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La bancada del PAN en el Congreso solo tuvo que levantar la mano a favor de todas las instrucciones que llegaron desde el Palacio de Gobierno para pasar sin contratiempos 3 años de gris y costoso desempeño. Dejan un fiscal carnal, leyes inservibles, deudas e impuesto altos.

A una gran mayoría de los diputados del PAN que están a punto de entregar sus encargos en el Congreso del estado no les preocupa quedarse desempleados, porque los favores que hicieron para el Ejecutivo los cobraron ya con nuevos puestos a nivel municipal, en la administración estatal o con la reelección que les asegura tres años más de dieta.

Miguel Salim Alle, Rolando Alcántar Rojas, Cristina Márquez Alcalá, Víctor Zanella Huerta, Armando Rangel Hernández, Katya Soto Escamilla y Noemí Márquez Márquez; todos repetirán por tres años más en la Legislatura. Todos ellos le concedieron al gobernador la aprobación del pase automático del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre; le autorizaron deuda por más de 10 mil millones de pesos y avalaron incluso incrementos de impuestos.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, hoy secretaria de Gobierno, también apoyó todas estas modificaciones. En la coyuntura electoral, cambió sus aspiraciones de ser alcaldesa de León por un puesto de primer nivel en el gabinete estatal, seguro hasta 2024.

En cambio todos ellos dejaron pendientes importantes, sobre todo en la agenda de derechos humanos, matrimonio igualitario, derecho a la identidad, prohibición de terapias de conversión y hasta la creación de una fiscalía especializada para la atención de los delitos contra las mujeres.

Fotos: archivo.

Alejandra Gutiérrez Campos, Lorena Alfaro García y Germán Cervantes Vega son actualmente alcaldes electos, tres legisladores también premiados por apoyar las solicitudes del Gobierno del Estado durante los últimos tres años. Guadalupe Vera Hernández y Martha Delgado Zárate están también en la lista de beneficiados, el primero con una regiduría en el próximo Ayuntamiento de León y ella como síndica en el Ayuntamiento de la Capital.

Aunque circulan algunas versiones de que Paulo Bañuelos Rosales podría reincorporarse a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y el pastor de los legisladores panistas, Jesús Oviedo Herrera, podría llegar a la Secretaría de Desarrollo Social, ninguno de los dos habla sobre sus futuros.

Regalan panistas pase automático Zamarripa, el ‘fiscal más carnal’ en México

El noviembre de 2018, algunas semanas después de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confirmara públicamente su deseo mantener en el cargo a Carlos Zamarripa Aguirre, entonces procurador de Justicia, diputados del PAN se presentaron en conjunto para anunciar que no haría cambios a la Constitución local y concederían el pase automático al funcionario.

“A través de un análisis responsable y minucioso al interior del grupo, nos pronunciamos a efecto de mantener nuestra Constitución local en los términos actuales… consideramos que el ciudadano Carlos Zamarripa Aguirre cumple con los requisitos constitucionales, el perfil y la experiencia para ocupar el cargo”, anunció el 30 de noviembre el líder de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera en una rueda de prensa.

Para hacer aquel anuncio, después de sacarle la vuelta al tema por meses, el pastor de los panistas se hizo acompañar por 16 de sus compañeros. Al frente lo flanquearon Libia García, Cristina Márquez, Lorena Alfaro y Miguel Salim. En aquel anuncio solo estuvieron ausentes Alejandra Gutiérrez, hoy alcaldesa electa de León y el diputado Rolando Alcántar, reelecto para un segundo período en el Congreso.

Para justificar la decisión, dijeron que Carlos Zamarripa contaba con carrera de servicio civil dentro de la Procuraduría de Justicia, había aprobado los exámenes de control de confianza y sobre todo, garantizaron que no tenía militancia con ningún partido político.

En febrero, en medio de protestas de diversos grupos políticos y organizaciones ciudadanas, Carlos Zamarripa Aguirre rindió protesta como fiscal general del Estado. La ratificación procedió con la lectura de una carta enviada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Pero no solo los diputados panistas le dieron su apoyo, después del nombramiento legisladores de otros partidos como el PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, se pronunciaron por otorgar un voto de confianza a Zamarripa. El único que se arrepentiría después de esto fue el perredista Isidoro Bazaldúa Lugo.

