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No bastan trámites con autoridades, las familias que buscan a un desaparecido padecen la falta de coordinación entre entidades y revictimización cuando descubren que su familiar permaneció por meses en Semefo

Karen Villalobos *

Fotos: especiales

El 9 de julio de 2016, Jaime Flores salió de su casa ubicada en Querétaro, iba camino a Celaya a recoger material para su talachera, donde se encargaba de reparar neumáticos. Jaime era una persona a la que fácilmente le confiaban los trabajos de reparación, tenía un aspecto amable y siempre cumplía con sus fechas de entrega, el trabajo iba bien, por lo que buscaba ampliarlo a través de un programa de apoyo del gobierno estatal. Jaime era un hombre trabajador que constantemente incitaba a su familia a seguir adelante con sus proyectos, por ello motivó a su madre Josefina para que entrara al mismo programa. Para ella sería un negocio de renta de sillas y mesas para eventos.

Tras algunos meses de espera, Josefina recibió en su casa la noticia de que sus negocios habían sido seleccionados para recibir el apoyo económico del programa estatal, sin embargo, los planes de Jose ya habían cambiado para ese momento.

Josefina y su familia atravesaron un proceso de búsqueda de varios meses, en los cuales no obtuvieron respuesta alguna por parte de las autoridades. Sin embargo, no detuvieron su búsqueda porque la incertidumbre era peor que cualquier cosa. Fue con ayuda del colectivo Desaparecidos Justicia que Jose logró federalizar el caso de su hijo, ya que en el estado de Querétaro la investigación nunca avanzó.

«Lo primero que hago al despertar es orarle a Dios, pedirle que me lo cuidara, que tuvieran misericordia las personas que se lo habían llevado, que no fueran tan crueles; que si algo querían pues que nos hablaran, que se comunicaran con nosotros. Pero no fue el caso, no pudimos nunca comunicarnos, nunca nos hablaron, nunca nos dijeron nada.

Para mí era día y noche recordar a mi hijo. Yo iba a mi comida, a mi desayuno y decía: “Hijo, ¿ya comerías?”; voy a comer: “Hijo, ¿ya comiste?”; voy a cenar: “Hijo, ¿ya cenaste?“; voy a dormir: “Hijo, ¿ya estarás descansando?” Yo creo que hasta lo más cotidiano que yo voy a hacer, lo primero que se me viene a la mente es mi hijo… ¿Qué será de mi hijo?»

“Hijo, ¿en dónde estás?”

Jaime acostumbraba pasar a casa de su madre cuando terminaba su trabajo, ya que su talachera estaba a unas cuantas casas. Jose, como la llaman quienes la conocen, lo esperaba pacientemente porque aquel ritual era la alegría de su día. Josefina tenía también la compañía de Guadalupe, su otra hija, pero la relación de Jaime y ella era más sólida, ya que convivían durante toda la semana, y cuando no podían verse, Jaime llamaba a Jose para tener largas conversaciones.

La tarde del 9 de julio de 2016, Josefina se quedó a la espera de su hijo, pensó que algo se le habría atravesado y por ello no había llegado a verla, aunque como su madre y después de varias horas de espera, sintió la necesidad de asegurarse que todo estaba bien. Trató de comunicarse con Jaime una y otra vez.

«Desde el momento en el que él desaparece quise marcarle, todos marcábamos y él no nos contestaba. Y él no era así, a él le llamábamos y nos contestaba el teléfono. De hecho, al principio el teléfono estaba activo, porque sonaba y luego como que lo apagaban; yo le llamaba hasta en la madrugada. Llegué a sentir que me llegaron a contestar el teléfono, yo le decía: ”Hijo, por favor, hijo escúchame, regresa a la casa, ¿dónde estás?, ¿qué te pasó? Dime, ¿hay algún problema?” O sea, hablaba yo sola por el teléfono.»

El proceso de búsqueda de las familias inicia desde que se hace de conocimiento a las autoridades sobre la no localización del familiar, lo que viene después son una serie de procesos que, contrario a darles esperanzas para dar con el paradero del familiar, les generan una lucha constante entre papeleos, trámites e idas y vueltas con diferentes autoridades.

«Al principio nos hacen sentir así como que “eres como una delincuente”, casi somos delincuentes, o no casi, ¡somos delincuentes! Al presentar una denuncia de una persona desaparecida, lo primero que dicen es: “¿Con quién andaba?, ¿cómo andaba?, ¿qué hacía?”. Las autoridades te dicen: “Cuídense porque no saben en qué se haya metido su hijo o con qué personas estuvo”, y es un temor.»

