26 febrero, 2021

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Narcohistorias de Guanajuato

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Cuatro historias de terror sobre la penetración del narco en tierras de José Alfredo

Negociar con los narcos

A principios del mes de enero una excandidata del PAN a la alcaldía de un municipio del sureste del estado, conocida por su honestidad, pero también por su combatividad y la defensa férrea de sus ideas, solicitó una reunión urgente con un alto funcionario de su comité directivo estatal.

Uno de sus familiares comenzó a recibir mensajes y amenazas de extorsión, aparentemente emitidas por una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima. Consciente de que su caso no era el único en dicho municipio, pero sin experiencia sobre la manera en la que debía proceder, pidió asesoría a su partido y en específico a una persona que tiene en su currículum cargos previos en áreas de seguridad dentro de gobierno del estado.

El dirigente partidista le comentó que él la pondría en contacto con las personas adecuadas que atenderían su caso dentro de la Fiscalía General del Estado.

Y a sí fue.

Al día siguiente un funcionario de alto nivel de la Fiscalía Regional estableció comunicación vía telefónica. Escuchó atento la información sobre las amenazas que recibió la familia de la excandidata del PAN, hizo varias preguntas sobre la mecánica de los hechos. Después de una pausa y un largo silencio, les dijo a las personas sujetas a la extorsión: “Les voy a dar un consejo, lo único que se puede hacer en este caso, es que ustedes lleguen a un acuerdo con los delincuentes”.Acto seguido, colgó el teléfono.

Contrariada por la respuesta y recomendación del funcionario de la Fiscalía, la excandidata del blanquiazul habló de nueva cuenta con su dirigente de partido para narrarle los hechos.

La respuesta del dirigente estatal azul fue todavía más sorprendente.

Nervioso y asustado señaló: ¡No es culpa de Zamarripa, no viene de él esa instrucción!

Sabedora de que la Fiscalía no intervendría para atender su caso, la excandidata habló con sus familiares para darles las malas noticias: no recibirían ni una gota de ayuda de parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

La dirigencia panista tampoco intervendría, pues tiene como prioridad encubrir y disculpar los errores de la Fiscalía.

Desde hace un mes los familiares de la ex candidata están pagando derecho de piso a sus extorsionadores. Era eso o perder la vida.

Notificación del Cártel de Santa Rosa de Lima a dueños de negocios para que establezcan contacto a efectos de empezar a pagar derecho de piso. Imagen de un reportaje de Noticieros Televisa.

Notificación del Cártel de Santa Rosa de Lima a dueños de negocios para que establezcan contacto a efectos de empezar a pagar derecho de piso. Imagen de un reportaje de Noticieros Televisa.

Los constructores del Narco

En varios municipios del estado sigue vigente el cobro del diezmo en los procesos de asignación de proyectos de obra pública. Para que un constructor pueda ganar un contrato para construir una plaza pública, un parque o pavimentar una calle con recursos municipales, debe pagar una mordida del 10% del monto total del contrato.

Lo cierto es que del diezmo solo queda el nombre, pues en muchas ocasiones, en algunos municipios, los constructores deben pagar el 15% y hasta el 20%. Esta práctica la realizan municipios gobernados por todos los partidos políticos, lo que evidentemente provoca que se realicen obras con defectos, pues para mantener sus márgenes de ganancia, los constructores adquieren materiales de baja calidad o incurren en lo que la Auditoría Superior del Estado llama eufemísticamente “volúmenes de obra pagados, pero no ejecutados”.

En pocas palabras, un municipio puede pagar por pavimentar una calle de 500 metros, pero recibirá una pavimentación de 400 metros o menos.

El escándalo sobre el presunto cobro de moches por parte de Luis Alberto Villarreal a municipios del país para darles recursos para la realización de proyectos de obra (quedó documentado en medios el caso de Celaya), cuando se desempeñó como coordinador de la fracción del PAN en el congreso federal, no cambió las cosas. No hubo más controles, ni tampoco se abrió una investigación formal sobre estos hechos. Todo quedó en una llamarada de petate.

