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Por Miguel Alonso Raya

Lamento el fallecimiento de Luis Nicolás Mata Valdez, compañero de mil batallas. Expreso mi más sentido pésame a su familia.

La desesperación de Enrique Peña Nieto por el rezago del candidato priista, José Antonio Meade, lo está llevando a tomar decisiones irresponsables al grado de que se está entrometiendo descaradamente en el proceso electoral usando todo el peso presidencial y los recursos a su alcance.

Frente a la cada vez más fuerte posibilidad de que gane la oposición, el Ejecutivo está actuando sin medir el riesgo que implica vulnerar las instituciones, la democracia y el derecho a elegir de los ciudadanos.

Peña Nieto podría pasar a la historia no sólo como el presidente más corrupto, sino como aquel que en afán de imponer al candidato oficial atentó contra la gobernabilidad misma del país.

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de avalar que el aspirante “independiente”, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aparezca en la boleta el 1 de julio, forma parte de la estrategia gubernamental de restarle votos a los candidatos de la oposición y fortalecer al aspirante priista.

La decisión de los cuatro magistrados que votaron a favor de Rodríguez Calderón, a pesar del rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE), debe interpretarse a partir de la influencia que ejercieron el presidente y el PRI para que resultaran designados por el Senado de la República.

Tres de los magistrados, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Aralí Soto; fueron respaldados en su momento por el PRI para que resultaran designados e incluso trabajaron para el actual gobierno o fungieron como asesores de funcionarios priistas.

No les importó que Rodríguez Calderón presentó apoyos duplicados, firmas de personas muertas, de quienes estaban dadas de baja del listado nominal, fotocopias y credenciales que no eran de elector, entre otras anomalías.

De tal manera que la candidatura de El Bronco está tan manchada como la de Margarita Zavala, a quien el INE otorgó el registro a pesar de reconocer que también hizo trampa (poquita) en la recaudación de cientos de apoyos.

Así que al proceso electoral se suman dos candidatos que de independientes no tienen nada porque recibieron el respaldo del gobierno federal y de algunos gobernadores priistas. Los impuso Peña Nieto aprovechando la vulnerabilidad tanto del INE como del tribunal.

En el mismo tenor se inscribe la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la Ley General de Comunicación Social por parte de la fracción priista y sus aliados.

El dictamen aprobado no tomó en cuenta ni las propuestas ni las consideraciones de otras fracciones parlamentarias. Se elaboró a partir de una iniciativa del PRI y dejó el asunto tal y como está ahora, es decir, sigue otorgando manga ancha al Ejecutivo Federal para que utilice miles de millones de pesos del erario en publicidad gubernamental para difundir la versión oficial, favoreciendo a unos cuantos medios de comunicación afines. Por eso se le calificó como “Ley Chayote”.

No había dudas del empeño de EPN de utilizar todos los recursos a su alcance para respaldar a Meade.

Sin embargo, los excesos en los que está cayendo encienden todas las alarmas porque no sólo está a usando el presupuesto y las instituciones para influir en las elecciones, sino que ahora se entromete en las decisiones de órganos supuestamente autónomos.

Así lo reconoció la Sala Regional Especializada del TEPJF al resolver que la Procuraduría General de la República sí incurrió en un uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral, por la difusión del comunicado y video de la visita del entonces precandidato Ricardo Anaya al Ministerio Público. (Universal, 13/04/2018)

El problema de fondo no es sólo el uso discrecional, descarado y abusivo de las instituciones y los recursos públicos por parte del gobierno para favorecer al candidato de su partido, sino que generalmente este tipo de acciones quedan impunes, como sucedió en el 2006 cuando el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emprendió una campaña mediática para descalificar a Andrés Manuel López Obrador y favorecer a Felipe Calderón.

Por eso AMLO comete un error al no cuestionar estas prácticas, a pesar de que él mismo fue víctima de una campaña similar y de que más temprano que tarde, en lo que resta de la campaña, el gobierno se irá en contra suya. Debería recordar que Calderón arrebató la presidencia en 2006 “haiga sido como haiga sido”.

Porque la estrategia del Ejecutivo es clara: hará lo que sea necesario para que Meade gane, pero si eso no sucede, está demostrando que tiene la capacidad para manipular el proceso electoral y la calificación de los resultados.

Frente a este escenario, la oposición debería construir un acuerdo para cubrir todas las casillas, vigilar la limpieza del proceso y garantizar que gane quien tenga más votos y la confianza de los ciudadanos.

Ya basta de simulaciones. Peña Nieto debe sacar las manos del proceso electoral, entender que la sociedad lo repudia por corrupto y que no va a permitir que imponga un candidato que representa más de lo mismo.

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