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*Diego entra en cuenta regresiva y nunca acabó de asumir el poder; *Querían comprar un estadio y ahora desemplean funcionarios; *No solo el PAN, también la corrupción opositora restringe derechos

1. Cómo jugar a ser gobernador sin entender el poder

Ilustraciones: Pinche Einnar.

Ni siquiera Miguel Márquez Márquez, el autor del encumbramiento, parece haber imaginado la tremenda incapacidad de Diego Sinhue Rodríguez para entender las dinámicas del poder y poder ejercer a cabalidad una gubernatura con los retos que de por sí conlleva más las que agregaron los tiempos.

En una semana se cumple la mitad del mandato del joven político leonés que buscaba una candidatura a alcalde y se topó con el premio gordo de la lotería al ser identificado por el entonces gobernador como el candidato perfecto para construir un delfín dócil que le permitiera extender su influencia más allá de su encargo constitucional.

Tres años después de haber protestado como gobernador y jurado cumplir la Constitución del estado, Diego Sinhue muestra que no entiende su alta responsabilidad. En el desdibujado gabinete siguen prevaleciendo los funcionarios provenientes del marquismo, las dependencias creadas por el nuevo mandatario se pierden en la intrascendencia y ahora va a un recorte de personal y de gastos que paralizará más al gobierno.

No es lo único. En estos días comunidades del suroeste del estado sufren los estragos de inundaciones prolongadas sin auxilio contundente del gobierno, sin siquiera vigilancia para evitar que les roben sus pertenencias. Eso sí, el gobernador está recién desembarcado de un viaje a Europa con el pretexto de inversiones que ya estaban decididas por las empresas, lo que se combinó convenientemente con esparcimiento de primer mundo.

Sigue prevaleciendo el disfrute del poder y no el entendimiento de la responsabilidad. Esa situación ha marcado una distancia creciente entre Miguel Márquez y Sinhue, pero no por parte del gobernador, sino del exgobernador, que sigue empoderado y pensando en sus próximas jugadas.

Un entendimiento claro de lo relevante que es el ejercicio del mando, ya estaría colocando a Diego en una ruta de deslinde y de choque si es preciso con su tutor político a estas alturas totalmente extemporáneo, donde lo primero que debería ocurrir sería la separación de quienes fueron grandes colaboradores y operadores de Márquez, como Carlos ZamarripaAlvar Cabeza de VacaJuana de la Cruz MartínezHéctor Salgado Banda y Eusebio Vega.

No es así, estos personajes manejan decisiones y poder y solo se cuadran ante Juan Carlos Alcántara para llevar la fiesta en paz, en sus áreas nadie se mete.

Y mientras esto ocurre en la estructura de gobierno, en el ámbito político Miguel Márquez campea a sus anchas: detuvo la posibilidad de que llegara un cuadro dieguista a la jefatura panista, lo que le permitió sobrevivir al acomodaticio Eduardo López Mares, pero bajo el marcaje personal de Rosario Corona, una operadora competente y profesional que conoce los recovecos del partido mil veces mejor que el presidente, trabaja horas extra y es respetada por la militancia.

La posibilidad de un pacto Márquez – Fernando Torres Graciano se dejaría sentir a través de este nombramiento y ello no constituye una buena noticia para Diego y el dieguismo, quienes podrán seguir jugando en las redes sociales a que ejercen el gobierno, pero en la realidad estarían dejando el delicado tema de la sucesión gubernamental de 2024 en otras manos.

Al final del día, parece que el torresorigelismo que sobrevive camuflado en el dieguismo, no será más que una anécdota sexenal.

2. ¿Qué paso entre marzo y septiembre en el tesoro público de Guanajuato?

Apenas en marzo de este 2021, ya con un año de padecer la pandemia y todos sus efectos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció su decisión de apoyar con fondos la compra del estadio de futbol en manos de Roberto Zermeño y Héctor González.

La cantidad de la que se hablaba en esos momentos superaba los 500 millones de pesos.

Meses después, en el mes de junio, la Feria de León utilizó 55 millones de pesos para una especie de adelanto, el cual se formalizó como la «adquisición de los terrenos del Munpic», el proyecto de museo del calzado que solo quedó en un buen deseo.

Al entregar el nuevo Distrito León Mx a la Feria de León, realizado con recursos públicos estatales, Sinhue reveló que esas instalaciones que solo se han utilizado a medias por la misma situación sanitaria, implicaron la inversión de 233 millones de pesos.

Es decir, en los primeros meses del año, parecía que el dinero sobraba y que el gobernador podía permitirse devaneos de «grandeza», la frase emblemática de su administración, para derrochar en proyectos absolutamente superfluos.