Jaime Flores Patlán es uno de los más de mil casos de personas desaparecidas que registra el colectivo Desaparecido Justicia junto con otras organizaciones de la sociedad civil en el estado de Querétaro.

Junto a la señora Jose hay otras 42 familias que pertenecen a Desaparecido Justicia, colectivo que lleva más de 10 años haciendo labores de búsqueda en vida, marchas, talleres, conversatorios, diálogos con autoridades, entre muchas otras actividades por la verdad, memoria y justicia para las personas desaparecidas.

Los seres queridos de Juan desaparecieron el 3 de septiembre de 2016 en el estado de Veracruz, la familia Sánchez Reséndiz, conformada por María, Javier y Karen decidieron salir del municipio de Colón en Querétaro para tomarse una vacaciones. Las fotos de Karen en sus redes sociales dejaban ver a Juan, su tío, que habían llegado a su destino. Fueron 4 días después cuando Juan recibió la noticia de que sus familiares no habían vuelto al lugar donde se hospedaban.

Juan estuvo meses cruzando de un estado a otro, las autoridades de Querétaro se deslindaron de la búsqueda ya que la desaparición había ocurrido en Veracruz. Seis meses después, Juan se enteró a través de medios de comunicación que credenciales de su hermana María, su sobrina Karen y su cuñado Javier, habían sido localizadas en una fosa del estado de Veracruz. Juan solo recibió los documentos de sus familiares, ya que de los restos encontrados, ninguno coincidía con los de sus seres queridos.

En México, según el reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 20 de marzo de 2021, existen 19 mil 204 personas desaparecidas y no localizadas. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, el 2019 fue el peor año, ya que se reportaron 8 mil 345 casos. Frente a esta crisis que no cesa, está la incansable exigencia de familiares de víctimas, quienes han logrado crear diversos mecanismos y espacios dedicados a atender dicha problemática. Aunque no fue sino hasta noviembre de 2017, cuando se implementó la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, que las autoridades de cada entidad comenzaron a establecer presupuestos y generar herramientas a las que la ley les obligaba.

Pese a las “bajas cifras” que se registraban oficialmente en la entidad, Querétaro fue uno de los primeros 9 estados en crear una Comisión Local de Búsqueda de Personas. El 26 de octubre de 2018 se instaló dicha comisión, teniendo como titular a Laura Karen Zedillo Torres. Según la legislación nacional, cada estado debe crear su Consejo Ciudadano para la toma de decisiones, este debe estar conformado por cinco familiares de víctimas, cuatro especialistas en la materia y cuatro representantes de la sociedad civil. El 28 de abril de 2019, luego de creada la Comisión, se realizaron diversas mesas de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, dependencias de seguridad de los 18 municipios, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos para elaborar el Protocolo de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro.

«Querétaro es uno de los estados que primerito levanta la mano y dice: “Querétaro es el primero en hacer esto”. Nosotros cuando fuimos invitados por la comisionada, estuvimos un viernes y le dijimos: “Tu proyecto está bien chido pero para ti, para nosotros no funciona. Nosotros necesitamos esto y esto”. Lo subrayamos y le dijimos qué era lo que necesitábamos para el protocolo estatal de Querétaro y nunca lo tomaron en consideración», señaló Brenda Rangel, representante de Desaparecidos Justicia.

A pesar de las exigencias que había hecho el colectivo de familiares de personas desaparecidas en la entidad, las reuniones de trabajo terminaron con la creación del Protocolo de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro sin los cambios que las familias habían propuesto. Luego de que se creó la Comisión Local de Búsqueda y el Protocolo Local, en agosto de 2019 inició actividades la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Para su operación se invirtieron 12 millones de pesos y se capacitaron a 187 servidores públicos estatales, municipales y de sociedad civil, según informó el gobernador Francisco Domínguez Servién.

A través de una solicitud de transparencia, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mostró, para este 2021, una plantilla conformada solo por 28 personas: 2 Investigadores; 7 Oficiales de Investigación A; 4 Suboficiales de Investigación B, 1 Perito Técnico Criminalista y 3 Psicólogos, quienes tienen que dividirse los trabajos de investigación de las más de 300 personas que siguen desaparecidas en la entidad según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.

