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Miguel Alonso Raya 

Cuando afirma que su gobierno perdonará a corruptos, que habrá “borrón y cuenta nueva” el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, genera incertidumbre, dudas fundadas con una de sus principales promesas de campaña: el combate a la corrupción. Esa fue una de las razones por las cuales una gran parte de electores votó por él. No para que persiguiera a nadie ni como un acto de venganza sino para aplicar la justicia a secas y terminar con la impunidad.

Nadie cuestiona la contundencia del triunfo de Andrés Manuel. Se lo ganó a pulso porque pudo colocarse como una alternativa frente al desastre provocado por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue el más persistente y más cercano a la gente. Por eso mismo, su obligación es hacer una interpretación correcta de cuál fue el mandato de los 30 millones de electores que sufragaron en su favor.

En mi opinión, la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos que votaron por AMLO fue porque estaban hartos del pacto de corrupción e impunidad que construyeron Fox, Calderon y Peña Nieto y donde jugó un papel relevante Elba  Esther Gordillo.

La gran mayoría de esos votantes quieren una Fiscalía General de la República que sirva, que no dependa del Ejecutivo Federal y que simplemente cumpla con el papel de procurar justicia y no se utilice con fines políticos.

Esa demanda pasa por un combate firme y decidido contra la corrupción, se fortalezca el Ministerio Público y atiendan todos los expedientes  en proceso o de plano rezagados y hasta archivados en la Procuraduría General de la República, entre ellos  La Casa Blanca, Ayotzinapa, Odebrecht, La Estafa Maestra y el conjunto de casos documentados por la Auditoría Superior de la Federación.

Por eso el dictamen aprobado en la Cámara de Senadores de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que ya se discute en la Cámara de Diputados, ha levantado tantas voces de protesta.

Y es que cuando se propone una ley en donde el Fiscal dependa del Presidente de la República y éste lo pueda quitar del cargo, en los hechos se está parcializando  y poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción, porque al finalj>i lo que se pretende es poner a un incondicional en el cargo.

Por el contrario, lo que la sociedad mexicana quiere es un Fiscal autónomo para que actúe contra quien tenga que actuar y aplique la justicia a secas, expedita e imparcial, sin andar con rodeos. Una Fiscalía sin autonomía no tendrá capacidad para cumplir sus funciones y los buenos deseos pr%esidenciales no serán suficientes.

Situación similar se presenta con el Plan Nacional de Paz y Seguridad. El compromiso fue construir una policía integrada por civiles preparados para cumplir y enfrentar los retos de la emergencia nacional y el desastre que significan las policías.

El hecho es que la corrupción, junto con la violencia y la inseguridad, es uno de los problemas más graves del país e involucra dinero público, no del gobierno ni del Ejecutivo (Federal, sino de todos los mexicanos.

En general, las organizaciones de la sociedad civil organizada y los ciudadanos, no quieren venganza ni persecuciones políticas, sino la aplicación estricta de la ley para que, por fin, haya justicia. Y para ello se requieren dos decisiones claves: voluntad política e instituciones autónomas.

Que nadie se engañe. No habrá manera de reconstruir el país, si no es por la vía de fortalecer y rediseñar las instituciones que le den viabilidad a la nación.

Nadie propone que las Fuerzas Armadas se retiren de inmediato a sus cuarteles. Por ahora deben permanecer en las calles combatiendo a la delincuencia organizada, al narcotráfico y a los huachicoleros, pero se debe instrumentar un plan que permita en el corto y mediano plazo integrar un cuerpo policiaco lo suficientemente preparado, capacitado y entrenado para cumplir con el gran reto de recuperar las calles y la paz en todo el país.

Implementar la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército, la Marina y bajo el mando del Secretario de la Defensa Nacional es militarizar para atender la seguridad pública. Esa propuesta pretende dar continuidad a lo que AMLO criticó y se comprometió a terminar en el marco de la campaña. Es urgente revisar y rectificar la propuesta escuchando a los especialistas, organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, a las víctimas. #SeguridadSinGuerra.

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