0 6 mins 3 años

Miguel Alonso Raya

Frente al nivel de violencia que se está registrando en el marco del proceso electoral, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debe ser más responsable, dejar de entrometerse y de utilizar facciosamente las instituciones para atacar a los candidatos de la oposición, porque el horno no está para bollos.

La guerra sucia que el Gobierno Federal y el PRI han emprendido contra la oposición, con la complicidad del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y algunas organizaciones empresariales; de una u otra manera es parte de la violencia que ha sentado sus reales en estas elecciones.

El Ejecutivo Federal no sólo ha dejado de cumplir con su función de garantizar la seguridad en los comicios, sino que con el uso faccioso de las instituciones y el clima de linchamiento que ha emprendido contra los aspirantes a la presidencia de la oposición, ha generado un caldo de cultivo que fomenta la crispación y la impunidad.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018 de la consultoría Etellekt, durante los primeros 8 meses del proceso electoral “se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. Dichas agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal; adicionalmente 44 familiares de actores políticos también perdieron la vida.”

Los dos últimos crímenes fueron el de Abel Montúfar Mendoza, candidato a diputado local por el distrito 17 de la coalición Transformando Guerrero, que conforman los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Y el de José Remedios Aguirre Sánchez,  candidato de Morena a la alcaldía por Apaseo el Alto.

Vinculados al primer homicidio, se registraron los asesinatos de 3 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que acudieron a un llamado de auxilio de familiares de Montúfar Mendoza en un rancho de su propiedad.

Coincido con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien al condenar la violencia política demandó que “las fuerzas políticas eleven el nivel de la discusión y que todos los sectores sociales y todas las personas tengamos altura de miras para ver propuestas de debates en que se confronten ideas, no personas.” (CNDH, 08/05/2018)

Tanto el gobierno como todos los actores políticos y quienes participan desde otros ámbitos deben atender este llamado y no caer en la tentación del uso indiscriminado de los adjetivos o propuestas descabelladas, como las de Jaime Rodríguez, El Bronco, cuya propuesta de “mochar manos”, ya tuvo lamentables consecuencias.

Hay un proceso de desgaste y desprestigio de las instituciones, propiciadas por los propios errores y prácticas de corrupción de quienes las conducen, por lo que si no se actúa con responsabilidad, se corre el riesgo de que se resquebrajen todavía más; que el país se coloque al borde de una mayor ingobernabilidad y que en consecuencia se abran aún más los espacios a la actuación impune de grupos de presión y del crimen organizado.

Por eso fue sumamente irresponsable la decisión del Ejecutivo Federal de usar facciosamente la Procuraduría General de la República contra Ricardo Anaya o que haya montado toda una estrategia mediática, en colusión con algunos consejeros electorales y grupos empresariales afines, como Mexicanos Primero, que con el pretexto de la defensa de la reforma educativa buscó influir en el ánimo de los electores.

Estas acciones además de ilegales, son signo de una absoluta falta de responsabilidad, como lo fue también su llamado al electorado a no votar con las “vísceras” y a razonar su voto, al tiempo que se decanta claramente por el candidato priista.

Por otra parte, no es posible negar es que, al menos en ciertos casos, los asesinatos de personajes políticos se han dado en el marco de ajustes entre bandas y cierta vinculación con el crimen organizado.

Pero también cabe señalar varios de estos crímenes tienen el objetivo de sembrar el miedo para que la gente no salga a votar y buscan vulnerar la actuación de las instituciones y la participación de candidatos, como de hecho lo han logrado con la renuncia de al menos mil de ellos.

Por eso cabe la advertencia que nadie pretenda que podrá violar impunemente la ley o siquiera piense en la eventualidad de un fraude porque no lo permitiremos y les haremos pagar semejante osadía.

Pero para eso, en principio hay que cuidar el proceso electoral, nombrando representantes en todas las casillas y todos debemos contribuir a darle confianza a los ciudadanos para que acudan a votar y con su voto decidan el rumbo que debe tomar nuestra Nación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *