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*Alvar Cabeza de Vaca: prepotencia, insensibilidad, ineficacia; *Lorena Alfaro y activistas ambientales de Irapuato: la novedad del diálogo; *Zamarripa enreda caso de asesinato de Juan Antonio Acosta

1. Bajo el manto del fiscal, la inoperancia del secretario de seguridad

Ilustraciones: Pinche Einnar.

Tiene razón Carlos Zamarripa Aguirre, señalado como el gran responsable de la inseguridad en Guanajuato, cuando se queja de que prevenir los delitos no está en su ámbito de competencia. Sin embargo, el equívoco parte del propio modelo impulsado por un fiscal que construyó un imperio aprovechando la desidia de al menos 3 gobernadores de Guanajuato.

El secretario de seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, ha vivido a cubierto de la personalidad arrogante y conflictiva de su compadre el fiscal. Arrogante también, pero con mayor inteligencia emocional, Cabeza de Vaca deja una y otra vez que sea su viejo camarada de andanzas motociclísticas quien se enrede en debates y contestaciones sobre el inobjetable deterioro de la seguridad en Guanajuato.

Sin embargo, bastaron unas horas de frente con un grupo de diputados y diputadas locales, de los que solamente contados entre ellos lo cuestionaron a fondo, para evidenciar la pobreza de argumentos, de lenguaje y de autocrítica del funcionario que cumple 9 años al frente de la misma dependencia y que pese a premios y reconocimientos, la mayoría de ellos comprados a golpe de presupuesto, no puede enseñar un solo dato de mejora de la seguridad y la paz en Guanajuato.

Carente de la menor empatía con los millones de guanajuatenses que han visto desplomarse la tranquilidad en la que vivían, el secretario de seguridad de Guanajuato se centró en responsabilizar a los alcaldes y a las policías municipales del fracaso en la seguridad.

Cuando se escucha eso no queda sino preguntarse las razones profundas por las cuales el gobernador Diego Sinhue Rodríguez decidió apremiar a los ex alcaldes de León y Celaya, Héctor López Santillana y Elvira Paniagua, con sendos cargos en su gobierno, si sus propios colaboradores califican tan mal su desempeño en un área clave.

Pero más allá de ese detalle, en el afán de justificar la crisis que vive la entidad, el secretario de seguridad negó con énfasis ser el responsable de las designaciones de Secretarios de Seguridad, Directores de Policía y comandantes en algunos de los principales municipios del estado.

Es decir, nombramientos como los de Mario Bravo y Jorge Guillén, antes los de Luis Enrique Ramírez Saldaña y José Carlos Ramos en el municipio de León; o el de Juan José González González en Celaya, en el arranque de la gestión de Elvira Paniagua, son negados enfáticamente por el funcionario cuando en todos los corrillos policiacos del estado se sabe que se trataba de incondicionales suyos.

Lo peor del mando único de facto instaurado en buena parte de los municipios de la entidad, que se ha constituido en una red de poder al servicio de Cabeza de Vaca y de Zamarripa, es que se ha generado de manera informal, por fuera de cualquier normatividad y gracias a la renuncia de los alcaldes a hacerse cargo de la tarea de la seguridad en sus municipios.

Sobre ese poder, negado en la comparecencia del viernes pasado, Cabeza de Vaca no rinde cuentas y ahí se anida una de las mayores problemáticas que enfrenta la tarea de pacificación en la entidad.

Parece muy fácil poner alfiles en las dependencias de seguridad municipales con ligas directas a la Secretaría de Seguridad estatal y a las fuerzas de seguridad del estado, para después culpar a los alcaldes si las cosas no funcionan.

El colmo en la comparecencia con los legisladores fue que Cabeza de Vaca terminara demandando «más recursos» para combatir la inseguridad. Con sus seis mil millones de pesos en 2021, la dependencia es la tercera con mayor gasto solo antecedida por las áreas de educación y salud, pese a eso sus resultados son deplorables.

No se entiende que Cabeza de Vaca diga que nada hay de criticable en su dependencia, que atribuya la responsabilidad del deterioro de la paz a los municipios y que, pese a ello, pida más dinero.

Nada dijo, por cierto, de la patrulla estatal en manos de una célula delincuencial que circuló en redes sociales horas antes de su comparecencia. La negativa de que sea un vehículo perteneciente a la dependencia no aclara nada, como ya es costumbre.

De la misma manera al ser interrogado sobre el destino de los policías que están siendo enviados a la calle por presuntos vínculos delictivos, sin aclarar cada caso y las responsabilidades que podrían existir, el funcionario se limitó a la misma cantinela: es tema municipal.

No parece que la tan anunciada coordinación entre los niveles de gobierno sea una realidad en la práctica. La actitud de Cabeza de Vaca muestra que cada dependencia actúa por su cuenta y eludiendo responsabilidades para culpar a los demás. Eso explica suficientemente el avance de la delincuencia y el repliegue de la autoridad.

Lucrar con la inseguridad parece el nombre del juego y las víctimas son los ciudadanos de la entidad, expuestos como rehenes de criminales, de policías o de ambos.

2. Ambientalistas logran acuerdos para defender parque urbano en Irapuato

En un ejercicio ciudadano que debería ser ejemplificante, activistas ambientales de Irapuato y la alcaldesa Lorena Alfaro se sentaron a dialogar para resolver la inconformidad suscitada por la construcción de una torre médica anexa al hospital general de Irapuato en terrenos del parque Irekua, un activo ambiental que por fortuna la sociedad ha hecho suyo.

