7 mayo, 2021

DÍAS DE GUARDAR, domingo 18 de abril de 2021.

* Atrápame si puedes: Fiscalía manipula estadística delictiva; *Derechos humanos, la asignatura pendiente del PAN; *El PRI apuesta por la legión extranjera

1. Diego Sinhue atrapado en el síndrome de Estocolmo

Ilustraciones: Pinche Einnar.

El gobernador del Estado, atrapado en los compromisos originales que se le impusieron junto con su delfinato, se la ha pasado empeñando su capital político para defender al procurador – fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, a lo largo de los 30 meses que lleva en el cargo. Debe ser una pesada cruz.

Una y otra vez, Diego Sinhue Rodríguez ha visto cómo se caen las versiones que le vende quien antes era su colaborador y que hoy detenta un espacio autónomo. Una y otra vez debe de pagar con su propio capital de credibilidad los engaños en los que le involucra el fiscal.

Hace algunos meses aseguró con todas sus letras que la de Guanajuato era «la mejor fiscalía de México» y citaba una mínima parte del estudio «Hallazgos 2019», de la organización México Evalúa.

En realidad, se trata de un estudio complejo que realiza una verdadera radiografía de fondo del sistema de justicia penal en México en todas sus vertientes: prevención, impunidad, calidad de la justicia y privación de la libertad. Tratar de convertir alguno de esos ángulos en una medalla para colgarse, parece demasiada desesperación y mucho oportunismo.

Sin embargo, un nuevo análisis de la misma organización, «Fallas de origen 2020», revisa un aspecto fundamental del sistema y muy específico: la calidad de la estadística criminal, tal y como se produce y se registra por las fiscalías del país, en el cual Guanajuato sale muy mal parado, como se ha venido divulgando ampliamente.

De acuerdo al estudio de la OSC que encabeza Edna Jaime, la importancia de revisar la calidad de la información que suministran las fiscalías a los sistemas que producen los indicadores estadísticos oficiales, se basa en algo simple, lógico y justo, ante el desolador panorama criminal de México:

«¿Qué es lo mínimo que esperamos de las autoridades? Que reconozcan que ocurrió el hecho, investiguen el delito, encuentren al culpable y hagan justicia.

Pero, ¿qué pasa si no se investiga el delito? O peor aún: ¿si el homicidio no se registra? ¿O si se registra un accidente en vez de un asesinato? El hecho delictivo quedará impune; la víctima quedará en el olvido y no habrá justicia para sus familiares.»

Tras esas preguntas, el estudio resalta que los estados que tuvieron las calificaciones más bajas en el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC) son Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca.

En el caso de nuestra entidad, el factor fundamental que rebaja su calificación es la contabilidad de los homicidios. El estudio analiza que en aquellas zonas donde se dan crecimientos notables de los homicidios dolosos surgen incentivos para simular eficiencia a través de las cifras y subraya:

«En dicho escenario se sospecha que los homicidios culposos pueden fungir como un vehículo para ocultar homicidios dolosos, que hacen lucir mal a las instituciones y gobiernos estatales. Ésta es la motivación hipotética de la reclasificación de delitos.»

El estudio prende un foco rojo. Si la información no es la correcta, su consecuencia inmediata es la impunidad y ya se sabe que la consecuencia inmediata de la falta de castigo a quien delinque es el crecimiento del fenómeno delictivo.

Así, los elogios continuos de Diego Sinhue a la labor a todas luces deficiente del aparato persecutor de los delitos no hacen sino fortalecer el círculo vicioso que nos ha llevado a donde estamos: la pérdida de la paz en Guanajuato y, de paso, hundir el capital político del mandatario, de por sí insuficiente.

No por nada, el PAN ha debido recurrir al exgobernador Miguel Márquez, quien detenta un poder inédito más de dos años después de haber dejado el cargo, para que haga campaña junto con los candidatos de ese partido. Lo que hay que ver en estos días.

