16 mayo, 2021

Segundo amparo de justicia federal a periodistas contra delito de halconeo fabricado por diputados de Guanajuato

En la SCJN está una acción de inconstitucionalidad al artículo 222-b del Código Penal del Estado que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos para frenar la reforma impulsada por el PAN

Al reconocer que el delito de halconeo, establecido en la legislación local, criminaliza el derecho a la información y atenta contra la libertad de expresión, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Guanajuato amparó a las periodistas Verónica Espinosa y Alfonsina Ávila, integrantes del Colectivo por la Libertad de Expresión Guanajuato. La resolución las protege de que les sea aplicable el artículo 222-b del Código Penal del Estado.

Con el apoyo de la organización Artículo 19, consiguieron el amparo otorgado por un juzgado federal que marca un precedente en el estado por la protección de la labor periodística. La resolución a favor Verónica Espinosa y Alfonsina Ávila se suma a la que obtuvieron en mayo de 2020 los periodistas Luis Alberto Martínez Flores y Javier Alejandro Bravo, además del activista Raymundo Sandoval.

Han pasado poco más de 18 meses desde que el Congreso local aprobó la reforma al Código Penal para sancionar con prisión de dos a siete años y de 20 a 70 días de multa, a quienes incurran en el llamado «halconeo».

Impulsada por el PAN, el Congreso de Guanajuato aprobó la reforma legal para establecer el delito conocido como halconeo, aunque existe el antecedente de articulados similares en Michoacán y Chiapas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales, después de un recurso presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En marzo de 2019 la fracción panista en el Congreso local presentó la iniciativa para incorporar el delito de halconeo en el Código Penal, solo cuatro meses después el Pleno aprobó la reforma.

«El tipo penal carece de una redacción clara y precisa, violando así los principios de taxatividad, legalidad, seguridad jurídica y mínima intervención del derecho penal, además de menoscabar el derecho a la información y la labor periodística».

Actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en revisión el recurso de inconstitucionalidad que promovió la CNDH por la incorporación del delito de halconeo en el Código Penal de Guanajuato.

En 2013 y 2014 la SCJN se pronunció declarando inconstitucionales los artículos que incluyó en su legislación Michoacán y Chiapas, por la ambigüedad del texto, pero sobre todo porque constituyen una forma de persecución penal contra el derecho a la información.

En 2015, la SCJN también determinó en los amparos de revisión 482/2014 y 492/2014, promovidos por Artículo 19, que los principales destinatarios de este tipo de normas penales son personas cuya función social se encuentra vinculada al ejercicio habitual de derecho a la información; es decir, las y los periodistas.

Ilustración Pinche Einnar

Protege juzgado federal a periodistas

Luego de 15 meses de proceso y con el acompañamiento jurídico de la organización Artículo 19, Verónica Espinosa y Alfonsina Ávila tienen la protección judicial en los siguientes términos:

Para el efecto que todas las autoridades del estado de Guanajuato tomen en consideración la inconstitucionalidad del artículo 222-b del Código Penal del Estado de Guanajuato, de ahí que no deban ser expuestas a la aplicación de la norma, tanto en el presente como en el futuro; por lo que todas las autoridades deben considerar que dicha restricción ha sido removida del espacio público de deliberación, por lo que las impetrantes pueden participar libremente en éste, sin tener que cargar con la incertidumbre que su labor periodística podría ser perseguida por las autoridades. Concomitantemente, las autoridades locales deben abstenerse de ejercer contra las quejosas los poderes discrecionales otorgados por la norma para influir en la deliberación pública

La resolución del juzgado federal con la determinación de inconstitucionalidad del delito implica que éste no deberá ser aplicado por ninguna autoridad de seguridad pública, procuración o impartición de justicia en contra de ambas periodistas, ni ser perseguidas por el mismo. Esto permite a las comunicadoras desempeñar su labor periodística de manera libre y sin intromisiones de las autoridades.

Actualmente el delito de halconeo está vigente en 22 de las 32 entidades federativas: Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El llamado de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, está dirigido a las y los legisladores de los 22 estados a revisar y derogar el delito de halconeo o cualquier otra norma que contravenga los estándares internacionales.

«Conminamos al Congreso de Guanajuato a derogar dicho delito de su Código Penal, o bien, establecer una reforma que precise su redacción sin que afecte de ninguna manera el ejercicio del derecho a la información y la labor periodística».

Además, sumado al Colectivo por la Libertad de Expresión Guanajuato, Artículo 19 solicitó a las autoridades de Guanajuato acatar la resolución para que las comunicadoras no sean sujetas a ninguna intervención o procedimiento penal, y puedan ejercer libremente su labor periodística.

El exhorto enviado por el Colectivo y A19 también está dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la acción de inconstitucionalidad 94/2019, promovida por la CNDH en contra del delito de halconeo en Guanajuato, conforme a los más altos estándares internacionales y los criterios que la misma Corte ha emitido en este tipo de normas.

«Finalmente, el Colectivo por la Libertad de Expresión y Article 19 exhortan a las autoridades de Guanajuato a no impugnar la sentencia de amparo otorgada a las periodistas o, de lo contrario, enviaría un mensaje negativo en contra de proteger sus obligaciones y garantizar la libertad de expresión y ejercicio periodístico en la entidad».

En Guanajuato, la redacción del artículo 222-b quedó de la siguiente manera:

A quien realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o de ejecución de penas, se le impondrá prisión de dos a siete años y de veinte a setenta días de multa.

La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando:

I. Sea cometido por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia o de ejecución de penas, además se impondrá inhabilitación para desempeñar cargo público hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesto.

II. Sea cometido a través de menores de dieciocho años o incapaces.

III. Utilice equipos o artefactos que permitan la intervención o inhabilitación de comunicados de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia o ejecución de penas.

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