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Washington,
D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza
categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el
Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria. La CIDH rechaza en forma
contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza
Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en
relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de
esta campaña de descalificación.
La Comisión
desea destacar que Emilio Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario
Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en
representación de la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”. Conforme  a las reglas de la Organización de Estados
Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano
para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas
de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de
Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto
tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.
La CIDH
expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una
averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún
hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada.
La denuncia
señala: «Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en
distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más
altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que
tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a
participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a
personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos
gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas
leyes en sus países respectivos.»
El acuerdo
de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de
los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado
por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación
y la Procuraduría General de la República (PGR). Fueron estas mismas partes las
que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y
expertas que constituyen el GIEI.
La propuesta
de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los
estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron  lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el
estado de Guerrero. Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo
Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos,
para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado
mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las
medidas cautelares.
La CIDH
designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en
acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes, por un
periodo de seis meses y con las siguientes atribuciones: el análisis de los
planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso
recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un
análisis técnico de las líneas de investigación para determinar
responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral
a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. En el transcurso de su
mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y
primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015.
Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las
víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de 6 meses.
El informe
de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de
septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la
investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En
particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a
conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús
Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero
de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por
GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de
investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de
verdad y justicia en este caso.
La Comisión
reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y
acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo.
Asimismo, la
CIDH respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que
en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresa
además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión
fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico
de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH.

La CIDH es
un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover
la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano
consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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