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Los expedientes de queja disminuyeron en el último año en un 37.3 por ciento, mientras las recomendaciones bajaron en un 46 por ciento, en un organismo que encima de todo se partidizó en el relevo de Raúl Montero.

El año 2020 enfrentó a Guanajuato a la realidad atroz de cientos de cuerpos inhumados en entierros clandestinos, por la guerra entre organizaciones criminales que asoló al estado desde 2018. Fue el año del mayor número de asesinatos violentos y de masacres generalizada, pero también fue el año menos productivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), con el menor número de expedientes iniciados, recomendaciones apresuradas y, finalmente, un relevo que partidizó el organismo al colocar a su cabeza a un ex dirigente del gobernante PAN.

El relevo en la institución ya se reflejó en un cambió de línea política, pues el nuevo procurador, Vicente Esqueda Méndez, ha evitado de forma sistemática dirigir recomendaciones a los titulares de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, optando por referirlas a subordinados o “a quien legalmente corresponda”.

En un estado que atraviesa una situación límite por violaciones de derechos humanos, así considerada por activistas y expertos, la mayoría panista en el Congreso local impuso a Vicente Esqueda, ex secretario general del PAN, aunque fue el único aspirante que no demostró conocimientos o trabajo previo en la promoción y defensa de los derechos humanos. Incluso en su presentación negó la existencia de una crisis porque “las dependencias aceptan las recomendaciones”.

La protección que ha recibido Esqueda Méndez desde el Legislativo se ha extendido en los primeros meses al frente de la Procuraduría, al acordar desde la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables que no era necesaria la presencia del nuevo y cuestionado ombudsperson para responder las dudas del informe de actividades. Para el ejercicio de análisis, la comisión resolvió que los cuestionamientos se enviaran por correo electrónico al procurador.

Por primera ocasión en la historia reciente de la Procuraduría de los Derechos Humanos un titular no es llamado por el Congreso para el análisis del informe de actividades; incluso en 2020, a unas semanas de que se declaró en el estado la contingencia sanitaria por COVID-19, José Raúl Montero de Alba se reunió de manera virtual para responder en vivo las dudas de las y los diputados.

Aunque en 2020, un año de definiciones y cambios en la PDHEG, el número de expedientes que se iniciaron por quejas de violaciones a los derechos humanos disminuyó en un 37.3 por ciento, en comparación con el año anterior, para los diputados locales no resultó relevante llamar a cuentas al nuevo titular de la PDHEG.

En solo dos días, a escasas semanas de que terminara el periodo de cuatro años al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba firmó una tercera parte del total de recomendaciones que hizo el organismo durante el año.

El número de recomendaciones tuvo una baja de casi el 50 por ciento, tomando como referencia la cantidad de recomendaciones en el año 2019, acaparando la Fiscalía General del Estado una tercera parte de las observaciones por las constantes violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.

Mientras desde el Legislativo se cierra el diálogo directo con Vicente Esqueda, cuestionado por la militancia panista y la falta de experiencia en Derechos Humanos, en tribunales federales activistas promueven amparos para que el Congreso reponga el proceso de designación.

Ilustración Pinche Einnar

A la baja la atención en la PDHEG

Con las desapariciones forzadas que han colocado a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional por este delito, los abusos de autoridad y represión policiaca, durante 2020 la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos apenas emitió una recomendación por las omisiones de la Fiscalía General del Estado en el retraso de la búsqueda de un joven desaparecido, y documentó las violaciones a los derechos de las víctimas indirectas en la muerte de dos hombres a manos de elementos de policía.

En el año que Raúl Montero de Alba decidió no buscar el cargo de ombudsman por otro periodo de cuatro años, la productividad de la Procuraduría de Derechos Humanos disminuyó no solo desde la recepción de quejas, sino que las recomendaciones también reflejaron una baja considerable.

En 2019, la PDHEG inició 1 mil 188 expedientes; sin embargo, en 2020 la baja fue significativa: durante los 12 meses la Procuraduría solo abrió 744 expedientes de queja; es decir, 37.3 por ciento menos que en 2019.

Las 202 recomendaciones que envió el organismo responsable de la defensa de los derechos humanos en el estado se concentraron en 93 expedientes, la mayoría de ellos abusos que se denunciaron desde 2018 y algunos más durante 2019.

