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Miguel Alonso Raya

Es muy probable que la Cámara de Diputados discuta y eventualmente apruebe en la semana que está por iniciar el proyecto de dictamen que abroga las diversas disposiciones de la reforma educativa de 2013, sus respectivas leyes secundarias y modifica los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución de la República.

El contenido del predictamen muestra el esfuerzo por lograr un equilibrio entre el interés superior de niñas, niños y adolescentes, con los derechos de las y los maestros. Reafirma la rectoría del Estado en educación, contiene los elementos e instrumentos para ordenar el Sistema Educativo Nacional (SEN), propone evaluaciones diagnósticas, combate la opacidad y establece medidas para evitar prácticas de corrupción en el sector, entre otras   en el ingreso y la promoción.

También plantea medidas para fomentar la inclusión, el reconocimiento de las comunidades indígenas, la interculturalidad, los derechos humanos y la igualdad sustantiva.

Incorpora aspectos esenciales de la propuesta de la “Red Educación Derechos”, presentada como iniciativa por el PRD, PAN, PRI y MC,  como la educación inicial en el artículo 3º Constitucional, la fracción VII del mismo relativa a la autonomía universitaria y el órgano encargado de la evaluación diagnóstica y medición del conjunto del SEN para localizar los aciertos y las debilidades, potenciar los primeros y atender las segundas.

Tal y como está planteado el proyecto de dictamen se acaba totalmente con todo lo que pudiera ser utilizado como acción punitiva de la reforma de 2013 que Enrique Peña Nieto y sus dos primeros secretarios de Educación, Emilio Chuayffet y Aurelio Nuño, se empeñaron en imponer en la legislación y llevar a la práctica en la administración.

En esta propuesta no hay nada que ponga en riesgo la estabilidad laboral de las y los maestros. Se acaba con esa incertidumbre y se corrige el error que desde el PRD siempre criticamos, pretender mantener vinculada la evaluación a la permanencia.

Desde la LXII Legislatura presentamos varios puntos de acuerdo e iniciativas de reforma al artículo 3º constitucional para modificar este aspecto, pero la mayoría priista en el Congreso de la Unión nunca aceptó.

Paralelamente el gobierno de EPN construyó un relato de confrontación y denostación, contra la escuela pública y el magisterio nacional que, junto con otros factores como la corrupción oficial y el uso político de la Secretaría de Educación Pública y del presupuesto destinado a la educación;  generó resistencia en una parte muy importante del magisterio, desacreditó la reforma y sentó las bases para que los inconformes demandaran su abrogación.

De aprobarse por la Cámara de Diputados, esta reforma será un buen paso. Es producto de un buen esfuerzo de consenso entre las diferentes fuerzas políticas, organizaciones civiles, el Gobierno Federal, maestras y maestros. Es mejor que lo que había y  lo que propuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Es, en resumen, una buena base de acuerdo, pero tiene que ser parte de un proceso en permanente revisión para alcanzar los objetivos que nuestro país  necesita.

Cabe señalar el papel que ha jugado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que, con sus movilizaciones, logró parar los trabajos de la Cámara de Diputados y abrir la interlocución con el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal gracias, entre otras cosas, a los problemas, las contradicciones y los pleitos internos de los institucionales en el SNTE, que está paralizado, o así se percibe su comportamiento político-sindical, frente a la disputa del grupo de Elba Esther Gordillo con la dirección actual.

Hay que resaltar, por supuesto, que los contenidos de esta  reforma, una vez aprobada, tienen que reproducir, para sintetizarlo, en todos los centros escolares de educación básica las características de las buenas escuelas calificadas así por los propios padres de familia. En estos centros escolares funcionan la comunidad educativa, las y los docentes asisten y preparan su clase; el director coordina, dirige y se interactúa con los padres de familia, además de contar con una infraestructura y equipamiento aceptables.

Y por supuesto atender las carencias del SEN, mejorar la infraestructura,  fortalecer las escuelas normales, replantear el modelo educativo, elaborar nuevos libros de texto y materiales auxiliares y diseñar en serio un sistema de formación, actualización y profesionalización del magisterio.

Así como aumentar los desayunos escolares,  el salario de las y los maestros y el presupuesto educativo, poner toda la estructura administrativa al servicio de la escuela y atender la demanda diversa. Entre los aspectos esenciales que estarían pendientes se encuentran abrir espacios de diálogo con el magisterio y los especialistas para la elaboración de las leyes secundarias y resolver los problemas  financieros que enfrentan los gobiernos de los estados, como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y otros más, cuyas finanzas están en crisis pues desde la descentralización de la educación en 1992 no se logró atender el rezago y la marginación, lo que agravó las asimetrías. Los estados del sur no tienen suficientes ingresos propios para hacerle frente a los retos que significa seguir otorgando el Servicio Educativo y atender las demandas del magisterio y de los padres de familia. El Gobierno Federal, para cumplir su responsabilidad en la educación, debe construir nuevos acuerdos.

Si se hace un esfuerzo serio y efectivo por atender estos rezagos se cerraría el círculo virtuoso de la reforma y con ello se generarían las condiciones para mejorar la calidad y los resultados de la educación, sentar las bases para un mejor desarrollo del país; y la reconstrucción del tejido familiar y social, rotos ahora por la corrupción, la desigualdad social y la violencia atroz.

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