“No han sido fácil las decisiones que han tomado, las decisiones que han tomado este grupo parlamentario y podemos hablar de decisiones complicadas, como tomar decisiones en materia de seguridad, como sucedió con la ratificación del fiscal, como lo hemos hecho, como fue la aprobación de casi 13 leyes en materia de seguridad”, enfatizó en el gobernador en el último informe de resultados de los legisladores panistas.

Autorizan leyes ineficaces

Para supuestamente hacer frente a la violencia en la entidad, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo envió al Congreso una serie de iniciativas encaminadas a mejorar la seguridad; modificaciones a algunas normas ya existentes o leyes completas y los diputados las aprobaron. Hoy algunas de estas normas son letra muerta.

Por ejemplo, solicitó al Congreso la aprobación de leyes para regular las actividades de los yonkes, chatarreras y casas de empeño. En la legislación se aprobó la implementación de dispositivos biométricos para recolectar de los usuarios y con ello evitar la comercialización de objetos robados y una de sus grandes impulsoras fue la diputada Cristina Márquez Alcalá.

Hoy esta legislación parece letra muerta, pues recientemente en León se detectó mercancía robada en una chatarrera, cuando se supone que la Fiscalía del Estado debería estar en vigilancia permanente de estos lugares.

Se realizaron reformas para crear una Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y otras reformas al Código Penal buscando endurecer sanciones para disminuir los índices delictivos.

“Hemos promovido reformas para modernizar el marco jurídico y atender las demandas de seguridad social para las familias guanajuatenses y hemos tenido el respaldo de este grupo de legisladores y legisladoras, junto con los de otros grupos parlamentarios y ese respaldo se ha convertido en el sustento legal para las estrategias, programas y acciones que implementamos en todo el territorio estatal”, mencionó también el gobernador en el último informe de actividades de los legisladores panistas.

Avalan a Diego 10 mil millones de deuda en un solo año

En menos de un año, los diputados panistas autorizaron al Gobierno del Estado dos créditos que en conjunto suman más de 10 mil millones de pesos. El primero de los créditos fue autorizado en enero de 2020 por 5 mil 350 millones de pesos; la justificación fueron los recortes presupuestales federales.

La autorización se dio en medio de un debate entre legisladores de Morena, quienes consideraron que la deuda podría evitarse y los panistas que insistieron en que la disminución de participaciones federales generaría impacto económico en Guanajuato.

A favor de la deuda votaron por supuesto, los 19 diputados panistas y legisladores del PRI, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, la morenista Josefina Salas Bustamante y la diputada independiente Angélica Paola Yáñez González. En contra se pronunciaron sólo cuatro legisladores de Morena.

Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa electa de León y entonces presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, defendió la solicitud justificándola por la falta de recursos para proyectos de infraestructura y las buenas calificaciones crediticias del Estado.

En mayo del mismo año, el gobernador volvió a anunciar la solicitud de una deuda por otros 5 mil millones de pesos. Esta vez argumentó que los recursos eran necesarios para enfrentar la pandemia por el COVID-19, que comenzó a surtir efecto en marzo de 2020 en Guanajuato. Con esto, la deuda del Estado se elevó a más de 10 mil millones de pesos.

“Mucho se ha hablado de estas dos línea de crédito por más de 5 mil millones de pesos cada una que nos otorgó este Congreso, esta Legislatura, hubo muchas críticas que ¿Por qué no hacíamos otras cosas que ya hemos hecho como ahorrarnos el presupuesto?, ¿apretarnos el cinturón?, ¿modificar los ahorro que se han logrado? Pero déjenme decirles lo que resultó esta decisión valiente que ustedes tomaron: la obra pública en el 2020 cayó en el país un 24%, a nivel nacional cayó la obra pública, en Guanajuato ¿Qué creen? Creció un 8% y eso gracias a que se le inyectaron esos 10 mil millones de pesos en estos dos últimos años”, afirmó el gobernador recientemente.