Pero en los últimos años surgió un inesperado aliado para muchos constructores golpeados por la voracidad y ambición de los alcaldes: los Narcos. Cuando los cárteles michoacanos financiaron las campañas del PRD en municipios frontera con el estado de Guanajuato, empezaron a ganar varias presidencias municipales.

A cambio de ese invaluable respaldo financiero, los cárteles obtuvieron a cambio el control de tres áreas de los gobiernos municipales aliados: las direcciones de policía, las direcciones de obra y la organización de las ferias anuales.

Un constructor de la región no debía hablar con el alcalde para conseguir contratos de obras. Tenía que hablar directamente con el jefe de plaza del cártel. Sorprendentemente el cobro del moche bajó nuevamente al 10% lo que significó un auténtico tanque de oxígeno para muchos empresarios del ramo.Además, cuando los cárteles dedicados al robo de combustible de los ductos de PEMEX desplazaron a los michoacanos y se apoderaron del sureste del estado, ofrecieron a los constructores diésel a muy bajo costo.

Para los constructores el combustible es uno de los insumos principales para mantener sus máquinas trabajando.

Además, se podía adquirir pipas o garrafas sin amenazas de por medio. Cada constructor podía elegir al huachicolero de su confianza.

Y nuevamente el cobro del moche se mantuvo en el módico 10%, inferior a la mordida de casi el doble que solían pedir los alcaldes electos mediante voto popular.

En suma, los constructores se beneficiaron de dos cosas: combustible a buen precio y cárteles más sensatos que bajaron el cobro de la comisión por la asignación de contratos.

Por ello, hay muchos constructores que prefieren la “mano suave” de los narcos, a la “mano dura” y avariciosa de los políticos profesionales.

En palabras de un constructor consultado por el que esto escribe:“Desde que los narcos manejan la obra pública, les va mejor a los municipios. Construimos más obra. Cuando terminamos una calle, luego, luego nos dan la siguiente. Los narcos son gente de negocios, los políticos solo son unos pinches rateros.”

Algunos de los diputados locales que votaron a favor del nombramiento de Carlos Zamarripa como Fiscal General del Estado han sido víctimas directas de la delincuencia organizada. Por presiones de Palacio de Gobierno mantienen su respaldo al Fiscal. Foto distribuida por la FGE.

Algunos de los diputados locales que votaron a favor del nombramiento de Carlos Zamarripa como Fiscal General del Estado han sido víctimas directas de la delincuencia organizada. Por presiones de Palacio de Gobierno mantienen su respaldo al Fiscal. Foto distribuida por la FGE.

Las camionetas de los diputados

En fechas recientes varios diputados locales y federales han sufrido el robo de sus vehículos. Suelen ser camionetas último modelo, totalmente equipadas ya que los legisladores normalmente adquieren las versiones de lujo.

Con un tino de apache, grupos de la delincuencia organizada dedicados al robo de vehículos han hecho blanco de sus actividades a los diputados guanajuatenses.

En ocasiones han robado sus camionetas cuando estaban estacionadas, pero en otras han bajado a sus ocupantes a punta de pistola. Lamentablemente, los diputados Saraí Nuñez (en dos ocasiones), Paola Yáñez y Paulo Bañuelos han pasado por esta situación. Otros dos diputados también vivieron la experiencia, pero lograron evitar que la información llegara a los medios.

En las redes sociales circulan muchos videos de robos de camionetas que han padecido ciudadanos totalmente alejados de la política.

Empresarios, amas de casa e incluso trabajadores operativos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano han sido despojados de sus vehículos. Aunque la Fiscalía nos muestre en estos días de informe “otros datos”, es un hecho que el robo de vehículo se ha disparado en la entidad.

En Guanajuato el robo de auto ha estado ligado históricamente a la venta de autopartes. Se roban vehículos que después se venden como refacciones en deshuesaderos y hasta en tiendas autorizadas.