Hoy, tras la borrachera de proyectos para el esparcimiento presencial en plena pandemia, nos enteramos de que el gobierno estatal va a lanzar a la calle a 800 trabajadores para producir un ahorro de 651 millones de pesos.

Vaya contrasentido, hace apenas unos días el equipo gubernamental presumía la creación de más de 5 mil empleos gracias a los proyectos «captados» en la gira europea de Diego Sinhue y ahora nos informan que mandarán a la calle al equivalente al 16 por ciento de las plazas de trabajo que arrojarán las nuevas inversiones.

¿Resulta lógico? Parece que no mucho.

Por lo pronto queda claro que el gobierno de Rodríguez Vallejo se mueve bajo un esquema de reacciones que no atienden a un plan de ruta. A principios de este 2021 ya se conocían las complicaciones que traería la pandemia y la baja en la actividad económica.

La confrontación con el gobierno federal, que prosigue, también era un factor a tomar en cuenta. Sin embargo, nada de eso permeó para que el gasto público evitara tentaciones derrochadoras y se concentrara en lo esencial.

Hoy son 800 familias las que van a pagar la incapacidad de previsión del gobierno del estado, concretamente del secretario de finanzas Héctor Salgado Banda, quien ya desde su paso por el ISSEG había mostrado un carácter de tecnócrata insensible, cuando pretendió cerrar la farmacia de Xichú por considerar que «no era rentable», lo que incluso provocó manifestaciones de los habitantes de ese municipio que no tenían otra forma de allegarse medicamentos.

Esta vez el gobierno no se midió: gastar dinero en fortalecer un distrito para la diversión en León, sin importar las normas de la nueva convivencia, mientras desemplea servidores públicos por «ahorros» en el gasto público, eso si es «grandeza» pero no precisamente de miras.

Lo peor de todo es que ni siquiera se eliminan dependencias inútiles como la Secretaría del Migrante, que solo ha servido para emplear aviadores como el titular Juan Hernández o el yerno de Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Fernández, quien cobra como consultor de la dependencia. Sinhue no podía validar la desaparición de una dependencia creada por él, pese a que sus resultados no la justifican.

Algo parecido ocurre con la Secretaría del Medio Ambiente, en manos de una política poblana, Marisa Ortiz Mantilla, que no parece conocer ni Guanajuato ni los temas medioambientales, como se queja todo el sector al que se supone que debería apoyar y dar servicios esa dependencia.

Así que seguramente los recortes impactaran a empleados y funcionarios sin conexiones políticas, sin militancia en el PAN y sin posibilidades de defenderse, mientras se da empleo a decenas de panistas que dejarán las administraciones municipales.

La coherencia no es, precisamente, el nombre del juego.

3. La penalización del aborto y la incomprensión de la sentencia de la Corte

Después de las dos históricas sentencias de la Suprema Corte sobre legislaciones de los estados de Coahuila y Sinaloa, que concluyen la inconstitucionalidad de las medidas para criminalizar a mujeres y personas gestantes por la práctica de un aborto y la incompetencia de las legislaciones locales que extienden la tutela del derecho a la vida desde la concepción, la polémica en el país se ha generalizado y a veces de manera muy poco informada.

Aunque las dos resoluciones impactan de manera directa a los marcos legales de las entidades en cuestión, lo cierto es que las tesis que se derivan tienen vigencia en todo el país y dejan claro sin lugar a dudas la inconstitucionalidad de numerosas legislaciones locales modificadas en la última década.

En este sentido, salen sobrando las explicaciones sobre «cómo se puede abortar» en estados como Guanajuato, informando de la posibilidad de evitar la persecución mediante un amparo, tal y como ocurre en otros procesos donde ya se ha legislado por parte del máximo órgano jurisdiccional del país, como el matrimonio de parejas del mismo sexo.

Particularmente lamentables son esas explicaciones cuando las emiten legisladores locales y más, cuando se trata de quienes han abanderado posturas respetuosas de derechos en el pasado.

La tarea de los diputados que quieren ampliar el horizonte de los derechos en Guanajuato tendría que ser el de preparar las iniciativas para dar marcha atrás a los abusos legislativos de la mayoría panista y sus aliados, no solamente la de dar recetas para ampararse ante ellos.

Al final del día constituye una aberración que en Guanajuato prevalezcan leyes que están en choque directo con la Constitución solo por prejuicios ideológicos teñidos de convicciones religiosas. La culpa no es solo del PAN, sino también de ese sistema de partidos periféricos que ya se acostumbraron a negociar con la mayoría a cambio de beneficios: es simplemente corrupción y están metidos en ella hasta la coronilla.

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