Tres integrantes del Colegio de Abogados de León fueron citados por la agente del MP Violeta Mendoza Rosales en la carpeta de investigación 36739/2021, para corroborar dichos del ex candidato de Morena contra el fiscal

La fiscalía especializada en combate a la corrupción, encabezada por Marco Antonio Medina Torres, llamó a comparecer a tres integrantes del Colegio de Abogados de León como testigos de las afirmaciones realizadas por el ex candidato a la alcaldía por Morena, Ricardo Sheffield, de presuntos vínculos del fiscal general del estado con la delincuencia organizada.

El fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, es superior jerárquico del fiscal anticorrupción, aunque este cuenta con autonomía técnica y operativa. El jueves 10 de junio, el funcionario anunció a corresponsales de medios nacionales que iniciaría acciones legales en contra de Sheffield Padilla por acusarlo de ser «el líder del crimen organizado en Guanajuato.»

Aunque desde el 9 de junio, un día antes del anuncio de Zamarripa, la Fiscalía para el combate a la corrupción, a través de la agente del ministerio público Violeta Mendoza Rosales, citó a comparecer como testigo al presidente del Colegio de Abogados de León, Víctor Manuel Sánchez Quiroz, dentro de la carpeta de investigación 36739/2021, para presentarse el viernes 11 de junio a las 11:30 horas en las oficinas de la fiscalía ubicadas en la comunidad de Cervera, en la capital del estado.

Días después también fueron citados dos integrantes más del Colegio, ambos participantes en la planilla de Sheffield: Jorge Marcelino Trejo Ortiz e Iván Omar Plasencia Navarrete, candidatos a síndico titular y suplente, cuando se realizó la reunión con los abogados agremiados, el 12 de abril de este año.

Los citatorios mostrados a POPLab tienen fechas del 21 de junio, en el caso de Trejo Ortiz; y del 25 de junio el de Plasencia Navarrete. Este último incluye medidas de apremio como amonestación, multa y arresto por 36 horas en caso de no ser atendido.

Foto:Especial

El rendimiento de la fiscalía anticorrupción

La rapidez de la agente Violeta Mendoza Rosales para citar a los asistentes a la reunión del candidato de Morena con el Colegio de abogados contrasta con la suerte que corren otros trámites realizados ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

En sus primeros 3 años y medio de existencia, de agosto de 2017 a febrero de 2021, la fiscalía encabezada por Medina Torres había iniciado 185 investigaciones derivadas de denuncias de particulares y de dependencias públicas, un promedio de 4 al mes. De ellas, apenas había judicializado 28 investigaciones, ocho al año o dos cada tres meses. Las cifras se sustentan en una consulta realizada al mecanismo de transparencia de la FGE el 17 de febrero de 2021.

Hasta el momento, la fiscalía anticorrupción no ha informado en qué consiste la investigación contenida en la carpeta 36739/2021 y quién fue el denunciante, pero todo hace suponer que la misma se abrió a petición del fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre y que fue la misma a la que aludió en su reunión con reporteros, sin precisar la instancia ante la que presentaría su litigio, dijo textualmente: «los que somos abogados de verdad, que conocemos el derecho, sabemos cuáles son las instancias para poder, precisamente, hacer valer nuestros derechos».

Marco Antonio Medina Torres. Foto: Sistema Estatal Anticorrupción

Inválidos los testimonios si no son ratificados ante un juez

Un experto en temas procesales entrevistado sobre la posibilidad de que el proceso abierto por la fiscalía especializada en combate a la corrupción tuviera después validez ante un juez civil en una posible denuncia por daño moral, externó que las comparecencias de testigos ante una agente del ministerio público no constituyen prueba si no cumplen con los principios de «inmediatez» y «contradicción», es decir que las pueda conocer el juez de primera mano y que los señalados tengan posibilidad de desacreditar los testimonios.

Interrogado sobre la finalidad de estos citatorios, el experto consultado aceptó que puede tratarse solo de una táctica intimidatoria.

Otro abogado litigante al que se solicitó su opinión, señaló que se trata de un descarado uso de las instituciones públicas para un asunto particular: «el fiscal está presentando dichos y sus empleados le dan toda la credibilidad, en cambio hay litigantes que han presentado pruebas concluyentes de actos de corrupción de funcionarios públicos ante la fiscalía especializada que no han sido atendidos», abundó.

Después de conocer la intención de Carlos Zamarripa de denunciar a Ricardo Sheffield por sus afirmaciones sobre la complicidad del fiscal con el crimen organizado en la entidad, el gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró: “Es un tema entre particulares, en el ámbito civil y yo respeto ese pleito. No voy a opinar, es un tema entre particulares.»

Al parecer no se trata de eso y el pleito entre particulares tiene del lado de uno de ellos a la fiscalía especializada en el combate a la corrupción.