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*López Santillana: preocupado por el Campestre, omiso en el Kínder; *Poder Judicial sometido: Hernández Aguado, influyente de turno; *Luis Ernesto Ayala: las nieves del tiempo platearon su sien

1. Ex alcalde de León explica condonación de predial y calla sobre despojo

Ilustraciones: Pinche Einnar

Resulta altamente significativo que el ex presidente municipal de León, Héctor López Santillana, se haya preocupado por dar explicaciones sobre la aplicación de un alambicado criterio técnico que permitió a su administración «perdonar» 2.4 millones de pesos de impuesto predial en 2021 al Club Campestre de León y que permanezca en absoluto silencio sobre la arbitraria mutilación aplicada a una escuela pública para beneficiar a un inmobiliario amigo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

¿Qué tiene un caso del que carece el otro? ¿Qué le preocupa al aspirante a dirigir el Puerto Interior en un caso y qué lo tiene tan tranquilo en el otro? Veamos.

Esta semana circuló profusamente entre militantes y cuadros directivos del PAN una tarjeta informativa titulada «Respecto a la facilidad administrativa solicitada por el Club de golf Campestre de León», donde se trata de justificar la medida escudándose en el apego a la legalidad y a que el pago de impuesto del club creció un 125 por ciento en 4 años.

La argumentación puede hacerle sentido a la burocracia y a los beneficiarios, pero seguramente provocaría más críticas y sarcasmos entre la población en general que cumple puntualmente con el pago de sus contribuciones y que no dispone de criterios a favor ni de bufetes que le asesoren para aminorar el impacto de sus contribuciones.

Sin embargo, López Santillana seguramente se siente obligado a aclarar el punto debido a que se trató de una determinación de su administración, donde no puede escudarse ni evitar las críticas.

Ya incluso el síndico de la nueva administración, José Arturo Sánchez Castellanos, razonó en un artículo periodístico en torno al tema de que la aplicación de privilegios a los más pudientes constituye abono puro a las críticas que desde el gobierno federal, la presidencia de la República y las filas de Morena se enderezan al PAN como un partido proclive a defender a quienes más tienen, en detrimento de las grandes mayorías.

En cambio, el tema de la cesión de un terreno perteneciente a una escuela pública a un prestanombres de un empresario cercano al gobernador del estado, no ha ameritado la misma actitud de defensa y justificación de parte del ex alcalde, más allá de una inicial declaración de que esos terrenos y otros se vendieron «por el bloqueo de recursos del gobierno federal».

Resulta claro por qué López Santillana no considera necesario defenderse: en ese caso específico no hizo más que seguir instrucciones de su jefe político, que no se encontrarán escritas en ningún oficio, y de quien además espera que le premie reincorporándolo a su administración aunque sea en un cargo periférico.

Mientras que el caso del Campestre, de crecer como escándalo, sí podría impedirle su reintegración al gobierno estatal, por convertirlo en un activo tóxico, el caso del kínder Juan Aldama es todo lo contrario: un favor que le hizo a quien será responsable de su nuevo nombramiento.

Por eso la actitud de silencio, de desapego, de negligencia y hasta de cinismo, la cual ha obligado al empresario Gabriel Padilla a ofrecer la reintegración del predio al municipio, después de haber concluído la compra y acabado con la simulación de la subasta en favor de su arquitecto personal.

López Santillana sabe que, más allá de que la operación tenga que ser revertida, a él le deben una y la responsabilidad del fracaso no es suya.

Al designarlo próximamente como nuevo director de Guanajuato Puerto Interior, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez corroborará, a querer o no, que el origen de la operación «alberca para el amigo», tuvo su origen en el pináculo del poder político en la entidad.

2. Luis Mariano Hernández Aguado también quiere control del Poder Judicial

En Guanajuato nadie está pensando en reformar el Poder Judicial, por lo menos no en el PAN. En lo que sí han pensado los dos últimos gobernadores, es en ceder ese espacio a factores de interés político o económico. Eso ocurre a ciencia y paciencia del propio foro judicial y de los organismos de abogados del estado de Guanajuato.

En enero de 2018, a través de Rafael Barba Vargas, el famoso y nunca bien ponderado compadre de Miguel Márquez, llegó a presidir al Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato la magistrada civil Claudia Barrera, después de un primer intento fracasado en 2014.

Pese a su alianza política, la magistrada Barrera tenía una amplia experiencia en el Poder Judicial y una carrera sólida con base en méritos como juzgadora. De cualquier manera lo reprobable fue la intromisión de influencias externas, de particulares, en un mecanismo tan delicado como lo es la impartición de justicia, prestándose para ello el titular del Poder Ejecutivo al repetir la vieja hipocresía priista de ponderar la división de Poderes en el discurso y vulnerarla en la práctica.

Gobernadores como Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva habían reiniciado esa tradición intervencionista, que Vicente Fox había roto con la presidencia de Miguel Angel García Domínguez, abogado y jurista de amplia trayectoria que hizo valer la autonomía republicana de la magistratura estatal.

Sin embargo, la novedad de Márquez de someter la presidencia del tribunal al tráfico de influencias de su operador económico, no se había visto jamás en la historia. Incluso un presidente del STJ como Alfonso Fragoso Gutiérrez, en el sexenio de Juan Manuel Oliva, llegó apoyado en influencias políticas desde el comité estatal del PAN que encabezaba Fernando Torres Graciano, lo que siendo lesivo de la autonomía no llegaba al extremo que se vio en el caso de Claudia Barrera, quien incluso fue objeto de una impugnación en un juicio donde una de las partes era el hermano del «Gallo» Barba, por la presunción de su cercanía con el hoy autoexiliado compadre de Márquez.

