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*Decomiso de cocaína récord, pero no hay detenidos; *El fiscal como esfinge mientras en su vecindario medra la delincuencia; *Recortes en el gobierno: gente a la calle y funcionarios privilegiados

1. Persiste mal funcionamiento en FGR Guanajuato, pese a visita de Asuntos Internos

Ilustraciones: Pinche Einnar.

Este fin de semana se realizó en León uno de los decomisos más importantes de droga de los últimos años: 100 kilos de cocaína fueron localizados por un destacamento de la Guardia Nacional en una bodega al norte de la ciudad de León, a unos metros de la glorieta de Paseo de los Insurgentes, en la calle Islas Baleares.

Solo el descenso accidental de una avioneta en un predio de Sierra de Lobos en 2017 supera el hallazgo. Aquella vez fueron poco menos de 400 kilos de la misma droga los asegurados.

Sin embargo, esta vez nadie festinó ni hizo anuncios espectaculares. El oficial de la Guardia Nacional a cargo del operativo, de apellido Flores Betancourt, presentó a tres detenidos ante la delegación de la Fiscalía General de la República, junto con los 99 paquetes conteniendo un polvo blanco, con las características organolépticas de la cocaína.

Nadie hizo un anuncio público del decomiso. La Guardia Nacional en Guanajuato se deslindó oficialmente del operativo y su vocera aclaró que nada tenían que ver y que había sido una unidad de fuerzas federales proveniente de la ciudad de México.

Tres días después, la Fiscalía General del Estado incluyó casi subrepticiamente unos confusos datos sobre el decomiso en su boletín semanal, atribuyendo el operativo a acciones conjuntas del estado y la federación, sin embargo hablaba de dosis y no de kilos, tampoco definía si era cocaína, sino solo la refería como «droga sintética», de nueva cuenta parecía que nadie quería informar ni atribuirse abiertamente el operativo.

A media semana logró saberse que los 3 detenidos habían sido liberados por Efraín Frausto Pérez, juez administrador del Centro de Justicia Federal en el estado de Guanajuato, por no haber sido una detención legal al carecerse de órden de cateo de la bodega de Islas Baleares.

Sin embargo, el parte de la Guardia Nacional habla de que el decomiso ocurrió al perseguir a un individuo armado que se refugió en la bodega y que fue uno de los tres detenidos, por lo que la acción del juez obliga a pensar que la consignación se hizo de forma defectuosa por parte del agente del ministerio público federal de turno el sábado 24 de julio, día del operativo.

Así, la delegación que maneja el jalisciense David Eugenio Carmona Álvarez, constantemente felicitada por Diego Sinhue Rodríguez y entregada totalmente al dominio político del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, prefiere jugarle contras a la Guardia Nacional con tal de mantener el statu quo de la actividad criminal en Guanajuato.

La pregunta es, ¿hasta cuando se dará cuenta el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero que en Guanajuato no tiene un delegado ni un encargado del despacho, sino un infiltrado del fiscal estatal al que más critica el presidente de la República y de quien consistentemente ha pedido su remoción?

Mientras tanto, en lo que ese juego dura, Guanajuato se hunde cada vez más en violencia asociada ahora al narcomenudeo, después de haber vivido el calvario de los homicidios y masacres asociados al huachicol.

El manejo opaco del decomiso, de las detenciones y de las liberaciones, deja ver el tamaño de los intereses que gobiernan las instituciones de procuración de justicia en Guanajuato y lo desprotegida que se encuentra la sociedad y principalmente sus jóvenes, expuestos al creciente mercado de la droga.

¿Le importa esto a alguien en el gobierno? ¿A Diego Sinhue que utiliza sus vacaciones para postear fotos de visitas a pueblos de Guanajuato que muy probablemente fueron tomadas con antelación? ¿A Carlos Zamarripa que vacaciona a miles de kilómetros de Guanajuato? ¿A Alvar Cabeza de Vaca, cada vez más involucrado con su afición al buceo y al motociclismo?

Seguramente, no.

2. Zamarripa en su travesía por el desierto

La ciudad de Guanajuato está invadida por el narcomenudeo a ciencia y paciencia de sus autoridades municipales que ni siquiera chistan por el incremento de casos, de detenciones y de homicidios. El alcalde Alejandro Navarro anda más preocupado por establecer multas para rescatar de la inopia a su tesorería que por gobernar la ciudad.

Sin embargo, la confrontación está subiendo de tono y el mercado que significa una ciudad turística parece alimetnar la ambición de bandas que están recuriendo a la violencia.

Lo que pasó esta semana es un signo claro del nivel de confrontación que está invadiendo a Guanajuato. La casa de seguridad ubicada a unas cuadras de la fiscalía del estado, en la zona de Cervera, no solo interpela a las autoridades estatales, sino también al municipio donde se logró reelegir Navarro con una campaña chabacana reforzada por el clientelismo y las dádivas.