En León, Irapuato, Celaya y Salamanca todos conocen las colonias, calles y zonas de la ciudad en donde se comercializan las autopartes robadas.

Cuando alguien sufre el robo de su vehículo, o cuando “solo” le quitan las llantas o la batería, no falta el consejo cínico, pero realista, de alguien del círculo cercano que dice: “ve a tal calle, allí puedes comprar las autopartes que te quitaron”.

Pero el volumen de vehículos robados, los modelos e incluso el modus operandi de los robos videograbados por todo el estado permite inferir algo distinto. Se están robando autos para venderlos con números de serie alterados en otros estados del país, quizá incluso en el extranjero.

En muchas ocasiones los robos son por encargo. Se piden lotes completos de vehículos de ciertas marcas, modelos e incluso colores. Las masacres ocurridas en varios “yonkes” ligados al CJNG y al CSRL hace suponer que los dos grupos del narcotráfico que se disputan el control de la entidad participan en tan lucrativo negocio.

Los asaltantes han alcanzado una destreza admirable. En unos cuantos segundos, sicarios armados descienden de sus vehículos, encañonan a los conductores de camionetas de modelo reciente, los dejan a pie de calle o carretera y huyen sin ser molestados por los policías municipales. De los estatales o federales, ya ni hablemos.

Pero hay diferencias sutiles con los robacoches que operaban hace algunos años.

Los ladrones de autos “de antes” despojaban a sus víctimas de sus teléfonos celulares y de sus carteras. Lo anterior, para hacer más lucrativo el asalto, y para evitar que la víctima hiciera el reporte del robo de inmediato.

Ello daba valiosos minutos para que los asaltantes llevaran los vehículos robados a las casas y bodegas en donde resguardarían el botín, para evadir los dispositivos de búsqueda.

Cuando las personas despojadas de sus vehículos llegaban a un teléfono a reportar el robo a la policía, los filtros y retenes ya no localizaban los autos robados.

Pero los recientes robos de camionetas son distintos. Dichos hurtos ocurren con un modus operandi característico.

Los asaltantes no les quitan ni tampoco inutilizan los celulares a sus víctimas. Ello solo puede deberse a que han acordado con los policías de sector un tiempo de respuesta de más de 15 minutos a la realización de la denuncia, que es por ejemplo el tiempo de respuesta que tiene la policía de Celaya a los llamados de auxilio.

Ayuda mucho que un alto porcentaje de cámaras de videograbación del costoso Proyecto Escudo no estén en funcionamiento o hayan sido desactivadas intencionalmente en bulevares y avenidas principales de las ciudades del corredor industrial.

Ilustración: Pinche Einnar

Ilustración: Pinche EinnarEl respaldo que muchos legisladores locales aún manifiestan hacia Carlos Zamarripa, Fiscal General del Estado, sorprende por partida doble.

Será difícil para los diputados buscar la reelección con la acusación a cuestas de haber sido ellos quienes votaron a favor de su designación como Fiscal. La lógica de contracampaña es implacable e impecable:

1) Si los malos resultados en el combate a la inseguridad se deben en gran parte al mal desempeño de Zamarripa, y 2) Si los diputados locales mantienen su respaldo al Fiscal General, entonces 3) Como no se puede despedir a Zamarripa, a los que se les puede pasar la factura es a los diputados.Pero lo que más sorprende es que los diputados locales, a pesar de haber recibido un daño tangible a su patrimonio y luego de haber recibido el susto de sus vidas (al haber sido encañonados algunos de ellos por el narco) sigan acatando la línea de Palacio de Gobierno de “respaldo total al Fiscal”.

En este, como en muchos casos, el problema de muchos actores políticos de Guanajuato ya no es tropezar con la misma piedra, sino enamorarse de la piedra.

Robo de camioneta en la carretera Comonfort-Celaya. Video de redes sociales.

