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josé xermán vázquez alba

OS ESCRIBE René Estrada, destacado marchista celayenses, ingresado a los Salones de la Fama del Deporte, de Guanajuato y Celaya. Empresario y jefe de familia.

NARRATIVA DE HECHOS.
El día lunes 27 de septiembre de 2021, como a las 11 de la mañana, circulando en una motocicleta Itálika color blanco y caja amarilla de reparto, con placas 72EEH2, fui requerido por los agentes viales Diego Vázquez y María del Rosario Pantoja, en un operativo de revisión de motocicletas que se estaba realizando en la Avenida Anenecuilco, en el paraje lateral del puente, en dirección a San Miguel Octopan.
Me solicitaron que mostrara mi licencia y también, la tarjeta de circulación, porque estaba transitando con casco, placa y espejos retrovisores; de inmediato, me dí cuenta que se trataba de los mismos agentes que el pasado12 de septiembre me habían infraccionado por tener mi licencia vencida, y a los cuales reporté a la oficina de Atención Ciudadana mediante oficio entregado el 13 de septiembre, donde me quejaba de falta de protocolo en el operativo y solicitaba se me emitiera la infracción de cortesía a como lo marca el reglamento interno de Transito del Municipio de Celaya.


Asimismo, pedía que si era necesario se levantara una investigación contra María del Rosario Pantoja (El nombre de su otro compañero apenas lo conocí hoy), debido a las inconsistencias que mostraba en el operativo y ennumeré varias de ellas.


Al darse cuenta ellos que se trataba de mi persona, me requirieron la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, pero yo me dí cuenta que ya me tenían identificado por el suceso anterior; por lo que les dije que mi licencia se encontraba vencida, y que al día de hoy me encontraba a la espera de recibir una notificación de cita desde ese 13 de septiembre en que pagué mi infracción.


Les mostré el comprobante del trámite y empezaron a hacer mofa de ello, diciendo que me iban a volver a infraccionar. A lo que entramos en una discusión acalorada donde yo exigía me mostraran entonces un oficio que los habilitaba para montar el operativo y ellos llamaron al oficial José Conrado Rodríguez, de la unidad 7917 de seguridad pública, quien al ver la discusión de todos los oficiales de tránsito que ahí se encontraban, que eran como seis, nada mas que yo identifiqué sólo a dos, al ver que yo iba a comenzar a hacer una grabación en video con mi teléfono celular, me lo arrebató, se lo pasó a uno de los agentes de tránsito y me volteó bruscamente esposándome mientras me decía “Ya te cargó la chingada, vejete y tu pinche moto se va al corralon”.


Al ocurrir eso, yo les pedí a unas personas que avisaran a mi familia y les dije que el vehículo no lo podían detener porque estaba acreditada la legal posesión con la placa y la tarjeta de circulación.
Mientras eso ocurría, los agentes de tránsito hacían mofa y escarnio de la detención, diciendo: “para que no vayas a quejarte, vejete”.


Casualmente por ahí pasaba un primo, al cual le pedí que se llevara la moto y no lo dejaron tomar posesión de ella, El tomó una foto cuando me encuentro arriba de la unidad de seguridad vial y le encargué que avisara a mi familia porque ellos no me permitieron hacer ninguna llamada.
Fui trasladado hasta los separos de Pípila, donde fui liberado bajo el pago de una multa de $1,165 pesos que se tipificaron como falta al artículo 64 fracción VIII.


Por su parte, la autoridad vial levantó una infracción por ofensas verbales y no proporcionar licencia de conducir, cuando se les mostró la hoja de trámite de licencia fechada el 13 de septiembre, que no ha tenido respuesta, que ellos no quisieron aceptar y que dio origen a la discusión, cuando me dijeron que no alcanzaban a ver las letras, a lo que yo les dije “traigo una captura de pantalla en el teléfono y yo creo les hacen falta lentes”, lo que dio origen a la discusión.


Esa infracción tuvo un costo de $1,075.
Igualmente, la motocicleta se recuperó mediante el pago de $1, 550 pesos al corralón, lo que da un total de $3,790 cuando el costo de renovación de licencia es de 350 pesos y no la he podido sacar porque en época de pandemia estaba restringido el servicio y al día de hoy se expiden por citas, estando a la espera de dicha cita hasta hoy.


Cabe hacer mención, que desde que la alcaldesa ordenó la ejecución de operativos, he sido molestado casi de manera diaria, dando lugar a que el pasado viernes 24 de septiembre acudiera a la sub procuraduría de Derechos Humanos buscando protección a los mismos; argumentando falta de protocolos en la implementación, a lo que el licenciado Guillermo Pohls Covarrubias me dijo que no se podía hacer nada, luego de que yo le preguntara que qué hacía al no contar con la licencia vigente debido a mi constante movilidad.


El día de hoy, al salir de barandilla, nuevamente fui a levantar una demanda ante esa instancia de Derechos Humanos y fui atendido por el licenciado Muñoz Cano, quien me dijo que no se podía hacer nada.


De ahí, me trasladé a la Coordinación Jurídica de Tránsito Municipal, donde le indiqué que el suceso que había denunciado tenía consecuencias de algo que no quisieron investigar; porque ellos contestaron mi escrito el 23 de septiembre, negando la multa de cortesía por el suceso del 12 de septiembre y sin responder nada a los señalamientos que yo hice en contra de la agente María del Rosario Pantoja. Recibiendo como respuesta, “quéjese con quien legalmente corresponda”. A lo que salí sin encontrar eco a mi demanda.


Con todo lo anterior, no me queda mas que preguntar ¿Cuál es el objetivo de los operativos viales en el municipio de Celaya? ¿la regularización vehicular? ¿O la recaudación para el finiquito de la señora presidenta y sus colaboradores?.


Lo que yo veo en toda esta experiencia, es un delicado contubernio entre la autoridad municipal y la Sub Procuraduría de los Derechos Humanos, que se preocupan mas por hacerles caso a temas antinaturales como la diversidad o el aborto, que hacer respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Respecto a la autoridad vial, se justifican con la autonomía del municipio y montan operativos sin ningún protocolo que garantice la protección a los ciudadanos de bien.


Ellos piden licencia de conducir y tarjeta de circulación. Yo como mexicano pido un operativo bien definido; agentes con gafete y un oficio de autorización del dispositivo. Cosa que nunca mostraron.

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