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 Miguel Alonso Raya 

El combate a la inseguridad pública no es un asunto de buena fe como lo pretende hacer creer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su afán de imponer la creación de la Guardia Nacional.

Lo que se requiere es instrumentar una política pública integral, con la coordinación de los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, la reorganización de las instituciones responsables y corporaciones policiacas, respetando las facultades del Congreso de la Unión y de las autoridades civiles en materia de seguridad pública. No militarizar el país.

El titular del Ejecutivo Federal pide que se le otorgue la confianza, que él arreglará el problema de la inseguridad porque confía en las Fuerzas Armadas y harán lo él les pida.

Afirma que los soldados son del pueblo, pero se le olvidan acontecimientos históricos en los que está demostrado que participó el Ejército como la masacre del 2 de octubre del 68, la represión y desaparición de activistas sociales, líderes guerrilleros y las matanzas contra comunidades, particularmente en Guerrero, durante la Guerra Sucia. Así como el asesinato de estudiantes en el 71 y el papel de la siniestra Dirección Federal de Seguridad, que en distintas etapas estuvo a cargo de militares.

Se olvida también de hechos de represión y corrupción en los que participaron militares como Arturo Acosta Chaparro, procesado por vínculos con el narcotráfico; Francisco Quiroz Hermosillo y Miguel Nazar Haro, creador de la Brigada Blanca, responsable de la desaparición, tortura y desaparición de militantes de la izquierda; sólo por mencionar algunos ejemplos concretos de esta índole.

Y convenientemente obvia también la encarcelación de militares de alto rango como José de Jesús Gutiérrez Rebollo, Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, por vínculos con la delincuencia organizada y las presuntas reuniones del General Roberto Miranda, Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Vicente Fox, con el líder de uno de los principales grupos del narcotráfico de entonces.

El Presidente de la República afirma una y otra vez que la Guardia Nacional no implica la militarización del país, pero el dictamen aprobado por la mayoría de su partido en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, propone todo lo contrario.

Plantea que  una vez creada la Guardia Nacional, pueda ser desplegada por órdenes del titular del Ejecutivo Federal en todo el territorio nacional, fijando la fuerza necesaria, sin necesidad que el Poder Legislativo lo avale, tal y como lo establece ahora la Constitución de la República.

Que el Presidente utilice cuerpos de seguridad privada como auxiliares en labores de seguridad pública, que la Guardia Nacional  participe en estas tareas y como auxiliar del Ministerio Público y que pueda atender no sólo delitos federales, sino también del fuero común.

Se establece que la Guardia Nacional tenga un mando civil, pero adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.  Elimina además el reconocimiento por parte del Estado Mexicano de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La Secretaría de la Defensa Nacional estará a cargo de la Guardia Nacional, en los primeros cinco años de su existencia en que se haría una valoración.

¿Si esto no es militarización, entonces de qué estamos hablando?

Es innegable que el país tiene un fuerte problema de inseguridad y violencia. Que hay un desorden en gran parte de las policías municipales, estatales y federal, pero de ahí a que el Ejército sea el único que pueda resolverlo, no sólo es un absurdo sino una grave equivocación del Presidente de la República.

Está claro que la Guardia Nacional no resolverá la inseguridad del país, porque el eje principal en el que está sustentado, la militarización de la seguridad pública, no ha funcionado en 12 años. Y así lo reconocen incluso personajes de Morena como el Diputado Pablo Gómez, entre otras participaciones en un artículo denominado “El modelo mexicano de seguridad pública ha fracasado”, publicado el 3 de enero pasado.

Y así lo plantean también diversos especialistas como  Ernesto López Portillo, quien afirma: “Se negaron a profesionalizar la policía, la prevención de la violencia y la procuración de justicia. Vaciaron la confianza social en esas funciones públicas. Primero llamaron al Ejército temporalmente, ahora lo llaman permanentemente”.

En los foros de seguridad pública se plantearon muchas propuestas dignas de tomarse en cuenta. Sin embargo, con la Guardia Nacional no sólo se ignora lo que propusieron especialistas y víctimas de la guerra contra el narcotráfico, sino que se está haciendo lo contrario.

Se propusieron muchas cosas, pero no que el nuevo gobierno ampliara la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y mucho menos que se reformara la Constitución para darles manga ancha y que el Ejército y la Marina sean los protagonistas principales del Plan Nacional de Paz y Seguridad.

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