Mar. Sep 29th, 2020

Voces Laja Bajío

Juntos llegamos más lejos

Deshonroso primer lugar

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Por:
Miguel Alonso Raya

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato ya ocupa el nada honroso primer lugar en el país por la cantidad de homicidios perpetrados, por encima de entidades como Guerrero, Michoacán y Estado de México.

Otros datos de este organismo evidencian el deterioro progresivo de la inseguridad. Por ejemplo, de enero a la fecha se han acumulado 79,623 delitos. Tan sólo en septiembre, Guanajuato se colocó en tercer lugar en incidencia delictiva a nivel nacional.

El crecimiento exponencial de estos y otros indicadores, plantean la urgente necesidad de revisar a fondo la política pública en materia de seguridad.

Es claro que el Programa Escudo no alcanzó los objetivos prometidos. Lo presumieron mucho, gastaron grandes cantidades de recursos públicos y hasta ahora de poco ha servido para inhibir los delitos, la violencia, operación y expansión del crimen organizado en ciudades como Celaya, Guanajuato, Salamanca y León; así como en el corredor industrial y los municipios cercanos a Michoacán y Jalisco, en donde se han incrementado significativamente los asesinatos.

Es una ingenuidad del gobierno pretender tapar el sol con un dedo para tratar de matizar la inseguridad ante las empresas que ya tienen sus inversiones en la entidad o aquellas que están interesadas en traer su capital.

Lamentablemente, la negación gubernamental tiene un mayor costo para los ciudadanos, pero en términos generales todos los integrantes de la sociedad resultan afectados porque en la medida en que la percepción de la inseguridad crece, se incrementa la desconfianza de los ciudadanos para transitar con tranquilidad en las calles.

Si bien hasta el momento la inseguridad no ha puesto en riesgo las inversiones, entre los empresarios crece la apreciación de que tarde o temprano el desarrollo económico estatal resultará perjudicado, por lo que demandan un cambio en la estrategia.

Y esto es urgente, porque frente al fracaso de lo que hasta ahora se ha implementado, es indispensable poner en práctica otras acciones con un enfoque integral que ayuden a resolver estos y otros problemas vinculados que están generando una grave descomposición social.

No es posible combatir a fondo la inseguridad sólo con el uso de la tecnología, policías y armas. Es necesario instrumentar medidas complementarias como la ampliación de los programas sociales, recreativos y culturales; combatir la desigualdad y la pobreza, recuperar espacios públicos, ampliar oportunidades para los jóvenes y particularmente invertir más en educación pública.

Guanajuato es considerado uno de los estados en donde hay más escuelas privadas que públicas en educación media superior y superior. En términos generales, uno de los aspectos esenciales pendientes es el fortalecimiento de la educación y de paso el laicismo que tantos embates recibe tanto en el ámbito local como nacional.

En este esquema es indispensable incorporar a los diversos actores sociales para que apoyen las acciones institucionales.

El gobierno de alguna manera tiene un mapa y podría actuar contra quienes coordinan la delincuencia organizada en cada municipio y desde luego mucho ayudaría el respaldo de organizaciones civiles, empresariales, políticas, entre otras, para poder enfrentar de mejor manera la inseguridad.

Desde hace mucho tiempo hemos planteado que el Ejecutivo Estatal debería reconocer la realidad y enfrentarla como debe de ser, revisando integralmente la política pública de seguridad e incorporar a todos aquellos que estén dispuestos a trabajar para recuperar la paz en el estado. La actitud mezquina de las autoridades ha tenido un costo muy alto para la sociedad. Ya basta de tanta incompetencia.

En el marco de la discusión del paquete presupuestal para 2017, los 16 gobernadores del PAN y PRD en funciones, entre ellos el de Guanajuato, el mandatario de Nuevo León, en su calidad de independiente, y los recién electos que llegaron respaldados por la coalición el 5 de junio; deberían formar un bloque para negociar con el secretario de Hacienda el presupuesto para sus respectivos estados, entre ellos los recursos para seguridad.

El cabildeo que están haciendo individualmente los coloca en desventaja frente al titular de Hacienda y el gobierno federal que con el respaldo de sus aliados en el Congreso de la Unión, pretende imponer su proyecto de presupuesto.

Si los gobernadores de oposición no comprenden el cambio en la correlación de fuerzas políticas que se ha venido gestando el país, entonces estarían desatendiendo el mandato de los ciudadanos y el voto de quienes les dieron la confianza en las urnas para combatir la corrupción, inseguridad, inequidad, desigualdad, despilfarro, incapacidad e ineficiencia gubernamental.

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