16 mayo, 2021

Sin los colectivos nadie buscaría a desaparecidos; la Fiscalía es parte del problema.

Apoyamos a familias que tienen miedo, no debemos dejar que nos doblegue el gobierno, dicen buscadoras.

Los hallazgos de cuerpos y restos humanos en 38 fosas exploradas por familiares de personas desaparecidas y autoridades en Acámbaro, cierran el 2020 como una contundente conclusión de las dimensiones que ha alcanzado en Guanajuato el delito de desaparición de personas y las inhumaciones clandestinas que se atribuyen a grupos criminales que se arrebatan el territorio del estado, sin que se tengan certezas sobre los responsables.

Esto ha llevado a tres de los 10 colectivos formados ya en el estado a plantear a las autoridades -al secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala y al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre- la petición para que se acepte la asesoría de los grupos de antropología forense de México e internacionales, específicamente de Argentina y Guatemala, para avanzar en la identificación forense de los restos que se acumulan.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha trabajado en México desde 2004, pero particularmente en los últimos años en respuesta a la magnitud de la crisis que significa “un altísimo número de personas desaparecidas como de restos humanos sin identificar”, como lo dicen en su propia página de internet.

Su incidencia incluye políticas públicas, como su participación en el diseño del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), desapariciones locales en varios estados como Guerrero o Veracruz; desapariciones trasnacionales (migrantes en su paso por México rumbo a EU) y nuevas tecnologías y entrenamiento.

Hasta ahora, ni los colectivos tienen toda la información por parte de la Fiscalía sobre cuántos restos o de cuántas personas han sido identificadas de todas las fosas ubicadas en el año en Uriangato, Valle de Santiago, Irapuato, Salvatierra, Cortazar o Acámbaro, y entregadas a sus familiares.

“Hasta ahora se están corriendo las confrontas (de perfiles genéticos con familiares); no sé si es porque ya se les juntó mucha gente y se ve obligados a empezar a sacar, porque se saturan (los servicios forenses). Llevo cuenta a grosso modo: 79 de Salvatierra; 34 -más o menos- de Cortazar; 15 de Acámbaro más las 104 bolsas más los que se han estado dando, ¿qué número nos da? tienen que empezarse a entregar esos cuerpos”, dice en entrevista Angie Almanza, representante del colectivo Mariposas destellando corazones y justicia.

Además, hay que incluir los hallazgos en el Cerro del Conejo, en Irapuato, donde por lo menos se mencionaron restos de 17 personas.

El riesgo para colectivos y comisiones en estas búsquedas ha permanecido todo el tiempo latente y no ha sido conjurado -ni mucho menos- por el esforzado discurso del gobernador Diego Sinhue Rodríguez que apunta a “la recuperación del Estado de Derecho” o que “estamos trabajando para devolver la tranquilidad a los guanajuatenses”.

Tan es así, que familias y comisiones de búsqueda repiten en cada exploración ante cada predio y ante cada hallazgo que están ahí con varilla y pala en manos para un solo propósito, “recuperar a nuestros seres queridos y devolverlos a quienes los buscan”.

La justicia les toca a otros, dicen a cada paso.

En Acámbaro, integrantes de siete colectivos, observadores de la sociedad civil -de la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato– y autoridades encabezadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional exploraron entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre un predio de no más de 150 metros cuadrados al final de la calle Leona Vicario de la colonia La Ascención, donde recuperaron 15 cuerpos y 104 bolsas con restos humanos, mismos que podrían corresponder a un mayor número de personas.

La labor de búsqueda que cumplió ya seis meses en los parajes guanajuatenses de distintos municipios, desde Irapuato hasta Acámbaro, y la localización de cientos de cuerpos y de restos en diversas condiciones, lleva también a las familias y sociedad civil que las acompaña a concluir con una ruta de organización que va tomando consistencia.

En un año, de tres colectivos se ha pasado a 10, en su mayoría integrados por mujeres.

Esta organización ha sido obligada también por las desapariciones que se suman día con día y una Fiscalía general del estado reacia hasta el cansancio a coordinarse con ellas y a transparentar información, investigaciones y acciones para encontrar a quienes fueron desaparecidos, así como para localizar y fincar responsabilidades penales a quienes son responsables.

Las familias también han necesitado fortalecer su cohesión frente a las limitaciones que diputadas y diputados del Congreso del estado impusieron a un ejercicio pleno de parlamento abierto.

Los aprendizajes han sido para todos: en el proceso legislativo surgieron las leyes estatales de búsqueda de personas desaparecidas; de la atención a víctimas y de la declaración especial de ausencia de personas.

En la incipiente Comisión estatal de búsqueda, su titular Héctor Díaz Ezquerra admite sus propios aprendizajes.

“Nos podremos haber equivocado un montón, pero el que no sale a chambear no se equivoca”.

Díaz Ezquerra asegura que la mayoría de los cuestionamientos que surgieron de los colectivos y observadores cuando fue designado por el gobernador se han diluido por el acercamiento con las familias “con quienes hemos ido de la mano. Esto ha sido durísimo y todavía nos falta un largo camino por recorrer, mucho por hacer”, dice.

Uno de los cambios que la Comisión tendrá que mostrar el año próximo es un mejor equipamiento para las búsquedas en campo (o forenses), una plantilla de personal completa y la adquisición de tecnología para echar a andar el Registro estatal de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

“En 2021 se integrará un antropólogo forense, un psicólogo en colaboración con la Procuraduría estatal de derechos humanos”, entre otros perfiles que falta por contratar en la CEBP.