El número de recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado en 2019 también fue mayor a las que salieron durante el último año de Raúl Montero de Alba: en total fueron 376, 46 por ciento más que en 2020.

Vicente Esqueda Méndez, procurador de Derechos Humanos

Fiscalía, la más recomendada por falta de investigación

Cada año, al menos una tercera parte de las quejas y recomendaciones que emite la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado van contra la Fiscalía General del Estado, en su mayoría por la dilación con la que atienden las investigaciones a su cargo, algunas otras por el abuso de autoridad y agresiones durante detenciones.

Tan solo en 2020, de los 93 expedientes con recomendaciones que publicó la PDHEG en su portal, 30 contienen observaciones para la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, aunque se trata de abusos denunciados entre 2018 y 2019.

De los 744 expedientes que abrió durante 2020, se conserva la tendencia de que una tercera parte sean por denuncias en contra del personal de la Fiscalía General del Estado con 211 quejas.

En los 30 expedientes de queja con recomendaciones de Derechos Humanos figuran dos asuntos en los que se denuncia la muerte de dos jóvenes a manos de elementos de policía.

Uno de ellos fue el de Leonardo Reyes Cayente, el joven migrante originario de San Miguel de Allende, ejecutado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en diciembre de 2018. En febrero de 2020, 15 meses después del asesinato de Leo Reyes, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, y al fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre.

A la Fiscalía se le señaló por no garantizar el acceso a la justicia de la familia de Leo Reyes, al posponer la investigación contra el grupo especial de FSPE, aunque después de la recomendación, finalmente los agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación decidieron no emprender acciones legales en contra de los policías estatales.

El segundo caso es de mayo de 2018, cuando Mario Alberto fue detenido por agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado en Purísima del Rincón, pero solo unas horas después el joven murió en los separos de la policía preventiva a causa de los golpes en el abdomen.

De acuerdo con el expediente de Derechos Humanos, el joven fue detenido la mañana del 17 de mayo en Purísima del Rincón en posesión de un arma de fuego y drogas, fue trasladado a los separos y por la tarde presentado ante el Ministerio Público, pero al regresar a los separos fue brutalmente golpeado por elementos de la policía municipal.

Aunque en el expediente se confirma que el detenido no se resistió a la detención, cuando regresaba en la patrulla municipal era golpeado por los policías municipales; incluso, buscó ayuda de sus familiares cuando los reconoció en el trayecto. Horas más tarde, en los separos, el joven murió a consecuencia de los golpes en el abdomen.

En este último caso, Derechos Humanos concluyó que la muerte de Mario Alberto fue responsabilidad de la policía municipal, excluyendo de toda responsabilidad a la Fiscalía General del Estado.

Las cuatro recomendaciones que firmó Raúl Montero de Alba se dirigieron al presidente municipal de Purísima del Rincón para que iniciara procedimientos administrativos a los elementos involucrados en la muerte del joven, así como al juez calificador en turno. Sin embargo, en ningún momento el entonces procurador de los Derechos Humanos hizo referencia a las responsabilidades penales por el homicidio de Mario Alberto.

La mayoría de las quejas que se presentan contra la Fiscalía de Guanajuato están relacionadas con las omisiones y la demora en las investigaciones, también son reiterados los abusos, agresiones físicas y detenciones sin mostrar las órdenes de aprehensión.

Reunión de Carlos Zamarripa con víctimas de desaparición forzada. Fotografía Especial

Entre los casos de retraso injustificado en la investigación se encuentra el expediente 301-19-A, queja presentada por un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fue atropellado por policías ministeriales durante un operativo. El hecho ocurrió el 3 de enero de 2019, y a pesar de que requirió hospitalización por las lesiones, la Fiscalía no ha investigado la actuación de sus agentes.

El fenómeno delictivo por la desaparición forzada de personas y la falta de investigación de los agentes de la Fiscalía llevó a que también se observara la revictimización de una madre de familia que denunció la desaparición de su hijo desde 2017 en Apaseo el Grande, pero que tres años después no hay avances en la carpeta de investigación.

En 20 de los 30 expedientes con recomendaciones para la Fiscalía de Zamarripa durante 2020, la queja fue la misma: la falta de actuación de las autoridades en la investigación y persecución de los delitos, omisiones y dilaciones en la integración de las carpetas. En algunos casos se suma los malos tratos que reciben por parte del personal de la Fiscalía.

