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Miguel Alonso Raya

Al viejo estilo de los expresidentes priistas, (Luis Echeverría, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, entre ellos) que acostumbraban a usar artimañas para explorar la opinión pública respecto a sus intenciones de reelegirse en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, con la complicidad de Morena y sus aliados, propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), puedan ampliar la duración de su encargo; al parecer,  sin antes haber consultado con las y los Ministros.

La propuesta ya fue avalada en el Senado de la República, a través de la inclusión de un artículo transitorio que se introdujo de manera subrepticia al dictamen y sin informar, antes de la votación en el pleno, a las y los senadores de todos los grupos parlamentarios.

La minuta correspondiente llegó este martes a la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política decidirá si el dictamen de la misma se discutirá antes del 30 de abril, fecha en que termina el segundo periodo ordinario del tercer año de actividades legislativas, que en los hechos significa el fin de la LXIV Legislatura. Por eso las prisas de López Obrador y Morena para acelerar dicha reforma.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial plantea ampliar de 4 a 6 años el periodo del Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y de 5 a 7 años el de los integrantes del CJF.

Morena, la oposición y toda  la Cámara de Diputados, deben votar en contra de esta reforma que viola la Constitución,  la autonomía del Poder Judicial y vulnera la división de poderes.

Es una grave claudicación que el Coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Mancera, haya votado en favor del dictamen en comento. Sería muy lamentable que lo haya hecho como una especie de concesión por las investigaciones que realizan las autoridades judiciales por presuntas irregularidades durante su administración como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Esta es la estrategia que acostumbra a utilizar López Obrador, quien mediante la amenaza de enviar a la cárcel, el chantaje, la complicidad o la componenda, termina imponiendo sus decisiones, aunque éstas resulten inconstitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debería, categóricamente, deslindarse de esta maniobra del Ejecutivo Federal, avalada por las y los senadores de Morena y sus aliados. Debe exigir respeto a sus facultades y autonomía frente a los otros dos poderes y no caer en la tentación que le pone el Ejecutivo Federal que, en el fondo, lo que busca es terminar de someterla.

Las y los Ministros deben tener claro que esta propuesta es un dulce envenenado, porque con esta maniobra López Obrador y Morena pretenden influir en las decisiones que solo competen a las y los integrantes SCJN, se entrometen en sus determinaciones soberanas, rompen con la división de poderes, y pretenden ampliar el periodo de las y los Ministros, sin antes, es un supuesto, ni siquiera haberlos consultado; pero además, lo hacen con engaños y maniobras de todo tipo, como los cuatreros.

El Presidente actúa como si no entendiera,  que en México existe una división de poderes, y que más allá de si le tiene confianza al Ministro Arturo Zaldívar, este es Presidente de un poder autónomo, que toma decisiones colegiadas y que está mandatado por la Constitución para tomar determinaciones respecto a su vida interna y resolver los problemas que le aquejan.

Sin embargo, es de preocupar cuál será la decisión de Morena y su mayoría artificial  en la Cámara de Diputados, pueden hacer  todo lo posible para sacar esta minuta, sin cambiarle ni una coma como acostumbran, pero también, pueden modificarla eliminando el transitorio, motivo de discusión y especulación.

Por eso es clave que, el próximo 6 de junio, las y los ciudadanos salgan a votar en libertad para defender la transición democrática, poniendo un alto a quienes pretenden imponer su visión y decisiones violando la Constitución y las Leyes.

Para poder seguir impulsando la democracia, con apego al Estado de Derecho, es indispensable recuperar el equilibrio político y el debate plural en la Cámara de Diputados. Nunca más un Poder Legislativo subordinado al capricho presidencial.

Raya

Al viejo estilo de los expresidentes priistas, (Luis Echeverría, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, entre ellos) que acostumbraban a usar artimañas para explorar la opinión pública respecto a sus intenciones de reelegirse en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, con la complicidad de Morena y sus aliados, propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), puedan ampliar la duración de su encargo; al parecer,  sin antes haber consultado con las y los Ministros.

La propuesta ya fue avalada en el Senado de la República, a través de la inclusión de un artículo transitorio que se introdujo de manera subrepticia al dictamen y sin informar, antes de la votación en el pleno, a las y los senadores de todos los grupos parlamentarios.

La minuta correspondiente llegó este martes a la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política decidirá si el dictamen de la misma se discutirá antes del 30 de abril, fecha en que termina el segundo periodo ordinario del tercer año de actividades legislativas, que en los hechos significa el fin de la LXIV Legislatura. Por eso las prisas de López Obrador y Morena para acelerar dicha reforma.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial plantea ampliar de 4 a 6 años el periodo del Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y de 5 a 7 años el de los integrantes del CJF.

Morena, la oposición y toda  la Cámara de Diputados, deben votar en contra de esta reforma que viola la Constitución,  la autonomía del Poder Judicial y vulnera la división de poderes.

Es una grave claudicación que el Coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Mancera, haya votado en favor del dictamen en comento. Sería muy lamentable que lo haya hecho como una especie de concesión por las investigaciones que realizan las autoridades judiciales por presuntas irregularidades durante su administración como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Esta es la estrategia que acostumbra a utilizar López Obrador, quien mediante la amenaza de enviar a la cárcel, el chantaje, la complicidad o la componenda, termina imponiendo sus decisiones, aunque éstas resulten inconstitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debería, categóricamente, deslindarse de esta maniobra del Ejecutivo Federal, avalada por las y los senadores de Morena y sus aliados. Debe exigir respeto a sus facultades y autonomía frente a los otros dos poderes y no caer en la tentación que le pone el Ejecutivo Federal que, en el fondo, lo que busca es terminar de someterla.

Las y los Ministros deben tener claro que esta propuesta es un dulce envenenado, porque con esta maniobra López Obrador y Morena pretenden influir en las decisiones que solo competen a las y los integrantes SCJN, se entrometen en sus determinaciones soberanas, rompen con la división de poderes, y pretenden ampliar el periodo de las y los Ministros, sin antes, es un supuesto, ni siquiera haberlos consultado; pero además, lo hacen con engaños y maniobras de todo tipo, como los cuatreros.

El Presidente actúa como si no entendiera,  que en México existe una división de poderes, y que más allá de si le tiene confianza al Ministro Arturo Zaldívar, este es Presidente de un poder autónomo, que toma decisiones colegiadas y que está mandatado por la Constitución para tomar determinaciones respecto a su vida interna y resolver los problemas que le aquejan.

Sin embargo, es de preocupar cuál será la decisión de Morena y su mayoría artificial  en la Cámara de Diputados, pueden hacer  todo lo posible para sacar esta minuta, sin cambiarle ni una coma como acostumbran, pero también, pueden modificarla eliminando el transitorio, motivo de discusión y especulación.

Por eso es clave que, el próximo 6 de junio, las y los ciudadanos salgan a votar en libertad para defender la transición democrática, poniendo un alto a quienes pretenden imponer su visión y decisiones violando la Constitución y las Leyes.

Para poder seguir impulsando la democracia, con apego al Estado de Derecho, es indispensable recuperar el equilibrio político y el debate plural en la Cámara de Diputados. Nunca más un Poder Legislativo subordinado al capricho presidencial.

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