27 octubre, 2020

Voces Laja Bajío

Juntos llegamos más lejos

Crónica del Bajo Mundo

6 minutos de lectura
¿Por qué perdió el PRI?

Por: José Luis
Ramírez
La virulencia
criminal que infecta a todo el país, para la elite política es una oportunidad
inmejorable de seguir pescando en rio revuelto. E ironías de la vida, para los
virreyes de la izquierda, ahora pajes decorativos de los pinos, ese es un
capitulo de nota roja.
Los temas de
inseguridad, ilegalidad, corrupción e impunidad son los puntos de quiebre del
sistema judicial en México, y claro, son el reflejo de un sistema político
incapaz de limpiar de las calles y las instituciones la podredumbre. Nos
enfrentamos a un círculo vicioso que podemos advertir en las cifras que arrojan
estos temas.
Acerca de la podredumbre.

Según las estadísticas
el 80% de los mexicanos que no están blindados ni tienen guardaespaldas no se
sienten seguros. Y de cierto, tienen razón, en los primeros cinco meses de este
años, se han registrado 4 mil homicidios relacionados con el crimen organizado
que van sembrando el miedo en las calles, en los negocios, y ahora en las
instituciones publicas.
De acuerdo al
Consejo coordinador empresarial, tres de cada 10 empresas han sido víctimas de
delitos, lo que ha tenido un costo anual de alrededor de 110 mil millones de
pesos. Tan solo Ferromex gasta 35 millones de pesos mensuales en gastos de seguridad,
Celaya es un ejemplo de ese gasto.
Un dato sin
cuantificar son las cuotas millonarias que deben pagar ahora los municipios al
crimen organizado, sobre todo en los nichos más violentos del país.
Las estrategias
para desarrollar un sistema confiable de prevención y seguimiento del delito, comenzaron
con la depuración policiaca. De un total de 295,761 agentes estatales y municipales, 36,698 no
pasó los controles de confianza, según fuentes oficiales. Pero, muchos de
ellos, no fueron despedidos porque no había dinero para liquidarlos. Actualmente,
la ciudadanía le tiene una gran desconfianza a la policía por sus vínculos con
el crimen organizado, un botón de muestra fue su colusión en la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
una vieja postal de la inmoralidad

De cada diez
delitos que sufre la ciudadanía, tan solo uno se denuncia, y muchos de ellos no
tienen seguimiento. La corrupción es la fuente de la inoperancia policiaca y
del procesamiento omiso de los actos delincuenciales,  por eso la desconfianza aumenta y no se
denuncia. Todo esto lo saben los que deben procurar la seguridad y la justicia,
pero también los delincuentes. A pesar de esta postal de la inmoralidad, el sistema
penitenciario es aun peor.
Las cárceles
tienen una sobrepoblación  que ha
originado historias de muerte y horror impresionantes como las de Monterrey,
San Luis Potosí, y más. Eso ocurre, a pesar de que solo el 1% de los delitos es
sancionado. Entre ese ridículo porcentaje habría que considerar la fabricación
de delitos, como el del abogado de Infraiber, o el de los maestros de la CNTE.
Se sabe  que casi la mitad de la población detenida se
encuentra sin sentencia. Muchos de ellos, corresponden a delitos de bajo
impacto social, pero además, la cantidad de jueces es reducida, 4 por cada 100
mil habitantes, si eso no fuera suficiente,  existe una selectividad de casos tratados. Curiosamente,
entre esos casos, se encuentra la liberación de criminales por el descuido y el
desaseo en el proceso.
los hijos del salario mínimo y los otros

Pero los niveles
de impunidad sobrepasan lo imaginable en las esferas políticas y de
gobierno.  En la ultima elección para
gobernadores, las fortunas personales de los candidatos entrantes y salientes
son una bofetada a los hijos del salario mínimo. La opacidad en la
administración de los recursos públicos son brutales, y el mal uso es peor, tan
solo al gobernador de Veracruz, la Auditoria Superior de la Federación le
señaló un daño patrimonial de 36 mil 421 millones de pesos,  y él sigue sonriente e inmutable.
De acuerdo al
organismo,  Índice Global de Impunidad, México
es el segundo país con mayor impunidad del mundo, después de Filipinas, eso
significa que los aspectos  de seguridad,
justicia y derechos humanos están a dos grados del suelo. Igualmente,
organismos internacionales, consideran a México como un país “no libre” en
materia de libertad de expresión, igual que Cuba, Afganistán o Venezuela.
La vieja cultura
de la ilegalidad del PRI, renació como mala hierba y se incrustó nuevamente en
el poder judicial. La impunidad para su elite, y la dura y seca ley para la
disidencia es la regla.  Por un lado se
persigue y se encarcela a los disidentes políticos al régimen, y por otro lado,
se facilitan los túneles de la libertad a los capos de  la mafia.
la Reforma de la injusticia

Hace 8 años,  se realizó la Reforma Constitucional en
materia de justicia penal y seguridad publica,  la cual implicaba una nueva forma de abordar
la impartición de justicia. La situación no era tan distinta a la de ahora: el
92% de las acusaciones carecían de evidencia física; 80% de las sentencias son
condenatorias a nivel nacional, y 95% en el antiguo Distrito Federal; 41% de
los presos son torturados por la policía y el 93% nunca vieron una orden de
aprehensión cuando fueron detenidos; el 93% de los acusados nunca vio un juez.
Esa era la línea de fuego por la que tenía y tiene que pasar un detenido.
Para que entrara
en vigor la Reforma, se dio un tiempo de 8 años, en ese curso se debió desarrollar
equipamiento, capacitación e infraestructura para renovar el sistema de
impartición de justicia. Hay que señalar que también en ocho años el crimen
organizado pasó de ser un peón de los políticos mafiosos a su nuevo patrón. El
poder tras el trono, en lugares como Tamaulipas es un herida de la mafia en la
yugular del Estado.
La idea de esta
reforma constitucional, nació en el periodo presidencial del panista Felipe
Calderón. Los
elementos de la reforma, señalan los especialistas, tiene como intención la
transparencia en los juicios; la oralidad en un mecanismo horizontal de defensa
y acusación, basado en el principio de contradicción; el Ministerio publico
como parte del proceso deja de ser juez y verdugo; el enjuiciamiento frente a
un juez durante todo el proceso; finalmente uno de los mas importantes, la
presunción de inocencia, es decir, que nadie es culpable hasta que el
ministerio publico demuestre la culpabilidad.
8 años de espera
En cuatro días más
este nuevo sistema de impartición y procuración de justicia, debe estar
operando en el ámbito federal y estatal. Jueces, Magistrados, policías, abogados,
defensores, administradores deberán formar parte de este nueva maquinaria de
justicia, pero debo decirle que solo 9 estados del país después de ocho años de
preparación, están operando y con dificultades este nuevo esquema.  Lo que viene, es tan incierto como una
sentencia de muerte a la impunidad.
El abuelo de la
política y los políticos, el PRI, durante decenas de años prohijó un sistema de
impartición de justicia selectivo y feroz con sus enemigos. Su llegada de nuevo
al palacio nacional, trajo consigo las viejas prácticas y los viejos verdugos
acostumbrados a depredar toda forma de organización superior, civilizada y
humana. No es casual que en este periodo de su gobierno, vivamos la realidad más
atroz y sangrienta de la que tengamos memoria en siglos.
La reforma constitucional
al sistema de justicia penal, en cuatro días mostrará que su nueva cara, es la
misma. Y luego preguntan por qué perdió el Pri.

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