23 enero, 2021

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Basta de intolerancia

3 minutos de lectura
Por: Miguel Alonso Raya

El “ya basta” del gobernador Miguel Márquez
ante las alertas y críticas por el alza en la incidencia delictiva en
Guanajuato no sólo muestra una actitud intolerante sino también un gesto de
desesperación ante la incapacidad de su administración para frenar el avance de
la inseguridad y la operación, en algunos municipios, de distintos grupos del
crimen organizado.
A pesar de su enojo, las estadísticas dadas
a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), son indicios claros de que la violencia, los asesinatos y delitos han
aumentado paulatinamente durante su gobierno.
De enero a septiembre se registraron 79 mil
623 delitos del fuero común, lo que coloca a la entidad en tercer lugar nacional,
únicamente por abajo del Estado de México con 153 mil 902, y de la Ciudad de
México que registró 133 mil 143.
En septiembre, el estado también ocupó el
tercer lugar con ocho mil 821 denuncias presentadas ante el Ministerio Público,
más que Jalisco con ocho mil 581 y Baja California con ocho mil 175 denuncias.
Asimismo, aumentaron los homicidios por
arma de fuego, los robos en general, asaltos a negocios y hurtos de vehículos.
Octubre está cerrando dejando a Guanajuato como el primer lugar nacional por el
número de homicidios. (SESNSP)
En los tres últimos años los homicidios
dolosos aumentaron, tan sólo de enero a septiembre se registraron 817. En el
mismo periodo de 2015, se cometieron 713 delitos de este tipo, y un año antes,
576.
De acuerdo con Pemex Transformación,
Guanajuato es uno de cuatro estados en donde el robo de gasolina se mantiene al
alza. Lo mismo sucede con los asaltos a trenes que este año han crecido de
manera exponencial, afectando principalmente a los municipios donde se ubica la
industria automotriz: León, Silao, Irapuato y Salamanca.
Así que, lo acepte o no el gobernador, la
inseguridad y violencia han colocado a la entidad y a los guanajuatenses en una
situación verdaderamente preocupante. Por eso, su “ya basta” en nada ayuda a
resolver este grave problema.
Desde hace mucho tiempo se han venido
escuchando reclamos por el impacto de la inseguridad desde los partidos
políticos, organizaciones sociales, empresarios e incluso de la Arquidiócesis
de México. (Universal, 17/10/2016)
Todos estos sectores han planteado una y
otra vez que es necesario revisar a fondo la política de seguridad pública.
Una de las acciones indispensables que el
gobierno tiene que hacer es examinar hasta qué grado los encargados de la
procuración de justicia y seguridad pública tienen o no responsabilidad en lo
que ha venido aconteciendo.
Lo cierto es que no se observa una política
integral en el rubro de la seguridad pública, como tampoco se perciben medidas
efectivas de carácter económico y social para fortalecer la educación,
recreación, cultura, recuperar los espacios públicos, fomentar el deporte y
combatir las adicciones.
Estas y otras acciones simultáneas podrían
ayudar a diseñar una estrategia preventiva para inhibir la inseguridad y acotar
la influencia del crimen organizado.
Adicionalmente, insisto en la necesidad de
instrumentar una estrategia conjunta con los 16 gobernadores de oposición para
negociar con el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda el presupuesto
que cada uno de los estados requiere, particularmente, en materia de seguridad.
Sin embargo, nada de esto será suficiente
en tanto no se construya un amplio acuerdo con todas las fuerzas políticas,
empresarios y organizaciones sociales, para juntos revisar, replantear e
instrumentar de manera eficaz la estrategia contra la inseguridad.
Pero lo primero que el gobernador debe
valorar son los hechos, reconocer la realidad y mostrar sensibilidad a las
críticas y propuestas. Nuestra intención no es denostar a su gobierno sino que
existe una preocupación legítima por los graves daños que la inseguridad está
provocando a los ciudadanos en general y, en particular, al desarrollo
económico y social del estado.

Para ello es necesario construir acuerdos
porque la inseguridad no se acabará por decreto, ni con desplantes
intolerantes.

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