«Pensé yo que las autoridades se iban a hacer cargo de la búsqueda de mi hijo, pensé que iban a actuar inmediatamente, pero realmente solo vimos un llenado de mucho papeleo y de ahí la búsqueda fue por parte de nosotros; estuvimos buscándolo, investigando y lo que nosotros teníamos se lo dábamos mi hija y yo al investigador. Al ver que pasa un día, otro día y para nosotros un segundo es muy valioso, estábamos con la incertidumbre de que no teníamos noticias de él y de las autoridades tampoco», cuenta Josefina.

Las cifras que no cuadran y no alcanzan

Según datos del Registro Nacional, hasta mayo de 2021, Querétaro tenía un total de 433 personas desaparecidas y no localizadas. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Querétaro muestra en su portal, a manera de listado, un total de 232 fichas de personas “no localizadas” fechadas desde 1999.

La Ley General en Materia de Desaparición de Personas señala que se debe iniciar una búsqueda inmediata desde que se recibe el reporte de “no localización de la persona”, y que será suficiente que hayan transcurrido 72 horas para que las autoridades inicien una carpeta de investigación previendo ya no solo la “no localización” de la persona, sino una posible desaparición. La ley que existe en Querétaro desde 2014 no ha presentado cambios ni ha sido armonizada con la legislación general.

Según la solicitud de transparencia, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, de 2019 a diciembre de 2020, tiene registradas 6 carpetas por el delito de Desaparición por Particulares y una carpeta por el delito de Desaparición Forzada. De 2016 a 2018 no declaró registro alguno de carpetas abiertas por el mismo delito, sin embargo, en una solicitud que se hizo previamente, sí declaran una carpeta por el delito de Desaparición correspondiente al año 2016. Teniendo un total de 15 carpetas de investigación durante esos años.

Solicitud de transparencia2016-20182019-2020
Folio 00777820014
Folio 008135191

En contraste a estos datos, en el mismo periodo de tiempo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, muestra 132 casos en la entidad.

En la casa de Josefina, arriba del portón, puede verse un letrero gastado que dice: “Se rentan sillas y mesas para eventos”, ella intentó seguir y hacerse de su negocio, pero después del 9 de julio de 2016, el día en que Jaime Flores Patlán desapareció, Josefina quedó con planes truncados y una vida guiada por la incesable búsqueda de su hijo.

«Llega un momento en que las lágrimas se acaban, pero el recordarlo y tenerlo en tu memoria siempre va a estar. Él siempre va a estar en mis pensamientos y en mis oraciones porque es mi hijo…»

¡¿Suertudo?, vives en Querétaro!

Querétaro es un estado que no ha mostrado la voluntad política para reconocer el incremento de la problemática en materia de seguridad, pese a estar cerca de los límites con Guanajuato, en donde tan solo en los últimos dos años se han registrado mil 216 desapariciones.

Rogelio Castillo Gómez desapareció el 12 de noviembre de 2014, su madre Graciela Gómez fue quien los buscó en hospitales, oficinas del Servicio Médico Forense, centros de rehabilitación y distintos lugares dentro del estado de Querétaro, porque era ahí donde Rogelio vivía con su esposa y sus dos hijas pequeñas. Habían pasado meses de una búsqueda incansable cuando Graciela recibió una llamada de las autoridades de Guanajuato. Rogelio fue identificado por su madre, él pasó esos seis meses en calidad de desconocido dentro de una morgue en el estado de Guanajuato.

Según el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas de la Secretaría de Gobernación, de 2006 a 2019 se tienen documentadas 3 mil 631 fosas clandestinas; hasta ese momento Querétaro no reportaba ninguna, sin embargo, para el 2019 ya existía trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República para realizar búsquedas en la comunidad Puerta de Alegrías, ubicada en el municipio de San Juan del Río, ya que se tenían testimonios que señalaban a la Barranca de Zúñiga como un “lugar donde se tiraban cuerpos”. La llegada de la pandemia por Covid-19 obligó a las familias y organizaciones de la sociedad civil a detener las labores de búsqueda. No fue sino hasta los primeros meses de este año que se lograron reiniciar los trabajos de búsqueda tras recibir otro informe anónimo sobre la barranca. El lunes 22 de marzo comenzó la búsqueda, luego de una jornada de 10 horas se habían localizado los primeros 3 restos óseos que se presume, pueden corresponder a cuerpos de distintas personas.

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Karen Villalobos es periodista independiente, feminista y acompañante. Forma parte del equipo GIRE.

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