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Jaime Arizmendi


*Nepotismo, Amiguismo, Compadrazgo en Sindicatos de ¿Salud?


*AMLO Ofreció Terminar la Corrupción en Sector Salud…


Argonmexico / Al perro más flaco, se le cargan más las pulgas… Larga lista de acusaciones por corruptelas, amiguismo y compadrazgos recorre el sindicalismo en el sector salud en casi todo el territorio nacional. Donde se busca, sale putrefacción, cáncer que azota a médicos, enfermeras, empleados administrativos o técnicos al servicio de la Secretaría de Salud (Ssa).
La dirigencia nacional de los trabajadores de dicho sector, que hace décadas encabeza Marco Antonio García Ayala (como sucede en otros organismos sindicales), ignora a sus representados, les escamotea sus derechos y los deja sin voz. Los convierte en meros esclavos de un caciquismo gremial corrupto que se apropia de conquistas laborales.


Las mismas quejas se escuchan en Guerrero, Oaxaca, Puebla o Sinaloa, como en cualquier entidad de México, todas coincidentes, siempre contra sus dirigentes seccionales, estatales o federales, a quienes nada les inquieta, aunque los trabajadores agraviados realicen movilizaciones y airadas protestas, porque cuentan con la protección y aval de su máximo dirigente, “Don Marco Antonio”.


Hace año y medio, precisamente el 8 de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía su apoyo para denunciar la corrupción en el sistema de salud. Tajante, advirtió que “Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente, y la gente no tiene que pagar, ni por la atención médica ni por los medicamentos”.


Terminar con la corrupción y transformar simultáneamente el sistema de salud para garantizar medicamentos y atención médica gratuita, labor diaria en la que es indispensable participen los mexicanos y el gobierno, expuso al agregar: En tiempos de transformación es natural que existan resistencias; pero debe quedar claro, el estado de bienestar quedará establecido al final de la presente administración.


En una mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el sector salud es uno de los que se recibió en peores condiciones por el grado de corrupción, la ausencia de personal médico especializado, la deficiente cobertura de medicamentos y obras de infraestructura sin concluir, entre otros problemas.


El Mandatario repuso: “El sistema de salud pública estaba en el abandono: centros de salud y hospitales sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos, sin especialistas, con muy mala infraestructura, sin equipos de rayos X. Abandonado por completo”.


Por ello, la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el 1 de enero de ese año, implicó cuatro grandes acciones que se trabajarían a lo largo de todo el sexenio, hasta lograr la gratuidad para todos los mexicanos.


Pero en Puebla, ante las protestas de agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), se llamó al personal a tener prudencia y brindar sus servicios en medio de la contingencia por la Covid-19. De su lado, el gobernador poblano de Morena, Miguel Jerónimo Barbosa Huerta adujo en su descargo: éstas son por la renovación sindical.
En su tímida y mediocre defensa, el secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García, pidió a médicos y enfermeros agremiados a tal organismo gremial (SNTSA), evitaran cualquier suspensión de actividades, “pues éstas repercuten en la salud de los poblanos. Asimismo, les recomendó “no poner en riesgo sus derechos laborales”.


Pero Barbosa Huerta pronunció uno más de sus desatinos al argumentar que estaba en puerta la renovación sindical, ejercicio en el que la secretaria general del sindicato, Patricia Elizabeth Parra Maldonado, buscaba reelegirse.


Muy distante de la capacidad de liderazgo y convocatoria de su tío, Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García hizo lo que los gatos, defecar y esconder sus heces.


Inconformes, trabajadores afiliados a la sección XXV del SNTSA exigieron la destitución de la secretaria general, Patricia Elizabeth Parra Maldonado, quien incurrió en nepotismo, abuso de autoridad y obstaculizó el desempeño del resto de integrantes del comité al impedir el cumplimiento de sus funciones y la ocupación de las oficinas sindicales.


Karen Pérez Formacio, de la Secretaría de Organización del mismo organismo sindical, sostuvo que no se pudo interceder en casos de riesgos de trabajo, o para efectuar la entrega del bono Covid-19, desprotegiendo al trabajador.


Trabajadores de la salud entregaron un grueso expediente de irregularidades a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión de Vigilancia del Comité Estatal, órganos que debieron definir qué hacer en el tema. También pidieron un pleno, para comunicar a la plantilla laboral los detalles y limitantes a las que se han enfrentado.


Además, defendieron sus logros a pesar de la contingencia sanitaria, como los 319 movimientos, 34 cambios de rama, 106 cambios de adscripción y 93 movimientos de apoyos a familiares de trabajadores afectados por Covid-19 y, sobre todo, el descartar actos de corrupción.


O cuando decenas de trabajadores del Centro de Salud de Santa Rosa en Mérida, Yucatán, hicieron el 5 de marzo un paro de brazos caídos, en protesta por “irregularidades en el proceso de vacunación contra Covid-19”.


Peor aún, cuando manifestantes fueron a la sede de la Sección 67 del SNTSA, para acusar que el Centro de Salud de Santa Rosa había sido excluido de la entrega de 76 bases que quedaron vacantes por jubilaciones.


Al llegar al local sindical estaba por iniciarse una ceremonia relativa a las plazas y asignación de nuevas “claves”; pero a los trabajadores les impidieron el paso porque “solo podían entrar los empleados involucrados en los movimientos por los protocolos de salud”; y el secretario general de la Sección 67, Eulogio Piña Briceño, ofreció atenderlos después. No cumplió.
Asimismo, en el local sindical ubicado frente al Hospital Juárez del IMSS, acusaron al sindicato de entregar las bases a personas cercanas a la directiva, y no de acuerdo con la lista de prelación; porque muchos de quienes recibieron bases habían estado fuera de sus labores un año, bajo la licencia de personas en riesgo por la pandemia.


Los quejosos (quienes pidieron mantenerlos en el anonimato por temor a represalias), denunciaron que ellos han trabajado contra la pandemia; incluso, se han enfermado y los han movido de sus unidades para apoyar en hospitales saturados y en ambulancias de traslado; sin embargo, ninguno fue considerado para la basificación.


“Somos gente con muchos años de contrato, y sólo nos dijeron que para que recibamos nuestra base teníamos que tener familiares basificados. Pero quienes recibieron sus bases carecen de familiares y tienen menos tiempo que nosotros trabajando”.


En Escuinapa, Sinaloa, otra movilización laboral ha sido una constante desde hace años, y es que trabajadores del Hospital General acusan a la dirigente sindical Arcelia Prado Estrada, de sólo beneficiar a compadres y amigos con las plazas de base, al pasar por encima de los derechos de los empleados sindicalizados.


También hay denuncias contra Rigoberto Machado, secretario general de la Sección 52 del SNTSA, quien comete nepotismo.


Mediante un desplegado se exhibieron nombres y sueldos de sus familiares que trabajan en la Secretaría de Salud. El “Rigo”, quiso deslindarse al asegurar que: sólo eran estrategias para desacreditarlo ante la cercanía para renovar la dirigencia sindical.


Los años pasan y prevalece la misma situación. Machado trafica con influencias, como su basificado hijo, Édgar Estali Machado Pizano. Además, desvía recursos de las arcas del sindicato en beneficio propio. Y se publicaron nombres, puesto, sueldo y parentesco de otros familiares del dirigente sindical. ¿No son estas condiciones alarmantes, señor dirigente sindical?…


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