En el renuevo de la presidencia que se realizará el próximo mes de enero, ya desde las oficinas del Poder Ejecutivo se ha deslizado a través de columnas políticas que favorecen la rumorología oficial, el nombre de la magistrada María Rosa Medina Rodríguez, titular de la Séptima Sala Civil desde diciembre de 2018 y antes en la práctica de la abogacía por 27 años.

Lo interesante es que esa práctica profesional la hoy magistrada la realizó en un despacho jurídico junto con el abogado y notario público Luis Mariano Hernández Aguado, uno de los formadores profesionales del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y considerado hasta la fecha como una de las mayores influencias en el mandatario.

Sin embargo, las cosas no quedan allí: Hernández Aguado ejerce un poder fáctico al interior de las organizaciones de notarios en León y en el estado, como se vio en la trama que hizo magistrada a la abogada Arcelia González González en la décima Sala Penal, sin contar con la menor experiencia en esa materia, en un pacto con el notario público y político priista José Aben Amar González Herrera, padre de la nueva magistrada.

Pero no es lo único preocupante: Hernández Aguado también es un activo empresario inmobiliario, un gremio cercano también a los afectos del gobernador Sinhue, quien les cedió la subsecretaría de Ordenamiento Territorial, poniendo auténticamente la iglesia en manos de Lutero, a través del abogado Fidel García Granados.

Poner al Poder Judicial en manos de este nudo de intereses económicos y gremiales podría constituir un grave error político del gobernador, pues la clara vinculación que se puede generar no solo exhibe una crasa intromisión entre poderes, sino que además le rebotará de forma directa cualquier desaguisado que ocurra en el Poder Judicial, justo cuando se avecinan tiempos delicados en la política local y nacional.

Como dice el refrán clásico: el que mucho abarca…

3. El PAN envejece, pero no solo cronológicamente

Esta semana, un ex alcalde de León, actual diputado y coordinador parlamentario y prospecto a candidato en 2024 a la gubernatura, hablamos de Luis Ernesto Ayala Torres, lanzó una advertencia a su partido, Acción Nacional, por el envejecimiento cronológico que muestra ya este partido, con apenas un 3 por ciento de su militancia por debajo de los 26 años.

Extraña que le extrañe este dato a Luis Ernesto Ayala, un político que se ha enternizado en posiciones de poder, de alcalde a secretario de estado, a presidente de patronato, a síndico, a alcalde interino, a secretario de estado otra vez y a diputado.

Como Ayala, centenares de políticos panistas se han quedado en los cargos, cobrando altos salarios, brincando de un espacio de poder y privilegio a otro, de estado a municipio a Congreso y en sentido inverso.

Esos políticos son los que le han cerrado el paso a nuevas generaciones de militantes y ha generado un coto cerrado, una asfixia y un cuello de botella intransitable en el PAN de Guanajuato. El problema que tienen los panistas no es solo ese.

Quizá peor que el monopolio de una clase politica envejecida en los cargos de poder y de representación, es la estrechez mental en la que incurre el panismo después de tres décadas de gobiernos continuos en Guanajuato.

En la mitad de tiempo, el PAN se ha convertido en un partido-gobierno tan esclerotizado como lo fue el PRI de los años 80, tras cincuenta años de ejercer el poder.

Un ejemplo de esa parálisis de la imaginación y del corazón lo ofrece el propio diputado Luis Ernesto Ayala, cuyo desempeño inicial en la coordinación del PAN y en la Junta de Gobierno del Congreso lo exhibe como un perfil autocrático, antiparlamentario y ajeno al espíritu que debería representar un legislador: la apertura a sus representados.

Ayala, a quienes algunos despistados ven como la opción del PAN ante la flacura de la caballada de cara al 2024, ha aislado las oficinas del Congreso, cuyos antecesores vendían como una «palacio de la transparencia» (la Casa del Pueblo llegaron a llamarla), en un búnker cerrado, lleno de filtros y cerraduras a las que ya no tienen acceso los medios de comunicación y mucho menos los ciudadanos.

Pero no solo eso: Ayala careció de la menor sensibilidad para pronunciarse sobre casos que ocurrían directamente en su distrito, donde dizque hizo campaña y a cuyos ciudadanos representa, cuando se negó a tomar postura sobre hechos tan delicados como la mutilación del kínder Juan Aldama o el descuento al predial del Club Campestre de León.

De las habilidades parlamentarias ya ni qué decir: Luis Ernesto ni siquiera pudo sacar por unanimidad la designación de su ex colaborador Alfonso Ruiz Chico como nuevo consejero del Poder Judicial del Estado.

Pese a que Ruiz Chico goza de buen ambiente entre las fuerzas políticas, al ser uno de los pocos funcionarios de la Secretaría de Gobierno que en los pasados tres años mantuvo abiertas vías de diálogo, los modos impositivos y la carencia de tacto de Ayala motivó que al menos tres partidos políticos objetaran el procedimiento en Junta de Gobierno y que Morena abandonara el salón de sesiones en el momento de la protesta del nuevo consejero.

Es cierto, el PAN ha envejecido, no solo porque su militancia lo ha hecho, sino también por su ignorancia sobre los cambios que han ocurrido a lo largo de estos treinta años. Es curioso: su discurso pondera la innovación y la «mentefactura» y su práctica política está atorada en el pasado y en la maniobra autoritaria.

La historia no tiene cómo acabar bien: olvidaron sus valores democráticos y se perdió la capacidad de auto corrección.

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