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 Miguel Alonso Raya 

Antes de proponer cualquier reforma a los sistemas de pensiones en México, lo correcto es que se haga un corte de caja para evaluar a profundidad los resultados de las reformas de 1997 y 2007 para saber en dónde estamos parados y tomar las medidas correctas a fin de que los trabajadores logren tener pensión y que esta sea digna para poder atender sus necesidades básicas en la vejez.

A Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le preocupan más las finanzas públicas que la situación crítica que enfrentan los adultos mayores. Al menos eso se percibe cuando afirmó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propondrá una reforma de pensiones en la segunda mitad de su sexenio, en la cual se valorará aumentar la edad de retiro. (El Financiero 13/09/18)

Respecto a la Pensión para Adultos Mayores (que no es tal, sino un apoyo alimentario) se incrementará a mil 300 pesos mensuales, pero la edad para obtenerla aumentará a 68 años (para quienes viven en zonas urbanas), aunque los de 65 que ya están incluidos en el programa seguirán recibiendo los 600 pesos al mes.

Antes de implementar cualquier medida es pertinente revisar los resultados de las reformas antes citadas. Lo primero que se tiene que hacer es reconocer que el sistema de cuentas individuales no garantizará que la gran mayoría de los millones de trabajadores afiliados a las afores alcancen pensión y que se tiene que hacer una revisión integral de todos los sistemas de pensiones.

No hay manera que los trabajadores alcancen a cubrir los requisitos para poder tener pensión, particularmente el de cotizar 1250 semanas y la edad para el retiro. Como están las cosas, un trabajador tendría que laborar hasta los 90 o 94 años de edad para alcanzar pensión.

La revisión y evaluación integral es necesaria para saber qué de lo prometido con las reformas se cumplió.

Se crearon expectativas y se hicieron promesas que resultaron falsas. Cuando se presentaron y aprobaron se dijo que se alcanzaría un conjunto de objetivos.

Sin embargo, a más de 20 años es claro que esos resultados, especialmente los beneficios para los trabajadores (pensión, recreación, una mejor calidad de vida, mejor atención médica con un eficiente servicio de urgencias y atención especializada, entre otros), es un hecho que no se cumplieron ni se podrán lograr por el camino que vamos.

Las autoridades pueden alegar que algunas metas sí se alcanzaron, como tener un sistema de ahorro fuerte. Sin embargo, este le sirve fundamentalmente al gobierno y a las empresas privadas para financiarse. Hay cerca de 3 billones 400 mil millones de pesos entre las aportaciones que hacen los patrones y los trabajadores, más lo que aporta el gobierno para efecto de darle viabilidad a las cuentas individuales.

Con ello la macroeconomía obtuvo un instrumento para la estabilidad, para que el gobierno se autopreste y los empresarios utilicen recursos de las afores para rescatar sus compañías o invertir en distintos proyectos. Es el caso de Pinfra, OHL México, ICA, Oro Negro y algunas de las que están operando en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los dueños de las afores también están haciendo el negocio de su vida. En 2017 las once afores que operan obtuvieron en conjunto por concepto de cobro de comisiones ganancias por arriba de los 21 mil millones de pesos.

Otro aspecto poco transparente son los dividendos que obtienen los funcionarios por gestionar créditos multimillonarios a cuenta de los recursos de las afores a favor de empresas. Uno más tiene que ver con los rendimientos que obtienen las afores con los traspasos irregulares.

Por eso, el llamado al nuevo gobierno sería no adelantar vísperas ni propuestas, sino que primero hagamos un esfuerzo por tener claro en dónde estamos parados, qué es lo que ha pasado con las reformas, para qué sirvieron y para qué no y en función de eso, decidir qué es lo que debe impulsarse como política pública en materia de seguridad social y, en particular de las pensiones, para lograr mejores condiciones de vida en la vejez.

Realizar este corte de caja es indispensable para tomar las decisiones correctas, entre ellas, considero muy importante la integración de un grupo de expertos -como se ha hecho entre otros países, entre ellos Chile-, para que revisen a fondo lo que está pasando en los sistemas de pensiones y ya con el diagnóstico se planteen algunas alternativas de solución.

Otra propuesta es la creación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Pensiones, para efecto de que pueda ordenar los distintos sistemas de pensiones y los cambios que son necesarios implementar. En    los estados, por ejemplo, se están haciendo reformas costosas que no están resolviendo el problema de la crisis pensionaria.

Antes de cualquier medida, se requiere un análisis profundo no sólo para mitigar el impacto que el pago de las pensiones en curso está provocando en las finanzas públicas, sino para atender un problema estructural que está dejando a millones de trabajadores en la pobreza y en la mendicidad, situación que no se resolverá con buenos deseos y paliativos, sino con medidas eficaces y de largo alcance.

Sin lugar a dudas, los propietarios de las afores seguirán argumentando que las reformas van bien, que hay buenos rendimientos y que para mejorarlas hay que aumentar la edad y las aportaciones, intervenir el sistema de transición, implementar la hipoteca inversa y llevar los sistemas estatales a cuenta individuales. No dirán lo contrario, han obtenido ganancias multimillonarias a costa de los trabajadores.

Lo sorprendente es que el próximo gobierno, que prometió combatir la desigualdad y proteger a los trabajadores, respalde algunas de estas propuestas y con ello la injusticia que padecen millones de adultos mayores.

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