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El fiscal se ha convertido en el mayor sostén de la dominación política de las corrientes ultras en el PAN en Guanajuato.

Quizá en el origen de su carrera probablemente ni siquiera sabía lo que era la ultraderecha e incluso llegó a participar en ceremonias masónicas, pero a la vuelta de los años el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre se ha convertido en el mayor sostén de la dominación política de las corrientes ultras en el PAN.

Aunque resulta difícil hablar del Yunque a estas alturas, degradado como todos los movimientos hiperideologizados de derechas e izquierdas del siglo pasado, lo que de esa secta queda, convertido hoy en simple grupo de interés, ha convertido en un mantra la defensa del hombre fuerte de Guanajuato.

Este fin de semana, después de un nuevo pronunciamiento del presidente de la República, sobre la conveniencia de renovar las instituciones de procuración de justicia en Guanajuato, quienes primero saltaron a la palestra para hacer una defensa cerrada del fiscal del estado fueron personajes con claros vínculos con el pensamiento más reaccionario de Guanajuato.

Román Cifuentes, identificado desde muy joven con la cofradía del Yunque, hombre de confianza de Juan Manuel Oliva y ahora el mayor promotor de Miguel Márquez para que mantenga su influencia política en Guanajuato, se dio a la tarea de elaborar una amplia postura en defensa de Carlos Zamarripa, entresacando en las estadísticas criminales aquellas que le son menos desfavorables y justificando el incremento monstruoso de los homicidios «por tener su origen en delitos federales».

Carlos Zamarripa habla con el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, en un acto público. Foto: Omar Ramírez/A.M.

Le siguieron los obispos de Irapuato y Celaya, Enrique Díaz y Víctor Aguilar, este último recién llegado a la entidad y recibido por la clase política en pleno en su bienvenida. Ambos prelados salieron con críticas sesgadas a López Obrador por sus declaraciones y exculpando a Zamarripa de la crisis de seguridad y planteando que construir la paz «es responsabilidad de todos».

La postura de los prelados subsidia los malos resultados del fiscal en materia de impunidad, terreno que le toca en exclusiva, pero además, al repartir culpas a «todos los ciudadanos», recaen en una grave injusticia: los ciudadanos de a pie no tienen los enormes recursos, el poder y los salarios de que gozan los altos jerarcas de la seguridad en Guanajuato.

Pero además, no se ve tan enfáticos a los líderes religiosos para respaldar a las víctimas colaterales de delitos como la desaparición de personas, tampoco se expresan mucho sobre la política encubridora de funcionarios como Zamarripa y el ex gobernador Márquez quienes negaron por años la existencia de desaparecidos y ocultaron la información sobre las fosas.

Los obispos y el líder del PAN parecen más preocupados por estar al lado de los poderosos y no de las preocupaciones de sus respectivas greyes. Ya quisieran las víctimas de los delitos una palabra de aliento, la mitad de solidaria de las que le expresan al fiscal de 12 años y pésimas cuentas.

Sin embargo, la confluencia de Cifuentes y de los obispos Díaz y Aguilar no deja de tener una explicación y esa radica en la cercanía de estos personajes con quien hoy por hoy es el político «retirado» más activo de Guanajuato: el ex gobernador Miguel Márquez Márquez, cercano a los poderes terrenales y a quienes administran los celestiales y hoy por hoy el más conspicuo representante del Yunque o de la ultraderecha militante, si se le prefiere, en el centro del país.

Solo alguien con esas capacidades y relaciones pudo haber organizado un cónclave con los sacerdotes de Dolores Hidalgo para ponerlos a las órdenes del candidato del PAN a la alcaldía, un expriista al que los panistas rechazaron de entrada.

Y la defensa cerrada de Zamarripa realizada por personajes cercanos a Márquez viene a poner en evidencia otra tesis en la que muchos coincidimos: la decisión de mantener al procurador y convertirlo en fiscal autónomo para llevar su periodo de ejercicio a la friolera de 19 años, más que del actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez, lo fue de Miguel Márquez y formó parte de los acuerdos de la sucesión que ataron de manos al actual mandatario.

Queda claro que la única posibilidad para que Sinhue pudiese afirmarse como un gobernador sin ataduras y consolidar un futuro político no sólo para sí, sino para su generación, pasaría directamente por romper los pactos con Miguel Márquez y particularmente el que lo ató a la rueda de molino del desastre en seguridad.

No hacerlo será condenarse a la intrascendencia y condenar a Guanajuato a una espiral de violencia y expoliación que no merecemos.

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