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* La guerra de bandas alcanza a los consentidos de Alvar; *Alejandro Arias y Ruth Tiscareño saquean al exangüe PRI; *Nuevo secretario de transparencia, de mecha corta

1. Rebelión en las FSPE cuestiona liderazgo de Cabeza de Vaca

Ilustraciones: Pinche Einnar.

Los atentados contra policías estatales registrados a últimas fechas, aparentemente en reacción contra actividades del Grupo Táctico Operativo que constituye la élite consentida del secretario Alvar Cabeza de Vaca, han provocado la explosión de inconformidades largamente soportadas en la corporación.

En redes sociales, en cartas a medios de comunicación y en cadenas de mensajes, un núcleo de elementos se animó por fin a exponer las desigualdades y los favoritismos que se viven en «la policía mejor pagada de México» como le gusta presumir al gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Y aunque ya se prepara la represión a los inconformes, la censura en redes y quizá hasta los ceses y procedimientos disciplinarios, la respuesta autoritaria a la que tan afecto es el secretario de Seguridad resultará contraproducente, igual que le ocurrió cuando se lanzó alegremente a reprimir a los colectivos de familias de desaparecidos o cuando permitió los excesos violentos de la policía de Léon contra los colectivos feministas al grito de «no nos vamos a convertir en un manifestódromo».

La situación en el estado, en plenas campañas electorales, con los desajustes sociales y económicos producidos por la pandemia y con la violencia que no cesa y tiene en vilo a la población, no parece el escenario ideal para que el responsable de la prevención de los delitos y la tranquilidad social decida ejercer la política del garrote para todos los problemas que se le presentan.

Lo que Cabeza de Vaca no puede controlar con represión y autoritarismo es la vulnerabilidad de muchos de sus elementos en el estado, frente a las bandas criminales que los están cazando.

Se requeriría un replanteamiento táctico y mejores estrategias para hacer frente a la amenaza y no parece haber la voluntad ni la capacidad. Con un alto porcentaje de la corporación dedicada a cuidar funcionarios públicos y civiles cercanos a sus afectos, con responsables regionales carentes de experiencia táctica y logística, con descuido a las necesidades de la tropa, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tienen razón en estar preocupados.

Ni siquiera la mejora salarial que se usa como propaganda hasta el exceso, puede compensar el riesgo de enfrentarse a peligros mortales no solo por la acción criminal, sino por las fallas internas que terminan por convertirse en fuego amigo.

Lo más delicado es que la descomposición de la corporación, que no puede ser atribuida a nadie más que a Alvar Cabeza de Vaca y su equipo luego de 9 años al frente, ya no solo se le reclama al titular de Seguridad, sino también al gobernador Diego Sinhue, quien debería ser el mayor interesado en evaluar lo que siempre se le señaló como una grave falla: el dejarse imponer cuadros por el exgobernador Miguel Márquez.

2. La buena: una mujer encabeza la lista de PRI; la mala: no es guanajuatense

Se podría decir que la sorpresa de la lista de candidatos plurinominales al Congreso local fue un balde de agua fría para los priistas, pero lo cierto es que ese partido político se encuentra en estado catatónico hace tiempo.

La dirigencia nacional, encabezada por el campechano Alejandro Moreno Cárdenas, llegó a acuerdos con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo desde la comida sostenida por ambos a principios de año, para que las decisiones priistas en Guanajuato se concilien previamente con el gobierno panista.

La curul que le ha sido obsequiada a la dirigente interina Ruth Tiscareño Agoitia, originaria de San Luis Potosí y llegada a Guanajuato hace menos de dos años, es la forma de garantizar el control de la minibancada priista en el congreso al servicio del PAN.

A cambio, el PRI se compromete a impedir el crecimiento de Morena en municipios y distritos, como ocurre con otros partidos de la chiquillada. Ya en estos días se ve a Sergio Contreras y Vanessa Sánchez Cordero orientando sus baterías para frenar a Ricardo Sheffield.

