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Ayotzinapa: simulación e impunidad

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Por.- Miguel
Alonso Raya 

A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa; es evidente la falta de voluntad real del Estado Mexicano para esclarecer verdaderamente los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a todos los implicados, tanto funcionarios como civiles.

La indagación en torno a estos lamentables acontecimientos sigue cubierta con un manto de confusión, manipulación, irregularidades e impunidad creado deliberadamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto que ante la dimensión de este crimen masivo y el desprestigio que le acarreó, desde un principio optó por darle una salida política y dejar de lado la aplicación estricta de la justicia.

A pesar de las pruebas científicas que presume la Procuraduría General de la República (PGR), lo cierto es que carece de los elementos fundamentales en toda investigación: certeza y confianza.

Y es que no se requiere dar muchas vueltas, pero las autoridades se han empeñado en hacerlo.

Desde un principio hubo evidencias de la participación no sólo de la policía, funcionarios municipales de Iguala, Cocula, y del grupo criminal con el que presuntamente estaban involucrados; sino también de elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y del involucramiento de personajes políticos como Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador de Guerrero, heredero del cacicazgo que su familia ha ejercido en el municipio del que son originarios, al grado de que se llama Hiutzuco de los Figueroa.

A pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya habían documentado la participación de la policía municipal de Huitzuco en los hechos de Iguala, la PGR se resistió a incluir estos indicios en la investigación oficial.

En 2014, este municipio era gobernado por Norberto Figueroa, pariente de Figueroa Alcocer y parte de su grupo político.

Apenas el 21 de septiembre pasado, la PGR aceptó que policías municipales de Hiutzuco sí estuvieron presentes en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en que desaparecieron los normalistas. (Milenio, 21/09/2016)

La PGR asegura que llamó a declarar a cerca de 100 personas de Hiutzuco, entre ellos a policías y funcionarios municipales, pero hasta el momento no ha librado ninguna orden de aprehensión; y tampoco ha aclarado si esta nueva línea de investigación lleva a la presunta participación de Figueroa Alcocer, que mantiene una fuerte influencia e intereses en la región y a quien en múltiples ocasiones se le ha señalado por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

La PGR tampoco se ha pronunciado respecto al papel que presuntamente desempeñaron elementos de la Policía Federal y del Ejército la noche de la agresión contra los normalistas y la negativa de estos últimos a proteger a los estudiantes que eran perseguidos, como ha sido sustentado por investigaciones de organismos de derechos humanos, periodistas y especialistas.

El 27 Batallón de Infantería ubicado en Iguala no es cualquier destacamento, es una unidad de inteligencia del Ejército Mexicano. Los militares tienen un papel preponderante en la coordinación del Centro de Control, Mando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Iguala, en donde participan todas las corporaciones que operan en la zona y desde donde se dio seguimiento a todas las acciones y hechos que ocurrieron antes, durante y después de los acontecimientos en los que perdieron la vida seis personas y desaparecieron los 43 normalistas.

El Estado Mexicano como tal, por la participación de las autoridades municipales, estatales y federales, debería reconocer plenamente, sin ambages, la desaparición forzada de los estudiantes y su responsabilidad por las omisiones en las que ha incurrido.

Y es que a dos años de los acontecimientos, la PGR ha sido incapaz de darle certeza a la investigación, de aportar pruebas sólidas y confiables y de convencer a los padres de familia de los motivos reales por los cuales sus hijos estuvieron esa noche en Iguala, de las auténticas causas del ataque y de que todos los que están detenidos son los verdaderos culpables y de por qué otros funcionarios y civiles presuntamente involucrados no han sido aprehendidos.

Un ejemplo reciente de estas inconsistencias es la decisión del presidente de designar a Tomás Zerón de Lucio como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, luego de su renuncia a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, que fue calificada por los padres de los 43 como una burla y un alarde de impunidad.

En su opinión, se busca crear un manto de protección alrededor de este funcionario al que se acusa de un sinfín de irregularidades, manipulación y ocultamiento de información durante la investigación de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ese tipo de cosas son las que más enredan y enrarecen la investigación, generan pérdida de credibilidad en las instituciones y funcionarios, alientan la desconfianza de los familiares de las víctimas y de la sociedad en general y desde luego que reafirman la falta de voluntad del Estado Mexicano y particularmente del Gobierno Federal para aclarar los sucesos, deslindar responsabilidades y sancionar a todos los implicados.

Con acciones de este tipo no hay manera de que la investigación pueda ser creíble. Para que esto sea posible es indispensable que el Ejecutivo Federal acepte replantearla a partir de la integración de un equipo plural y multidisciplinario, con personal de los órganos nacionales de investigación del Estado como de los organismos internacionales que se han involucrado, de los padres de familia y de especialistas en la materia.

Si hay voluntad en serio de aclarar lo sucedido eso es lo que se tendría que hacer, de otra manera esta será una administración marcada no sólo por la corrupción sino también por la violación de derechos humanos, la simulación y la impunidad. La desaparición de los 43 será una pesada lápida que Enrique Peña Nieto tendrá que cargar el resto de su vida.

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