Aseguró que expertos en economía señalan que ante cualquier crisis económica se deben inyectar recursos en infraestructura pública y aseguró que gracias a esto los empleos en el sector de la construcción crecieron en 2.4%. Sin embargo, durante el 2020 y debido a la pandemia por el COVID-19, en Guanajuato se perdieron 50 mil 897 fuentes de empleo y a principio del año solo se habían recuperado la mitad de ellos, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.

También apoyan aumento a impuestos

Junto con la aprobación de solicitudes de deuda, los diputados panistas apoyaron el incremento del Impuesto sobre Nóminas para las empresas en el estado 2.3 a 3%, aunque este será vigente hasta 2022.

La autorización de este incremento durante la discusión del paquete económico 2021 generó desaprobación de la oposición, porque consideraron que no correspondía a la Legislatura definir un impuesto proyectado para otro ejercicio fiscal. Sin embargo, los panistas aprovecharon su mayoría e hicieron su voluntad.

Pero este incremento no fue el único, en ejercicios fiscales anteriores, los diputados apoyaron incremento a impuestos como la tenencia para autos de lujo y otros aumentos a impuestos cedulares, los cuales subieron entre 100 y 150% entre 2019 y 2020. Se incrementaron también los impuestos a servicios de hospedaje y por la venta final de bebidas alcohólicas.

Todas las aprobaciones tuvieron la defensa de la hoy alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien por casi tres años presidió la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

Designan a ombudsman sin perfil y militancia panista

Vicente Esqueda Méndez, un panista de larga trayectoria llegó a ser procurador de los Derechos Humanos, también gracias a los votos a favor de los diputados de Acción Nacional y al contar con la aprobación del Ejecutivo.

Su designación se dio en diciembre de 2020 y también tuvo la ayuda de la entonces perredista Claudia Silva Campos, quien entonces presidía la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Silva Campos es hoy alcaldesa electa de Acámbaro por el Partido Acción Nacional y no por el partido al que representa en el Congreso, el PRD.

El proceso fue un conjunto de irregularidades, primeramente por la filiación partidista de Esqueda Méndez y por la falta de perfil para encabezar el cargo, pues su trayectoria estaba dirigida al derecho administrativo y no a los derechos humanos, además de que las integrantes de la comisión que calificaron el proceso no transparentaron los criterios para darle el puntaje más amplio pese a que entre las y los aspirantes había perfiles mejor preparados.

En la decisión intervinieron las diputadas panistas Libia Dennise García Muñoz Ledo -actual secretaria de Gobierno- y Katya Soto Escamilla, diputada reelecta en el distrito de San Miguel de Allende.

Recientemente, el gobernador no tuvo empacho en agradecer a los diputados panistas su respaldo para hacer todos estos cambios y designaciones, los llamó valientes y les pidió sentir orgullo.

“Son decisiones valientes las que han tomado, son decisiones valientes que seguramente les han acarreado críticas, cuestionamientos, reclamos, pero que ustedes han sabido con argumentos, señalar por qué es importante tomar estas decisiones, hoy les digo siéntanse orgullosos”, señaló públicamente.

Sin embargo a los diputados panistas les faltó valentía para aprobar modificaciones que Legislatura tras Legislatura se han evitado. Las reformas al Código Civil relacionadas con matrimonios igualitarios son la gran deuda que el estado tiene con la comunidad LGBTIQ+.

En lo relacionado a este tema quedaron tres iniciativas pendientes: una presentada por diputados del PRD desde 2018, otra por Morena y una más por legisladores del PVEM. Los cambios pendientes al Código Civil incluyen el reconocimiento al derecho a la identidad, para que las personas que se identifican con un género distinto puedan cambiarlo legalmente y también quedaron dos iniciativas relativas a la prohibición de las terapias de conversión.

Por el apego a sus creencias partidistas, los diputados del PAN se negaron de forma rotunda a legislar sobre la interrupción legal del embarazo; tampoco estudiaron la creación de una fiscalía especializadas en delitos contra las mujeres, pese a que Guanajuato ocupa los primeros lugares en homicidios en contra de ellas.

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