Organizaciones como Agenda Ambiental IrapuatoÁgora de Cultura Ambiental y Acción Colectiva Socioambiental, aceptaron una compensación que anexará al parque 1.2 nuevas hectáreas de terrenos municipales y estatales que gestionará la propia alcaldesa, a fin de desistirse del amparo que permitiría usar mil metros del parque para la torre de consultorios del hospital general de Irapuato.

Para llegar a esa negociación, los ambientalistas usaron vías legales, mediante la presentación de un amparo, enfrentaron embates del anterior alcalde, Ricardo Ortiz, y del gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, bajo el falaz planteamiento de oponer el derecho a la salud al derecho a un medio ambiente sano, como si no hubiera opciones y fuese necesario sacrificar alguno de ellos.

El acuerdo alcanzado en Irapuato, para lo que se requirió de la voluntad política de la nueva presidenta municipal, pero también de una actitud de comprensión y madurez de las organizaciones ambientales y, sobre todo, de la construcción de un espacio de confianza, no puede menos que ser reconocido y elogiado en un ambiente tan polarizado como el que se vive en estos días.

Además de las medidas compensatorias para el parque Irekua, se acordaron también otros puntos importantes: la construcción de un centro de educación ambiental y la participación de las organizaciones de activistas en los mecanismos de planeación del municipio, donde tendrán mucho que aportar.

Los acuerdos logrados tendrán que ser honrados por todos los participantes; de elegir esta vía para gobernar, la alcaldesa Lorena Alfaro estará dando pasos importantes para establecer una nueva gobernabilidad de consensos que mucha falta le hace al panismo de Guanajuato.

Ojalá el tema se convierta en pauta y no en excepción.

3. Fiscalía del estado: ni transparencia ni respeto a la inteligencia

El asesinato del diputado panista Juan Antonio Acosta Cano el martes 12 de enero de 2021, cuando realizaba ejercicio en su natal Juventino Rosas, fue un crimen claramente político, además de un evento delictivo de alto impacto. Acosta se preparaba para ser candidato a la alcaldía de su municipio y las encuestas lo daban por seguro ganador.

El municipio, cuyo nombre oficial es Santa Cruz de Juventino Rosas, tenía seis años gobernado por un alcalde reelecto del PRD, Serafín Prieto Álvarez, real jefe político de ese partido en el estado, como se vio en la elección cuando encabezó la lista plurinominal, sin haber podido llegar al cargo debido a su escasa votación.

Tres meses después, la FGE de Carlos Zamarripa anunció la detención del presunto autor material del homicidio, un joven de poco más de 20 años de nombre Juan Carlos y apodado «El Taz». Ese mismo día y en el mismo operativo fueron detenidos los hermanos Juan CarlosRosendo y Jorge Jiménez Badillo, el primero de ellos un funcionario municipal en la administración de Prieto Álvarez donde se desempeñaba como director de movilidad, dependiente de Seguridad Pública.

El manejo informativo del operativo como se puede constatar en las notas que aún se encuentran en los portales de diversos medios de comunicación, vinculó al presunto autor material del asesinato de Acosta Cano con Juan Carlos Jiménez Badillo como «autor intelectual».

La coincidencia de los nombres del funcionario y el sicario incluso confundió a medios como el Universal, que identificó al Taz con el director de vialidad.

Sin embargo, pocos le dieron seguimiento al proceso, de haberlo hecho hubieran podido percatarse de que la fiscalía de Zamarripa no imputó a Juan Carlos Jiménez Badillo del homicidio del legislador, ni siquiera como autor intelectual. El funcionario y sus familiares fueron remitidos al ministerio público federal por cargos contra la salud en su modalidad de posesión de sustancias prohibidas y por la posesión de armas de fuego de alto poder.

Hasta donde se sabe, debido a la opacidad con la que Carlos Zamarripa maneja los procesos de procuración de justicia, solamente Juan Carlos «El Taz» se encuentra vinculado en la carpeta abierta por el homicidio de Acosta Cano.

En el discurso público, como se vio en la nota emitida esta semana por el noticiero estelar de Televisa a nivel nacional, se sigue hablando de Juan Carlos Jiménez Badillo como participante en los hechos que privaron de la vida al diputado panista.

El manejo de esta investigación, con un discurso público teñido de inferencias y datos extraoficiales y una investigación judicializada que va en otro sentido, no ayuda nada a combatir la mezcla de política y delito que se adivina detrás del asesinato de quien era un legislador en funciones y un político de larga trayectoria, muy cercano al ex gobernador Miguel Márquez.

Ni el Congreso del Estado, al que pertenecía la víctima, ni la ciudadanía de Guanajuato, merecen el trato que le da el fiscal de Guanajuato a un caso que impactó en su momento tanto a la clase política como a la población.

Si la conspiración que quitó la vida de un aspirante a alcalde y diputado en funciones fue producto de intereses políticos para segar su carrera, la investigación debería llegar a sus últimas consecuencias, a fin de mandar una señal clara de que no se permitirá que la lucha política de Guanajuato se vea impactada por la violencia que tiñe la entidad.

Si en verdad Zamarripa tiene indicios de que el ex funcionario Jiménez Badillo participó de alguna manera en los hechos que condujeron a esa muerte, las razones de ese involucramiento deberían quedar expuestas en una carpeta de investigación que en su momento debería hacerse pública.

El doble discurso de manejar un dato en los medios que luego no se refleja en el proceso judicial puede causar a la vida pública de la entidad tanto daño como la violencia que ya se hizo presente en la pasada elección.

Ni Guanajuato ni la memoria de Juan Antonio Acosta, un político bien recordado por quienes conocieron su trayectoria, merecen una investigación que se mantenga en la ruta de los dobles discurso y los trascendidos.

No hacerlo, dejaría aún más claro que el fiscal Zamarripa carece de la menor disposición para aprender de sus errores.

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