7 mayo, 2021

Cita juez a Alvar para responder por el delito de abuso de autoridad, mientras la FGEG busca protegerlo

A los reclamos de familiares de personas desaparecidas, Diego Sinhue respondió que «Alvar y Zamarripa se quedan hasta terminar mi sexenio»

La creciente violencia en la entidad y la falta de resultados que se traduzcan en la recuperación de la paz ha llevado a diferentes sectores de la población a exigir el cambio de titulares en la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, aunque Carlos Zamarripa Aguirre y Alvar Cabeza de Vaca mantienen el apoyo incondicional del gobierno panista de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Fotografías de archivo

En los últimos días también quedó patente la protección de la Fiscalía General del Estado al secretario de Seguridad Pública, tras el citatorio que giró una juez de control para que Alvar Cabeza de Vaca asista a una audiencia por el delito de abuso de autoridad presentado por cuatro víctimas detenidas durante la represión policial del pasado de 10 julio.

Familiares de personas desaparecidas, además de una activista, presentaron una denuncia por abuso de autoridad en contra de cinco elementos y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pero la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal.

A través de un recurso presentado por las víctimas, la juez de control Liliana Martínez Sandoval llamó a Alvar Cabeza de Vaca y cinco elementos de FSPE en calidad de presuntos imputados, a lo que la Fiscalía respondió con recurso de revocación para evitar que el secretario de Seguridad Pública y los policías se les investigue por el delito de abuso de autoridad.

La institución a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre presentó el escrito con el argumento que solo el Ministerio Público tiene las facultades para señalar quiénes pueden ser considerados imputados de un delito.

De acuerdo con Juan Ramón Espinosa, agente del MP, la juez no tiene las facultades legales para citar como “probables imputados” a Cabeza de Vaca y los agentes Atzimba, Elizabeth, Josefina, Alejandra y Óscar.

Protege Fiscalía a Alvar

En medio de la exigencia a las autoridades para atender el problema que enfrentan las familias por la desaparición forzada de un ser querido, colectivos de búsqueda recibieron como respuesta la represión a manos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a cargo de Alvar Cabeza de Vaca.

Tras la detención de cuatro mujeres durante la manifestación del 10 de julio pasado, transcurrieron 4 meses para que la Fiscalía General del Estado archivara las carpetas de investigación en su contra por presuntas lesiones a elementos de FSPE.

A finales de octubre, finalmente la institución que dirige Carlos Zamarripa Aguirre determinó no ejercer acción penal en contra de las mujeres, pero también cerró la investigación por la denuncia que ellas presentaron en contra de cinco policías estatales y del secretario de Seguridad Pública por abuso de autoridad.

Con la asesoría jurídica del abogado Roberto Saucedo Pimentel, las mujeres que fueron detenidas por elementos de FSPE presentaron un recurso de reclamación para que se mantenga la investigación contra los policías y Alvar Cabeza de Vaca.

La juez de control envió un citatorio para el martes 17 de noviembre a una audiencia en la que tanto el secretario de Seguridad Pública como los cinco elementos de la policía estatal puedan defenderse, como “presuntos imputados”.

Para revocar el citatorio, el agente del MP a cargo del caso presentó el documento en el que reclama que la juez de control considera a Alvar Cabeza de Vaca y a los cinco policías “presuntos imputados”, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales otorga exclusivamente al Ministerio Público la facultad de señalar a un posible autor o partícipe de un delito.

“Cabe señalar que no basta que quienes se dicen ofendidos realicen un señalamiento respecto de una persona para efecto de considerarlo imputado… esta representación social debe allegarse de datos de prueba para estar en condiciones de ejercer acción penal en contra de una persona”, señala el agente del MP Espinosa Gallardo.

En el recurso de revocación también expone que Alvar Cabeza de Vaca y los policías estatales no tienen procedimientos abiertos en su contra, por lo que no tienen porque atender a la cita de la juez.

Además, en los alegatos el representante de la Fiscalía General del Estado señala que es ilegal el citatorio porque de concretarse la audiencia porque no existen personas imputadas, por lo tanto, no tienen derecho a conocer la información que se acumulaba en las carpetas de investigación que se abrieron desde julio en contra de las mujeres por lesiones y en contra del secretario por abuso de autoridad.

El recurso presentado por la Fiscalía General del Estado para evitar que se cite a audiencia a Alvar Cabeza de Vaca fue considerado por los colectivos Sembrando Comunidad y A Tu Encuentro como una estrategia de protección a la Secretaría de Seguridad Pública.

La @FGEGUANAJUATO que no busca a nuestros desaparecidos, la misma que no sigue protocolos, la que amenaza a las víctimas por pertenecer a un colectivo; es la misma que defiende el abuso de la @FSPE_Gto y piensa que su trabajo es defender a @AlvarCdeV #GuanajuatoViolento pic.twitter.com/x4buAxc5rf— A tu Encuentro Colectivo Gto (@EncuentroTu) November 14, 2020

Lucha ante la FGE

Las familias de personas víctimas de desaparición forzada primero se toparon con la negación del delito en Guanajuato, después ante las evidencias de fosas clandestinas con decenas de cuerpos encontrados viene un nuevo obstáculo: la opacidad con la que la Fiscalía General del Estado maneja la información y los procedimientos para la identificación de los cuerpos.