La institución a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre desde hace 12 años ha sido constantemente denunciada por la dilación en las investigaciones, además por las omisiones y errores en la integración de las carpetas que terminan frenando el acceso a la justicia de las víctimas del delito.

A pesar de tratarse de errores sistemáticos y de que la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato establece que para frenar las reiteradas violaciones, el organismo podrá investigar de manera oficiosa las causas, a la fecha no se ha revisado el tema específico de la Fiscalía General del Estado.

El artículo 61 de la citada Ley establece:

Cuando de las recomendaciones emitidas, resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de derechos humanos, la Procuraduría estará facultada para investigar de oficio el área de actuación con que se relacionen dichas recomendaciones, con objeto de formular pronunciamientos generales a efecto de que se instrumenten las medidas idóneas para prevenir su recurrencia.

Evita Esqueda señalar a Zamarripa como responsable de violaciones

A partir de la llegada de Vicente Esqueda Méndez a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, en diciembre de 2020, las recomendaciones que ha hecho el organismo omite dirigir las observaciones a los titulares de las dependencias, presidencias municipales u organismos, como el caso del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.

Entre las primeras recomendaciones firmadas por el panista está la violación a los derechos humanos de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibañez, quien se quejó por la detención a manos de los agentes de la Fiscalía General del Estado en mayo de 2019.

Contraria a la política que en su momento aplicaron los procuradores de derechos humanos de enviar las recomendaciones a los titulares, Vicente Esqueda dejó de señalar las violaciones personalizadas.

Vicente Esqueda, primer militante panista al frente de la PDHEG. Fotogrfía Especial

POPLab solicitó entrevista con el procurador de los derechos humanos para conocer el por qué dejó de dirigir las recomendaciones a los titulares, pero la primera respuesta fue que no daría entrevista por respeto a la Ley Electoral en tiempo de campaña; sin embargo, después el área de comunicación de la Procuraduría de Derechos Humanos aseguró que el ombudsperson atendería la entrevista, sin que hasta el momento se haya concretado una fecha por la agenda que maneja el titular de la PDHEG.

En las 13 recomendaciones que ha firmado desde que llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda ha dirigido los escritos «a quien legalmente corresponda».

Excusa a FSPE de golpes a diputada

Entre las primeras recomendaciones firmadas por Vicente Esqueda Méndez está la resolución por la queja que presentó en febrero de 2019 la diputada local de Morena, Magdalena Rosales Cruz, luego de sufrir lesiones provocadas por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado durante una manifestación en la que representantes de la sociedad civil protestaban por la imposición de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal general del estado.

De acuerdo a lo relatado por la legisladora local, durante el desarrollo de la sesión del Pleno en la que se aprobó la Ley de la Fiscalía General y que confirmó la permanencia de Zamarripa, ella salió a hablar con decenas de manifestantes a los que se les impidió el acceso al Palacio Legislativo.

Luego de hablar con los inconformes, Magdalena Rosales Cruz intentó entrar nuevamente al edificio, pero los elementos de FSPE le impidieron el paso, incluso le provocaron lesiones al quedar encapsulada entre escudos de los policías. Las lesiones quedaron documentadas por el personal médico del mismo Congreso.

Dos años después de la agresión, el procurador de Derechos Humanos excusó a los elementos de FSPE y consideró que el único responsable por no garantizar el libre tránsito de la diputada fue un empleado del Congreso local.

Magdalena Rosales fue una de las diputadas que se opuso a la llegada de Esqueda a la PDHEG. Fotografía Especial

La recomendación de Vicente Esqueda la dirigió a la Secretaría General del Congreso, en la que señala que debe iniciarse un procedimiento administrativo al jefe de Monitoreo y Seguridad, Manuel Suasto Plaza, por «los actos y omisiones que ocasionaron la violación del derecho a la libertad de tránsito en su modalidad de circulación».

La resolución de la PDHEG dejó inconforme a la legisladora de Morena, quien denunció la protección de Vicente Esqueda al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, y los elementos que obedecieron las órdenes de impedirle la entrada a su centro de trabajo.