El juego del PAN no es nuevo, durante las pasadas legislaturas fue Juana de la Cruz Martínez, la perenne operador del Yunque-PAN, quien tuvo el control de los diputados del PRI, del Verde, del PRD y de los otros minipartidos. Hoy quien realiza esa tarea es Juan Carlos Alcántara.

Gracias a ese sometimiento, el PRI perdió su posición de segunda fuerza política y estuvo a punto de ser alcanzado por el PVEM en los pasados comicios. En 2018 además de los acuerdos bajo la mesa con el PAN, contribuyó a la debacle la soberbia con pies de barro de Gerardo Sánchez. En 2021, la pérdida de votos vendrá de la mano de la misma actitud de sometimiento, pero también del desánimo de verse ninguneados por el comité nacional.

Lo peor de todo es que la dirigente Tiscareño Agoitia ni siquiera ha tenido una labor destacada para reunificar al priismo, pues en realidad se ha escondido detrás del secretario Alejandro Arias, beneficiado con la segunda plurinominal, y artífice de la aplicación de los acuerdos con el gobierno panista.

Las mujeres del PRI que lucharon muchos años por la igualdad de oportunidades y por encabezar la lista de representación proporcional, verán como ese logro beneficia a alguien que tiene poco más de 18 meses de haber llegado a Guanajuato con la responsabilidad de sumar y que terminará por dividir más.

Es el PRI, tienen el gen de la disciplina hasta la ignominia en sus células y aguantarán vara, hasta que desaparezcan.

3. Carlos Martínez Bravo, entre la prepotencia y el conflicto de interés

Cuando los asesores de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo creyeron que habían encontrado una solución a los conflictos internos desatados por el mal clima laboral creado por la secretaria de la Transparencia Marisol Ruenes, nunca pensaron que el remedio sería peor que la enfermedad que buscaban curar.

Carlos Martínez Bravo tiene un grave conflicto de interés, pues como responsable del área de rendición de cuentas deberá investigar su propio desempeño al frente de la oficina de Fondos Guanajuato, donde entró al quite para aplicar el programa de créditos por la pandemia hace un año, en refuerzo de Carlos Ramón Romo.

Nada más fueron 3 mil millones de pesos los que colocó en créditos Martínez Bravo para atenuar las afectaciones a negocios por las consecuencias económicas de la cuarentena decretada en la primavera de 2020.

La supervisión de la correcta aplicación de las condiciones, de las garantías recibidas y de la selección de los beneficiarios, deberá realizarla la Secretaría de la Transparencia, lo que resulta contrario a cualquier procedimiento ético y profesional, pruritos desde luego que a este gobierno no le son importantes, como ya se vio en la designación, por ejemplo, del primer ombudsperson con filiación panista de la historia.

Sin embargo, ese no es el único problema de Martínez Bravo, quien también resultó intolerante y refractario a la participación de un consejero ciudadano en el Comité Estatal Anticorrupción, cuando le molestaron las intervenciones de Julio César Rodríguez y detonaron en un reclamo del funcionario por la actitud de «oposición».

Queda claro que a los funcionarios del gobierno panista la participación ciudadana genuina les es incómoda y que solo quieran aplaudidores al estilo del ya premiado Juan Antonio Guzmán Acosta, quien justamente pasó de la participación en órganos de representación ciudadana a conseguir chamba en Fondos Guanajuato como burócrata de alto nivel.

O quizá como el ex líder empresarial José Arturo Sánchez Castellanos, que pasó de ser factor de equilibrio y vocero de visiones distintas a las oficiales, a ser candidato en campaña por el PAN después de haberse convertido en telonero de lujo en los actos oficiales del gobierno estatal.

Es la edad dorada del PAN como ogro filantrópico, tal y como lo fue el PRI en la genial definición de Octavio Paz.

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