En reiteradas ocasiones los colectivos de familias de personas desaparecidas han hecho denuncias por el mal trato institucional que reciben desde que presentan ante el Ministerio Público a reportar que un ser querido fue víctima del delito de desaparición forzada.

En las últimas semanas los hallazgos de fosas clandestinas en Salvatierra y Cortazar llevaron a colectivos de búsqueda a conformar un bloque para evidenciar la falta de información y acompañamiento a las víctimas desde la Fiscalía General del Estado.

Seis colectivos de Guanajuato se sumaron para enviar un comunicado en el que recuerdan que las leyes de Atención a Víctimas y Desaparición los amparan para solicitar a las autoridades que les permitan participar en los trabajos de búsqueda en las fosas clandestinas, además de dotarlos de equipo y transporte.

En total hicieron ocho peticiones a la Fiscalía General del Estado:

  1. Se transparente y realice expeditamente el proceso de identificación de cuerpos, valiéndose, en dado caso, del apoyo del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
  2. Acceso a colectivos, familiares y comisiones a la búsqueda en Cañada de Caracheo en Cortazar.
  3. Agotar completamente la búsqueda de campo en los puntos de Salvatierra.
  4. Asignación de un número adecuado de peritos, arqueólogos forenses y antropólogos forenses, para garantizar el correcto procesamiento de los restos y los sitios.
  5. Elaboración de análisis de contexto y patrones, la construcción de la verdad y la memoria, justicia y reparación.
  6. Entrega digna de los cuerpos
  7. Atendiendo las buenas prácticas de otras entidades, se solicitó a la FGE enviar personal desde el primer día de búsqueda, a primera hora, porque ha habido demoras cuando las familias dan con un hallazgo.
  8. Extender y facilitar el proceso de la toma de muestras de ADN a quienes tengan un familiar desaparecido con o sin denuncia.

También hubo solicitudes para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de reciente creación, con Jaime Rochín como titular.

Aunque los colectivos reconocieron que la comisión todavía no cuenta con plena capacidad operativa y financiera, se pidió al titular que agilice las gestiones a fin de que se pueda proporcionar a las familias el transporte, alimentación y en caso de ser necesario el hospedaje cuando acuden a búsquedas de campo.

Además, se hizo énfasis en la necesidad inmediata de que exista acompañamiento psicosocial a las familias y sus acompañantes durante los trabajos en campo, petición que han hecho de manera insistente.

Los colectivos Justicia y Esperanza, Buscadoras Guanajuato, Mariposas Destellando-Buscando Corazones y Justicia, Cazadores, De Pie Hasta Encontrarte y Una Luz En Mi Camino, recordaron que desde enero de 2016 el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, comprometió un fondo no limitativo por 10 millones de pesos para apoyar a las familias, pero a la fecha desconocen cómo se utilizó el recurso.

En el pronunciamiento reprocharon que durante todo el proceso de búsqueda la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato que dirige Raúl Montero de Alba ha estado ausente, mientras en otros estados el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos coadyuva con las víctimas.

Los colectivos firmantes del comunicado secundaron los pronunciamientos de Karla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda que denunció las omisiones y la opacidad de la Fiscalía General del Estado.

“Reconociendo su utilidad y apoyo, pedimos que se garantice en las búsquedas y capacitaciones el acompañamiento de personas observadoras de la sociedad civil, mismas que de manera voluntaria y solidaria se han organizado en un equipo de acompañamiento”.

«Alvar y Zamarripa se quedan hasta que termine mi sexenio»: Sinhue

Mientras crecen los señalamientos de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas por las omisiones y la revictimización en contra de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo insiste en defender la permanencia de Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca Appendini.

En una entrevista que dio al periódico am, Diego Sinhue Rodríguez descalificó los señalamientos de la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, por la falta de información a las familias y al organismo nacional sobre los hallazgos en Cortazar.

Al igual que lo hicieron días antes sus compañeros de partido Jorge Espadas Galván y Ariel Corona, uno diputado federal y el segundo alcalde de Cortazar, Rodríguez Vallejo aseguró que se trató de un “show mediático de esta señora, casualmente viene cuando quiere hacer este show”.

A decir del gobernador se trabaja de manera cercana con las víctimas, incluso volvió a presumir que hay un fondo de 10 millones de pesos para apoyarlos, aunque los colectivos desconocen cómo se han utilizado.

Durante la entrevista, el periodista Cutberto Jiménez de am cuestionó a Diego Sinhue Rodríguez sobre la insistencia de quienes piden la remoción de Carlos Zamarripa y la destitución de Alvar Cabeza de Vaca, a lo que el gobernador respondió que se quedarán en el cargo hasta que termine su administración.

“Están haciendo su trabajo y siguen firmes. Hasta el último día de mi sexenio estarán el fiscal y Alvar. Si siguen dando los resultados como hasta ahora los están dando sí”.

Además, consideró que tienen una “visión obtusa, por no decir muy mediana”, quienes responsabilizan a Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca del incremento de la violencia en la entidad.

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