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Miguel Alonso Raya

El sistema educativo requiere una reforma en serio. La que el gobierno de Enrique Peña denominó así, el Artículos 3° constitucional y las leyes reglamentarias, tienen que ser revisadas.

La actual reforma, por el relato, la manera en que la implementaron y el tipo de modificaciones legales que hicieron, el excesivo gasto para publicitarla, el uso y abuso del presupuesto público para difundirla, y el que la hayan usado para descalificar, chantajear, amedrentar e infundir temor entre los docentes y la sociedad; la hacen inviable.

Por lo tanto, lo que se requiere es replantear la reforma para que realmente responda a las necesidades del Sistema Educativo Nacional y el país.

Es necesario reconocer a la educación como un derecho social y por lo tanto buscar la manera de cómo logramos poner un piso más parejo para el acceso de todos a la educación básica y media superior, que son los niveles obligatorios.

En ese sentido, una condición que tiene que colocarse en el centro es el cumplimiento del artículo 25 de la Ley General de Educación que obliga a  destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación (poco más de un billón seiscientos mil millones de pesos).

Si no se invierte, no hay forma de corregir las desigualdades para poder tratar de manera diferente a los diferentes, es decir, de forma distinta los estados que tienen recursos y a los que menos tienen.

Hay que voltear a las entidades del sur-sureste y atenderlas, son las que tienen mayores niveles de marginación, rezago y pobreza; en consecuencia mayores niveles de desigualdad en educación, infraestructura, salud, empleo, seguridad, economía, y otros rubros.

El país vive condiciones radicalmente distintas. Las que enfrenta la región centro-norte, donde se ubican los estados con mayores ingresos locales y participaciones federales y los del sur-sureste, que subsisten, en su mayor parte, por los ingresos que les destina la federación, que no son suficientes para atender las necesidades básicas de su población. 

Ello no quiere decir,  que en el centro y en el norte no haya pobreza. Hay problemas serios, pero también más oportunidades, mayores fuentes de empleo, mejores índices de inversión y crecimiento.

Con estos criterios se debe retomar el federalismo y la descentralización de la educación. Se es parte de una federación para encontrar mecanismos de solidaridad y compensación. Carece de sentido ser integrante de un país con el que se reparten los recursos, pero no se reciban contraprestaciones a cambio y por el contrario, sólo haga uso y abuso  de los recursos naturales locales.

En el marco del proceso electoral, tanto el tema de la educación como de la reforma educativa, cada aspirante a la presidencia los han abordado desde la perspectiva de cómo obtienen votos, no desde la óptica de lo que realmente se requiere.

Es por ello que, con el fin de colocar ambos tópicos en el centro del debate público, un grupo de maestras y maestros redactaron un documento con 20 propuestas para reformar la reforma educativa y plantear una discusión a fondo de la misma.

Destacan, entre ellas, la demanda de respetar la pluralidad y diversidad nacional. Frenar de tajo la evaluación punitiva. Garantizar la reivindicación y fortalecimiento de la escuela pública. Reconocer el papel de los trabajadores de la educación y sus derechos; así como el derecho de las niñas y niños a una educación de calidad.

Dos aspectos a destacar es que en el contexto de una reforma de la reforma, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) debe cumplir con la función que se le asignó, es decir, el de evaluar al conjunto del sistema educativo y asumir con autonomía las facultades que se le otorgaron y no estar subordinado a la Secretaría de Educación Pública y al capricho del titular de esta dependencia, como sucede ahora.

Las recomendaciones que emite el INEE deberían ser revisadas por el Congreso de la Unión a fondo y convertirse por parte de la autoridad en instrucciones presupuestales y medidas concretar para atenderlas. Si no es así, la función de este organismo carece de sentido, que por lo demás resulta muy oneroso para el erario público.

Otro aspecto es la revisión del Modelo Educativo. Hay que dejar que los especialistas, maestros y padres de familia se hagan cargo a partir de los principios que establece la Constitución de la República.

Este tema no debe ser de carácter partidista, mucho menos responder a la opinión de un candidato. Se debe establecer con toda precisión qué requieren los niños para su formación desde el punto de vista científico, considerando el entorno en que está ubicado el país y cómo puede competir de cara a lo que plantean las necesidades locales, los retos nacionales y globales.

De tal manera que el gobierno que resulte electo le toca construir los consensos que permitan desatar un proceso continuo de reforma en la educación, así como una estrategia permanente de profesionalización del magisterio.

Si quien gane no entiende la necesidad de impulsar una reforma a fondo, en donde la educación se coloque por encima de intereses partidistas, personales y de cualquier competencia electoral; y no se piensa en la nación democrática e incluyente que hay que construir y hacer crecer; el país difícilmente tendrá un buen  presente, muchos menos un mejor futuro.

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