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G. Saúl García Cornejo.

Estimados lectores, de nuevo con ustedes, en días pasados no me fue posible enviar mi colaboración de costumbre a este medio electrónico. Hoy, el tema e sobre el Derecho Humano al acceso a la información, espero sea de su interés.

¿Cómo debemos entender ése Derecho?

Breve antecedente: El Derecho a la Información, como tal, fue incluido en la Constitución Federal, por decreto en 1977, era entonces más bien una prerrogativa de los Partidos Políticos, para difundir sus propuestas por los medios de comunicación de forma equitativa, y así, la ciudadanía en particular y la sociedad en general, conociera las plataformas políticas de tales institutos político-ciudadanos.

Después, en 1983, en relación  a ese Derecho, y además al de Igualdad y de Petición, principalmente, hubo varios juicios de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –entonces tenía mayor amplitud para conocer y componer asuntos de orden Constitucional, en las llamadas “Garantías Individuales”, hoy, Derechos Humanos- entre dichas demandas destacaron “El caso Burgoa”, un ínclito abogado crítico y analista y catedrático, precisamente en el rubro de las “Garantías Individuales”, don Ignacio Burgoa Orihuela, solicitó en 1983, se le informara sobre el monto de la deuda externa de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que negó la información y el Doctor Burgoa, se inconformó mediante un Juicio de Amparo, ante SCJN, logrando que se “reconociera” como una garantía social –aunque no, individual todavía-; y el denominado “caso Aguas Blancas”, relativo a una masacre de indígenas, que se manifestaron por la falta de recursos prometidos, para sus trabajos agrícolas de café, perpetrado por las fuerzas policiacas (1995), en Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero, sentaron precedente para que en el año 2000, la SCJN, reconociera en una Jurisprudencia, el Derecho a la Información, como una garantía constitucional, naciendo después a la vida legislativa, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 2002.

Así, en 1977 se reformó el artículo 6º de la Carta Magna Federal, y  constituyó la manifestación de las ideas, reconociéndolo como pilar filosófico-jurídico, al igual que se colige, la libertad para su expresión. Esa concepción y su teleología constitucional, también suma el Derecho a la Igualdad, en razón de que su acceso es público y para toda persona (Humana y Jurídica).

Es innegable su nexo, -con el Derecho a la Información-, puesto que incluye, al Derecho de Petición que garantiza el artículo 8º de la propia Carta Máxima, y el artículo 1º, en relación al disfrute y garantía de los Derechos Humanos, asimismo al artículo 16º, que es inherente al Derecho a no ser molestado –relativo a la protección de datos, papeles, posesiones, bienes-, salvo mandamiento por escrito debidamente fundado y motivado, por autoridad competente, aplicando leyes vigentes; y también al artículo 28º, en lo relativo a los derechos de autor, que es la garantía que resguarda el Estado, en favor de los autores o creadores de obras artísticas o literarias, en razón de que ahora, con mayor énfasis en una era de acceso vertiginoso y libre a diversas obras intelectuales por el uso –o mal uso de la información- por vía electrónica como es el caso de la internet. Y es que dichas obras, son parte del patrimonio personal de dichos autores. Lo que igual, es una contención a la corrupción y la piratería, tarea tan magna, como complicada.

La cobertura es amplia, para los medios de comunicación desde cualquiera plataforma, incluso, virtual o de los medios de tecnología, radiodifusión, telecomunicaciones, debiendo cuidar y controlar la competencia entre para quienes presten esos servicios que sean concesionados, pues son servicios públicos que debe prestar el Estado.

Igualmente, se obliga a las Autoridades –sin distinción alguna- a que proporcionen información veraz, oportuna a quien lo solicite (Lo que incluye otros Derechos Humanos: De Petición y de Igualdad). Tratándose de información pública, es decir, acceso a los archivos, documentos, registros, cuenta pública y en general toda información que no esté restringida por razón de seguridad nacional, ataque a terceros, violación de la privacidad, ni que puedan provocar delitos, o perturben el orden público. 

La libertad de expresión, también se vincula al derecho a la información. El artículo 7º de la Carta Magna Federal, establece que hay libertad para difundir ideas, opiniones e información, sin importar el medio de difusión. Prohíbe que el Gobierno – a través de cualquier instancia y fuero- imponga medios de control de cualquier forma, también no permite la censura, cuyo límite se establece pues, en el mencionado artículo 6º de la misma Ley Suprema. Incluyendo el mencionado y correlativo numeral 8º constitucional, relativo, al Derecho de Petición. Sin soslayar al numeral constitucional 1º, que protege, garantiza, promociona los Derechos Humanos en general.  

Las Instancias públicas competentes en la materia de Derecho a la Información, son hasta ahora: a.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es el encargado de garantizar y proporcionar el acceso a la información pública, y la protección de los datos personales, y al igual, promover una cultura en la rendición de cuentas y la transparencia, con la visión de apoyar la inclusión y participación de los ciudadanos; b.- Secretaría de la Función Pública, recibe también solicitudes de información, que hagan los particulares y orientarlos con tal finalidad y facilitar el Derecho a la Información a todas las personas en igualdad de condiciones, por medio de la Dirección General de Transparencia.

Las leyes secundarias que regulan el derecho a la información, son: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en 2014. Sus tres primeros artículos, la definen en lo relativo al Derecho a la Información (Su acceso, en particular) del gobernado: Es de orden público, regula uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; el acceso a los recursos orbitales, comunicación satelital, y en general todo lo relativo a las telecomunicaciones y radiodifusión, a los usuarios, audiencia, sus derechos, libre competencia y concurrencia, en relación a lo que establecen los artículos 6º, 7º, 27 (sic) y 28 de la Constitución Federal. Es igualmente, un servicio público de interés general, que prohíbe discriminación por condición de origen étnico, género, edad, discapacidad, salud, religión, y en general lo que atente contra la dignidad humana y menoscabe derechos de las personas; protege la seguridad y soberanía nacional, controlará la y protegerá la libre competencia y la eficiente prestación del servicio. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es igualmente de orden público, su finalidad es proveer y garantizar el acceso a la información pública, en poder de los tres Poderes de la Unión (Legislativo, Judicial y Ejecutivo), todos los órganos constitucionales autónomos y en todas las Entidades Locales y Municipales. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (2010): Prohíbe que tales datos no estén disponibles –sin autorización de la persona a la que pertenecen esos datos- para terceros. Lo contrario trajo abusos de instituciones o corporaciones privadas, que hacían uso de esos datos, primero, sin autorización, y segundo, mal uso de tales datos. Era común, por ejemplo, que instituciones bancarias cayeran en tales agravios hacia sus clientes.

Tema extenso y que da para más. ¿Qué opinan, estimados lectores?

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