Direcciones de tránsito

Cuerámaro es un municipio bajo el control del CJNG. Dicho dominio data desde los tiempos en los que Moy Cortés fue presidente municipal y se mantiene a la fecha, bajo la nueva administración municipal de la también panista Ana Bueno.

Lo cierto es que los integrantes del CJNG nunca pidieron permiso para entrar. Solo llegaron a la zona, ejecutaron a algunos narcomenudistas locales, limpiaron la zona de la competencia y establecieron una jefatura de plaza.

No pidieron permiso para establecerse, aunque tampoco ninguna autoridad les negó o impidió el acceso.

Ejercen un dominio más bien blando, ensombrecido por esporádicos enfrentamientos con células del CSRL enviados a la zona para realizar acciones de retaguardia.Sin embargo, al principio de la actual administración municipal los integrantes del CJNG hicieron sentir su fuerza y peso específicos. En un trayecto carretero interceptaron a la persona que habría de ocupar el cargo de Director de Tránsito municipal del nuevo gobierno.

Lo conminaron a declinar el ofrecimiento y a renunciar, pues ese cargo solo podía ser ocupado por alguien de confianza, que fuera de su equipo y él claramente no estaba en esa condición. Ese mismo día presentó su dimisión anticipada al cargo que aún no asumía.

Por un momento se pensó que el cargo quedaría vacante mucho tiempo debido a que el CJNG ejercía un virtual (y real) poder de veto sobre la persona que ocuparía la titularidad de la Dirección de Tránsito.

Inesperadamente, una persona levantó la mano para asumir el reto.

Fue la única que pidió la oportunidad y a pesar de no contar con la experiencia y formación necesarias se quedó con el puesto.

Así suele ocurrir en muchos municipios.Pero sus antecedentes no son en realidad el problema. Al día de hoy nadie se ha hecho la pregunta clave.

Si el primer director de tránsito designado fue amenazado por el CJNG para que presentara su renuncia y el segundo postulante a ocupar el puesto ejerce sus funciones tranquilamente ¿Cómo es que los del CJNG no han llegado a visitarlo? ¿Se les olvidó? ¿La plaza dejó de ser importante? ¿Ya no hay presencia del CJNG en Cuerámaro? Ni las autoridades estatales o municipales han revisado el caso. Seguramente nunca lo harán, pero ¿Si el primer director de tránsito fue despedido por el CJNG porque no era de su confianza, entonces el actual sí lo es?En el municipio de Apaseo el Alto ocurrió algo similar, pero con un desenlace radicalmente distinto. Santos Alonso Cerritos Hernández, director de tránsito municipal fue asesinado el mismo día en el que asumió el cargo. Tomó protesta a las 10 de la mañana. A las 6 de la tarde ya estaba muerto.

Fue asesinado por dos sicarios mientras comía en un restaurante de la cabecera municipal. Los siguientes dos directores de tránsito que ha habido en Apaseo el Alto renunciaron debido a presiones de los grupos de la delincuencia organizada.

Los cárteles no desean tener como director de tránsito a alguien que los obstaculice y que no esté en sintonía con ellos.

Para lograrlo mandan mensajes letales y contundentes.En teoría, gobierno del estado tiene filtros para el reclutamiento y selección de mandos. Pero a pesar de ello, en varios municipios del estado los cárteles han colocado directores de tránsito afines.

Inexplicablemente, todos ellos pasan los exámenes de control y confianza, sin ninguna observación. En Cuerámaro los narcos encontraron una fórmula que les satisfizo.

En Apaseo no fue el caso y siguen ejerciendo presión.Si la política oficial consiste en cerrar los ojos, la única alternativa que nos queda para contrarrestarla es comenzar a abrir los recuerdos. No será sencillo, pero hay que intentarlo.

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David Saucedo

@DAVID_SAUCEDO_

Politólogo, con estudios en economía por la Univ. Complutense de Madrid. Consultor en marketing político, políticas públicas y diseño de estrategias en materia de seguridad

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