2. El PAN y los derechos humanos, solo nostalgia

Nadie en sus cabales puede negar que el 2020 fue un verdadero annus horribilis para Guanajuato en materia de derechos humanos.

Fue el año de mayor número de asesinatos, cuando Guanajuato vio crecer el indicador de víctimas de homicidio doloso a 72.09 por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la tasa de 57.34 de 2019, lo que nos catapultó por encima de los países más violentos del mundo.

No solo eso: fue el año en que las víctimas colaterales del delito de desaparición forzada, cuya existencia fue siempre negada por el fiscal Carlos Zamarripa y por el exgobernador Miguel Márquez, se organizaron en colectivos, desafiaron las versiones oficiales y forzaron las búsquedas que, finalmente, nos enfrentaron a una realidad atroz: las fosas de Guanajuato, testigos silenciosos de una tragedia humanitaria que sigue sin tener una respuesta por parte de la autoridad, más allá de la que han forzado las propias familias de los desaparecidos.

Y frente a ese panorama, ominoso, desolador, los diputados de Guanajuato, la mayoría de ellos suplentes de los que se fueron a las campañas, han decidido que no hace falta establecer un diálogo franco con el nuevo procurador de los derechos humanos, el panista Vicente Esqueda Méndez, al parecer anteponiendo un esquema de protección partidista al interés superior de la preocupante situación de Guanajuato.

Era algo que se preveía cuando el Congreso decidió el año pasado elegir a un ombudsperson con perfil partidista: que se generara un esquema de complicidades y de intercambio de favores entre las autoridades observadas y quien debería tener como prioridad la protección de los ciudadanos de Guanajuato.

Esqueda Méndez ha bajado notablemente el nivel de las observaciones realizadas a las autoridades de Guanajuato, por ejemplo al fiscal Carlos Zamarripa, al enderezar sus recomendaciones a los subordinados, en lugar de hacerlo directo a la cabeza de la institución.

Y como favor con favor se paga, ahora los diputados consienten al procurador de los derechos humanos y le ahorran comparecer para aclarar las inquietudes, reclamaciones y el balance de la delicada situación que vive Guanajuato en esa materia.

Una vez más militantes del PAN, tanto en el Congreso como en la cabeza de la PDHEG, dejan claro que han olvidado el humanismo y el respeto a la persona que aún puede leerse en los estatutos de ese partido, solo como recuerdo de mejores épocas.

3. El PRI se desfonda

Lo que pasa en el PRI es producto de una larga decadencia, arduamente construida por el abandono de la militancia y el aprovechamiento personal de las dirigencias temporales.

Que su diputada segura para la próxima legislatura sea una política foránea enviada con la encomienda de superar los conflictos entre las corrientes priistas, es la muestra elocuente del agotamiento de este partido como opción política.

Una sesión de 15 minutos en segunda convocatoria, solo para cubrir el trámite, permitió sacar la lista de candidaturas plurinominales que encabeza Ruth Tiscareño y de la que forman parte Alejandro Arias y Yulma Rocha en las posiciones dos y tres que en esta elección probablemente dejará de ser seguras.

La próxima bancada del PRI en el Congreso no tendrá mucho de oposición, pues llegaron palomeados por el pacto entre Alejandro Moreno y Diego Sinhue Rodríguez.

Como de esos acuerdos solo se benefician los priistas con posiciones de poder, lo más seguro es que el desdibujamiento del PRI como oposición aumente y ocurra lo que ya pasa con el PRD, que hoy es un subsector disminuido del PAN.

Le tocará a una política del vecino estado de San Luis Potosí dar los pasos finales para que este partido termine de diluirse en Guanajuato, carente ya no solo de ideología, sino también de dignidad.

En ese camino la acompañarán el oportunismo de Alejandro Arias y párenle de contar, pues la tercera curul probablemente quede en el aire, con lo que ni siquiera llegaremos a saber si Yulma Rocha mantiene su combatividad o eso ya también se perdió en el camino.

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