que tienen que ver con economía, salud y seguridad.

Andrés Manuel hizo de la lucha contra la pobreza y la corrupción su principal objetivo. De hecho, un porcentaje importante del gasto se destina a la política social. En 2021, del gasto programable aprobado por el Congreso, 457 mil 905 millones de pesos están etiquetados para subsidios, es decir, 10 por ciento de los recursos del presupuesto de este año van a diferentes apoyos sociales. (El Financiero, 16/febrero/2021)

Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones de pobreza multidimensional, presentadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, así el número de personas en esta situación, pasó de 51.9 a 55.7 millones.

El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7.0% a 8.5% entre 2018 y 2020 y por lo tanto, el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 8.7 a 10.8 millones de personas.

En términos de carencias sociales, el mayor cambio en este periodo es un aumento de 12.0 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%. Otras carencias que aumentaron en menor medida son el rezago educativo con un incremento de 0.25 puntos porcentuales y la carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad (0.31 puntos porcentuales).

Esto, sin duda, es resultado de la visión clientelar de la política social, y de la negativa del Ejecutivo Federal a apoyar a millones de personas y empresas afectadas económicamente por el cierre de actividades derivado de la pandemia.

La misma situación crítica enfrenta el país en materia de seguridad. Tan sólo este fin de semana hubo 265 asesinatos, según el reporte diario del gabinete de seguridad. (El Universal, 9/agosto/2021).

La mayor parte de esta ola de homicidios es provocada por el crimen organizado, que se siente con tal grado de impunidad que amenaza a periodistas y medios de comunicación por su cobertura de los enfrentamientos en Michoacán, ante la inacción del Gobierno Federal, que sólo alcanza a decir que protegerá a los comunicadores; pero no es capaz de diseñar una estrategia eficaz para combatir la violencia generada por las bandas delincuenciales, ni en esta entidad ni en otras.

La falta de resultados del gobierno de López Obrador, aparejado con la paulatina pérdida de credibilidad, le está abriendo fisuras en su estrategia de controlar los otros poderes, organismos autónomos y ciertos sectores de la sociedad que ha intentado desde el inicio de su gobierno; al grado de que está sufriendo descalabros y rebeliones que no esperaba.

El no haber logrado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, fue la primera y más contundente derrota sufrida por Morena, pero, principalmente, es una derrota para el presidente.

Haber perdido esta mayoría, será crucial para López Obrador en lo que resta de su administración, pues se verá obligado a negociar con la oposición, a la que ignoró y desdeñó en la legislatura que está por concluir.

Otra lección para Morena y López Obrador fue la escasa participación, en la consulta del 1° de agosto, de los ciudadanos inscritos en el padrón. El no haber participado en este ejercicio representa un rechazo al empeño de AMLO de polarizar a la sociedad en lugar de dedicarse a gobernar y cumplir con sus responsabilidades.

Por otra parte, la rebelión que se gestó en el Poder Judicial, y en la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la decisión del presidente de intentar ampliar el mandato del Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, fue un “estate quieto”, a la ambición presidencial de controlar y vulnerar la autonomía de este poder.

De tal manera que el gobierno de Andrés Manuel entra a la segunda mitad de su sexenio debilitado en su ambición de concentrar más poder político y, además, chocando con la realidad, que es mucho más terca que él.

Porque más allá de lo que le digan sus corifeos, y sus otros datos, la realidad indica que el timón del país le está quedando grande a López Obrador, y a Morena. Insistimos, es hora de dar pasos en la construcción de un “Nuevo Acuerdo Social” para empezar a sentar las bases de un Estado democrático, social y de derecho. Un Estado de Bienestar. La política social clientelar sólo sirve a intereses aviesos y profundiza la pobreza y la desigualdad.

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