«Responsabilizó al elemento más frágil de la cadena. No se atreve a hacer una recomendación a FSPE por abuso de la fuerza y agresión a una diputada. Siempre se están cubriendo unos a otros», reclamó Magdalena Rosales.

La diputada de Morena aseguró que la resolución firmada por Esqueda está sesgada, después de que ella fue una de las legisladoras que se opuso al nombramiento del panista como procurador de los derechos humanos.

El sesgo al que se refiere Rosales Cruz es porque la recomendación no considera la denuncia que hizo por los golpes que recibió, sino que la PDHEG determinó que solo se violentó su derecho al libre tránsito en el edificio público.

Avanzan amparos contra designación de panista

Mientras se observa el cambio en la política de recomendaciones que emprendió Vicente Esqueda para evitar mencionar al controversial Carlos Zamarripa, o al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, en tribunales federales sigue el litigio para que quede sin efecto la designación del panista como procurador de los Derechos Humanos en el estado.

Tras la designación del primer ombudsman con militancia panista, a cargo de un Congreso con mayoría del Partido Acción Nacional, activistas y personas que postularon para el cargo, presentaron diversos amparos ante la justicia federal porque la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política no promovió amplias consultas ni garantizó la participación social en el proceso de solicitud, elección y nombramiento.

Además, la evaluación de las personas candidatas se hizo de manera discrecional, sin criterios determinados que fueran objetivos y públicos.

El dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso descalifica a cinco de las ocho personas postuladas para proponer la terna para la designación del titular de la PDHEG, sin que se detallen los criterios y mecanismos de evaluación y metodología de puntuación de la terna seleccionada, en contraposición con los estándares internacionales de derechos humanos. Al pleno del Congreso se le reclama haber aprobado un dictamen que no fundamentaba lo suficiente los criterios de ponderación de los perfiles, la votación y la designación del Procurador Panista.

«Se reclama tanto el procedimiento como la resolución del Congreso de Guanajuato al elegir a un panista como titular de la PDHEG», expone un comunicado de prensa enviado por Plataforma por la Paz y la Justicia.

Los conceptos de violación son a la legalidad y a la seguridad jurídica, ya que no se definió una evaluación por puntaje. En la solicitud de transparencia (Oficio UT/0008/2021) el Congreso reconoce que existe una especie de listado en la que se pretende evaluar 10 ámbitos: Expediente completo, perfil profesional, conocimiento en materia de DDHH, conocimiento del contexto del estado en materia de DDHH, propuestas de acción, experiencia en defensa de DDHH, experiencia en la administración pública, consistencia en la respuesta, enfoque global de DDHH y conocimiento de la parte orgánica de la PDHEG. Se presenta una supuesta evaluación de lo que se deduce es la ponderación individual de las 5 integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso.

Vicente Esqueda Méndez fue el único candidato que no demostró conocimiento en derechos humanos, pero aún así fue considerado como el más calificado para el cargo por la comisión de Derechos Humanos con mayoría panista.

Mantiene Congreso la protección a Esqueda

Para evitar que Vicente Esqueda Méndez rindiera cuentas de manera directa a las diputadas y diputados, la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables decidió que no se mandara llamar a mesa de trabajo al ombudsman.

En la metodología para el análisis del informe se impuso que los cuestionamientos de las diputadas y los diputados se harían por escrito y enviadas por correo electrónico a Vicente Esqueda, quien tendrá que responder por el mismo medio.

Por primera ocasión, la comisión de Derechos Humanos consideró que no era necesaria la mesa de trabajo con el ombudsman para despejar dudas sobre los resultados que entregó hace unas semanas al Congreso local como lo mandata la legislación.

Vicente Esqueda con la mayoría panista en el Congreso local

De acuerdo con el secretario general del Congreso, Ricardo Narváez Martínez, en total recibieron 135 preguntas que se enviaron ya a Esqueda vía correo electrónico.

La invitación a que se hicieran cuestionamientos al procurador de los Derechos Humanos quedó abierta a la sociedad en general, aunque de la ciudadanía solo se recibieron tres preguntas, las 132 restantes fueron de los grupos y representaciones parlamentarias.

Las respuestas tendrá que enviarlas Vicente Esqueda Méndez por correo electrónico a la Secretaría General el 30 de abril, para luego hacerlas llegar a la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

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