No es el único que anda extraviado, el fiscal Carlos Zamarripa decidió tomarse unas vacaciones de placer y cruzó el Atlántico en compañía de su familia, quizá para alejarse de todo el ruido desatado por los cuestionamientos lanzados en su contra desde la presidencia de la República.

Sin embargo, hasta las arenas del Sahara debieron alcanzarlo los mensajes de sus subordinados después de que se armó la escandalera por la localización de una casa donde se tenían personas secuestradas y se realizaban ejecuciones y al menos un descuartizamiento en el mismo vecindario donde ha instalado su baticueva.

Está claro que el creciente deterioro de la tranquilidad de Guanajuato, donde no acabamos de tocar fondo, seguirá actuando para minar la de por sí raquítica credibilidad del fiscal y empezará a carcomer de manera consistente la de sus aliados políticos, en el PAN y en las domesticadas oposiciones.

Habrá que ver cómo evoluciona el intento de reposicionamiento de Zamarripa al demandar a Ricardo Sheffield ante su propia fiscalía anticorrupción, una acción anunciada ante un grupo de reporteros de casa que no parece haber tenido otra trascendencia que el abusivo citatorio a los miembros del Colegio de Abogados de León en calidad de testigo. El regreso del ex candidato morenista a la titularidad de la Profeco le otorga un blindaje político que no tenía cuando se anunció la represalia legal de Zamarripa.

A todos esos frentes abiertos habrá que sumar el activismo de la ex alcaldesa Bárbara Botello, quien ya logró sacar sus asuntos legales de la delegación de la FGR para llevarlos directo a las oficinas centrales, tras la evidencia de que aquí solo estaban haciéndole favores al fiscal.

Como se ve, son muchas las razones que se acumulan para que el fiscal decidiera tomarse ese largo viaje de reflexión hasta las pirámides de Egipto. Dicen que de lejos se ve más claro. ¿Será el caso?

3. Ajuste presupuestal injusto en el gobierno del estado

El secretario de Finanzas del estado ya se encuentra palomeando las medidas de ajuste presupuestal con las que cerrará el tercer año de gobierno. Héctor Salgado Banda no tiene mucho margen de maniobra pues las instrucciones salen desde la jefatura de gabinete del todopoderoso Juan Carlos Alcántara Montoya.

El cierre de la guardería del DIF para ahorrarse 14 millones de pesos, es un augurio de lo que se viene: trabajadores base, choferes, asistentes, personal operativo deberán optar por jubilaciones anticipadas o por el retiro para que el gobierno estatal pueda generar economías por alrededor de 2 mil millones de pesos al año.

Hace no mucho el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez quería comprar el estadio León con un costo de alrededor de 800 millones de pesos; antes invirtió 238 millones para que el pretencioso presidente del comité de la feria, Juan Carlos Muñoz, construyera el distrito León Mx, cuyo destino como centro de entretenimiento se encuentra en entredicho por la contingencia sanitaria, como ya evidenció en el fracaso de la feria de verano.

Entre programas, programitas, ocurrencias, gasto publicitario y eventos para levantar la imagen del gobernador, podría acumularse la otra mitad de los 2 mil millones de pesos que quieren encontrar enviando gente a la calle.

Ahí están las dos secretarías creadas por Diego Sinhue desde el inicio del gobierno: Medio Ambiente, de Isabel Ortiz Mantilla; y Migrante, de Juan Hernández, ambas acumulan un gasto de 182 millones de pesos en 2021. Ninguna de ambas dependencias ha logrado generar un impacto en la realidad de Guanajuato, como lo señalan continuamente activistas ambientales y las organizaciones de migrantes sobre todo en los Estados Unidos.

Podrían incluso no desaparecer, pero ser puestas en manos de funcionarios más capaces, que superen la calidad de aviadores y que conozcan, así sea mínimamente, el diagnóstico de los problemas que enfrenta la entidad en esas áreas.

Hay otros gastos que se antojan inútiles: los 87 millones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, de Gustavo Saldívar, no parecen estar sirviendo de mucho al observar el grado de penetración criminal en las policías de Guanajuato. Los 225 millones del Instituto Estatal de Capacitación de Juan Carlos López son un subsidio disfrazado a las grandes empresas de Guanajuato que ni siquiera es devuelto con salarios dignos a la planta laboral del estado.

Pronto empezarán los recortes y no serán ni Salgado Banda ni Charly Alcántara quienes tengan que dar la cara a las reacciones de inconformidad que seguramente se generarán.

La tarea pondrá a prueba a la nueva secretaria de gobierno, Libia García Muñoz Ledo, quien deberá ir más allá de las selfies y los pensamientos edificantes para atender un problema que, mal manejado, puede convertirse en una severa complicación para el gobierno de Sinhue.

Tiempos interesantes, a no dudar.

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