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Arnoldo Cuéllar
 
En el sexenio de Miguel Márquez Márquez, un gobernador que
prácticamente no tuvo crisis mediáticas y transitó su gobierno como el
mandatario estatal mejor calificado en el país, Guanajuato sufrió dos
transformaciones radicales: se convirtió en uno de los mayores paraísos
del robo de combustible, como lo reflejan la cantidad de tomas
localizadas y denunciadas; y elevó sus cifras de violencia homicida en
un mil por ciento.

Miguel Márquez tuvo un gran éxito en deslindarse de ambas
responsabilidades, como si gobernar un territorio no significara hacerse
cargo de todo lo que ocurre en él para atenderlo o gestionar su
atención en coordinación con otras instancias.

AIC

Parafernalia sin contenido, ni respeto a derechos humanos. Foto: Twitter.

El exmandatario disfrutó mucho la
inauguración de obras realizadas con recursos federales y la atracción
de nuevas empresas logradas con el concurso del gobierno de Enrique Peña
Nieto, incluso presumía una relación privilegiada con el presidente
priista. Sin embargo, en el tema de la criminalidad fue consistente en
su discurso: se trataba de una responsabilidad federal que excedía al
estado.

Bajo ese paraguas declarativo ocultaron sus responsabilidades los
funcionarios responsables de la seguridad: el secretario Alvar Cabeza de
Vaca y el procurador Carlos Zamarripa Aguirre.
No puede haber una tarea de seguridad, en sus líneas de previsión y
de persecución del delito, que pueda ser exitosa si renuncia a analizar
el fenómeno criminógeno y solo se refugia en eludir responsabilidades
por cuestiones formales.

Aunque el combate al robo de combustible a Pemex sigue siendo una
atribución federal, el trasiego de drogas es una responsabilidad
compartida con la justicia local, de acuerdo a la reforma a la Ley
General de Salud de 2009, que plantea que los Estados están obligados a
conocer, investigar y perseguir los delitos en esa materia.

Pero aparte de esos casos, los homicidios, cuyo crecimiento es
verdaderamente monstruoso, constituyen un delito de absoluta incumbencia
local, independientemente de las causas que los hayan originado.

Por ello, no se entiende que Carlos Zamarripa haya decidido alterar
las estadísticas de la PGJE para tratar de hacer aparecer menos delitos
que los reales, como se comprobó puntualmente en investigaciones
periodísticas, y que además de ellos se haya intentado eludir el bulto
sistemáticamente en cuanto a la responsabilidad local.

Entonces, tenemos a una Procuraduría de Justicia que elevó sus
presupuestos de manera notable, que construyó edificios ostentosos y
elevó sus sueldos, pero que no respondió con resultados y sí en cambio
trató de justificar su fracaso con maniobras que en un régimen más
estricto serían incluso materia de responsabilidad contra los servidores
públicos involucrados.

Pero no es lo único. En las últimas semanas se ha conocido por lo menos una docena de recomendaciones
de la tibia Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que ya
no ha podido hacerse de la vista gorda ante la sistemática violación de derechos humanos,
las faltas al debido proceso y la negligencia con la que actúan las
agencias del Ministerio Público y los agentes de investigación criminal
de la Procuraduría de Guanajuato.

Algunos de esos expedientes revelan que la tortura aparece de nuevo
como un procedimiento “normal” en los procedimientos de los agentes de
investigación criminal que, pese a sus modernas instalaciones y su
pretenciosa parafernalia, mantiene vicios de las corruptas policías del
pasado priista.

Y en un caso que apenas se presentó en diciembre y que dará aún mucho
de que hablar, el procurador Zamarripa ha sido evidenciado en el encubrimiento a los agentes
de policía estatales que asesinaron a un joven migrante en San Miguel
Allende, Leo Reyes, al que trataron de hacer pasar como iniciador de una
agresión, sembrando elementos de prueba, en un modus operandi que
aparece como sistemático en la actuación de los llamados cuerpos de
élite de la Secretaría de Seguridad y al propia Procuraduría de
Justicia.

Esa serie de hechos no ameritan comentario alguno de la legión de
voceros con los que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha tratado de
proteger el accionar de Zamarripa, ni de los diputados que atienden la
consigna de validar a Zamarripa como el próximo Fiscal General.

Han dicho los legisladores que su “respaldo“ a Zamarripa no será “un
cheque en blanco”. Sin embargo, ni siquiera hay que molestarse en
esperar que esa afirmación quede desmentida en el futuro, puesto que la
realidad actual la desmiente desde ya. Ningún diputado panista ha salido
a hacer referencia de la muerto de Leo Reyes, tampoco a revisar las
recomendaciones del Ombudsman que ellos mismos nombraron.

Frente a esa situación, la principal defensa que el gobernador
esgrime cuando trata de justificar su respaldo a Zamarripa es que tiene
“el visto bueno” del FBI y el gobierno de los Estados Unidos, además de
cursos en esa agencia norteamericana. Por cierto, de eso no se ha hecho
pública ningún tipo de documentación.

Sin embargo, resulta francamente provinciano que un aval
indocumentado del gobierno norteamericano sea utilizado como
justificación, por encima de la realidad que vivimos todos los días.
Suena a venta de espejos, suena a complejo de inferioridad, suena a
mentira flagrante y a ausencia absoluta de argumentos.

Me dicen, por otra parte, que Zamarripa en efecto hizo hace casi 20
años, cuando era agente del Ministerio Público, un curso de 110 días en
Quantico, Virginia, en la academia de formación del FBI. Bien por él,
pero hasta ahora los guanajuatenses no nos beneficiamos con lo que
aprendió.
Y, después de nueve años en el cargo deberían ser los hechos y no los
diplomas, los que hablen. A menos que el gobernador tenga razones que
no quiere compartir con sus conciudadanos, quizá porque esa es su idea
de gobierno: tratar a los gobernados como menores de edad.

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