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Guanajuato,
Gto.- El Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, votó a favor
por unanimidad el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guanajuato.

Para hablar
a favor del dictamen, la diputada Elvira Paniagua Rodríguez subió a tribuna
para  expresar que con este reglamento se
dota al Poder Legislativo y a su órgano técnico con un marco jurídico
indispensable para el ejercicio oportuno y eficaz de su facultad de
fiscalización, privilegiando los principios de objetividad, definitividad,
confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y
profesionalismo.
Asimismo, se
recibió una iniciativa formulada por los tres poderes del estado, relativa a
derogar el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución Política local,
así como la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información  Pública para el Estado de Guanajuato,
presentada por de los tres poderes del Estado. Ambas fueron turnadas a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se turnó
también a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la parte de la
iniciativa suscrita por la representación parlamentaria de Morena,
correspondiente a la reforma del artículo 109 de la Constitución Política del
Estado y a la Comisión de Asuntos Electorales la parte relativa a la reforma
del artículo 184 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Además, se enviará a la Comisión para la Igualdad de Género para que emita su
opinión.
En otro
punto de la orden del día, se recibieron las iniciativas formuladas por los
ayuntamientos de San Diego de la Unión y San Francisco del Rincón a efecto de
que se les autorice afectar los ingresos que les corresponden del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, en garantía del cumplimiento de las
obligaciones a sus cargos por concepto de derechos y aprovechamientos de agua y
derechos por descargas de aguas residuales. Estas fueron turnadas a la Comisión
de Hacienda y Fiscalización.
De la misma
forma, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización los informes de
resultados formulados por la Auditoría Superior del estado, relativos a las
revisiones practicadas a las cuentas públicas del Tribunal Estatal Electoral de
Guanajuato, (3er y 4to trimestres 2014); a las administraciones municipales de
Celaya ( jul- dic 2013); de Acámbaro, Apaseo el Grande, Comonfort, Dolores
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Uriangato y Xichú, (ene-jun 2014); y
de Apaseo el Grande, Jaral del Progreso, San Diego de la Unión y San Francisco
del Rincón, (jul-dic 2014); y a los recursos del Ramo 33 y obra pública de
Pueblo Nuevo (2013); y de Apaseo el Grande (2014).
En la misma
sesión, se aprobó el punto de acuerdo suscrito por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, a efecto de contribuir a la difusión del Nuevo Sistema
de Justicia Penal en nuestro Estado y en el País, mediante la inserción en la
papelería oficial del Poder Legislativo del Estado del lema «2016. Año del
Nuevo Sistema de Justicia Penal».
Por otra
parte, la Asamblea declaró revisadas las cuentas públicas municipales de San
Felipe (periodos jul-dic 2012 y ene-jun 2013); San Miguel de Allende (periodos
ene-jun 2013 y jul-dic 2013); Salamanca, Salvatierra y Tarimoro (ene-jun 2013).
También se aprobaron los informes relativos a las revisiones practicadas a las
operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y obra pública por las
administraciones municipales de Irapuato, Jerécuaro y Tarimoro (ene-dic 2013).
En el
apartado de asuntos generales el diputado Guillermo Aguirre Fonseca citó el
caso de la agresión perpetrada contra Karla Silva Guerreroy la investigación
que realizan las autoridades sobre la participación del exalcalde de Silao,
para desarrollar el tema de la violencia contra los periodistas, y señaló que
es deber de los estados prevenir e investigar los hechos, así como sancionar a
sus autores y asegurar a las victimas una reparación adecuada.
Detalló que
la organización global “Comité para la Protección de Periodistas” ubica a
México como el séptimo país con mayor impunidad y delitos contra periodistas,
solamente por debajo de países considerados no libres como Irak, Siria y
Abganistán. Más lamentable aún es, según organizaciones de la sociedad civil,
que el 48% de las agresiones contra periodistas son cometidas por un
funcionario público tanto en lo material como en lo intelectual.
“No puede
haber otro caso tan lamentable como el de Karla, compañeras y compañeros
legisladores, les exhorto a que tomemos los trabajos legislativos de manera
incluyente vinculada con los actores sociales más vulnerables, no puede haber una
verdadera democracia sin libertad de expresión”, enfatizó.
Al
intervenir para rectificación de hechos, el diputado Jorge de la Cruz Nieto,
lamentó que sin que el proceso judicial se encuentre terminado se inculpe desde
tribuna al expresidente municipal de Silao y reiteró su compromiso y el de su
fracción para encaminar el trabajo parlamentario para proteger al gremio
periodístico.
 “Estamos comprometido a crear las leyes y el
marco jurídico necesario para que este tipo de hechos no se repitan, sin embargo
reitero, debemos como diputados, tener la seriedad para que este tipo de
acusaciones políticas no se realicen hasta en tanto no tengamos una declaración
de firmeza por parte de las autoridades correspondientes”, recalcó el
legislador.
Respondió al
respecto el diputado Aguirre Fonseca que “jamás señalé la culpabilidad, de una
persona que además es de Silao y quien merece mi respeto. Se habló de una
presunta responsabilidad y por otro lado no somos ni la instancia adecuada
diputado, para poder nosotros determinar, si hay culpabilidad o no”.  Concluyendo así el tema.

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