Este año se trabajó en esos recorridos solicitados por los colectivos prácticamente con picos, palas, varillas y algunos vehículos que se adquirieron con recursos de la Secretaría de Gobierno y la Jefatura del gabinete del gobernador.

Pero al cierre del año, se están licitando varias adquisiciones y previendo compras para las que están etiquetados los 14.4 millones de pesos que se recibieron del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Se comprarán equipos de protección (trajes tyrex, caretas, guantes), radios de comunicación, vehículos todo terreno para entrar a zonas de difícil acceso y las plataformas para el Registro estatal homologado al nacional, entre otros recursos.

Y es que para el 2021 no solo se prevé continuar con las exploraciones de aquellos puntos que son informados a los colectivos, sino que prácticamente hay ya solicitudes en una agenda para los primeros seis meses del año.

Encontrar para entregar, el reto

Angie Almanza, representante del colectivo Mariposas destellando buscando corazones y justicia, dijo a la reportera que es bueno que existan tantos colectivos en Guanajuato, pues hay más manos para intercambiar información y buscar “porque los desaparecidos son muchos y porque no ha dejado de haber desapariciones”.

Este colectivo fue el que solicitó la primera exploración que se hizo en Salvatierra, en el predio del Barrio de San Juan pegado al parque El Sabinal.

Lo que descubrieron rebasó todas las expectativas que ellas tenían.

“Hicimos esa petición con siete carpetas de investigación por personas desaparecidas. Y nos encontramos a 79”, señala.

Refiere que por primera vez el colectivo tuvo una reunión con el fiscal Carlos Zamarripa el 14 de diciembre. “Esta vez sí estuvo. Le pedimos varias cosas y gestionó de inmediato”.

-¿Pero no tendrían que esperar a que el Fiscal (dé una instrucción), o sí?-

“Sí, exacto. Yo he notado eso, Mariposas somos muy tranquilos, no nos gusta hacer plantones. Pero nos hemos dado cuenta que le pedimos algo a Yolanda (Domínguez, fiscal especial para investigación de delitos de desaparición) y nos dice sí claro, lo vamos a gestionar. Pero son los ministerios públicos de cada ciudad donde no atoran, donde se ponen los moños, y son los que debería de actuar rapidito en primera instancia, sin necesidad de que les llamen de más arriba para que los obliguen a trabajar como debe de ser”.

Además, la representante de Mariposas destellando explica que en Salvatierra, donde ya se dio el hallazgo de 79 cuerpos en fosas clandestinas -un primer punto de cuatro que tienen ubicados para buscar- “sólo hay un agente del ministerio público especializado” para casos de desaparición de personas, mientras que los fines de semana “sólo hay guardias”.

El colectivo tiene un dato extraoficial de unas 70 personas de este municipio desaparecidas actualmente, “el número es mucho más grande, sólo que las familias tienen mucho miedo”.

Angie Almanza resalta el hecho de que “a la Fiscalía (general del estado) hay que tratarla con pinzas, porque sí, son muy herméticos. Le ha dado mucho trabajo abrirse con las familias”.

También reveló que en lo que respecta al colectivo, de los hallazgos en Salvatierra se logró ya la identificación de cuatro personas: los amigos René Cardoso y Gabino Jiménez, originarios de Santiago Maravatío, quienes desaparecieron juntos, el 29 de agosto pasado, así como a Miguel Lara Carapia y su sobrino Jesús Lara Jaime, originarios de Salvatierra y quienes fueron desaparecidos el 26 de febrero de este mismo año.

Evelina Guzmán, integrante del colectivo Justicia y esperanza -formado por familias de 22 migrantes de San Luis de la Paz que fueron desaparecidos en 2011 en su ruta a la frontera norte- habla de otros aprendizajes:

“Nos ha costado entender y conocer más de política para entender el contexto, por dónde van y las mañas del gobierno para que nos ponga esas piedras enormes en el camino”.

Y una realidad: “La desaparición de personas se ha disparado al 200 por ciento”.

Ambas coinciden en que estos últimos hallazgos en Acámbaro fueron particularmente impactantes.

“Ya el modus operando de algunos grupos delictivos no es matar, sino mutilar, lo vimos en Acámbaro. Es lamentable. ¿Quién se hubiera imaginado que nos íbamos a encontrar así a las víctimas? ha sido muy fuerte para nosotras encontrarnos con todo esto en el trabajo de campo”, señaló Evelina.

En entrevistas por separado, igualmente coinciden en cuál es el principal reto que tienen enfrente, precisamente por los hallazgos masivos con los que se encontraron en el 2020. En palabras de Evelina, “necesitamos encontrar para entregar; para ayudar a familias que tienen miedo a denunciar ante el contexto que vimos nosotros”.

“Entre mejor hagamos el trabajo de recuperación, apoyemos a familias que tienen miedo, es una de las mayores satisfacciones que nos quedan. No debemos dejar que nos doblegue el gobierno, ellos son parte de todo el problema que tenemos en Guanajuato”, dice Evelina Guzmán.

“Nuestra misión no es encarcelar o hacer justicia -remarca Angie Almanza-. Nuestra misión es regresarlos a casa”.

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