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Miguel Alonso Raya

Algunas decisiones arbitrarias y precipitadas que están tomando el Presidente Electo, integrantes de su equipo y la bancada de Morena en el Congreso de la Unión han generado incertidumbre respecto al Estado de derecho en el país e impactado los mercados financieros con consecuencias graves para la economía nacional, el erario público y en lo particular, el ahorro para el retiro de los trabajadores.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, a partir de una consulta plagada de irregularidades, y la presentación de la iniciativa para reducir las comisiones bancarias por parte de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado; exhiben falta de disposición al diálogo y desacuerdos entre el equipo económico del Presidente Electo y sus bancadas en el Congreso de la Unión.

Los dimes y diretes entre el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien pidió a nombre de Andrés Manuel que las iniciativas de Morena en materia fiscal y financiera sean más analizadas para tomar en cuenta su impacto; y la respuesta de Monreal en el sentido de que en la Cámara Alta no reciben regaños ni manotazos de nadie, reflejan una absoluta falta de coordinación, lo que tendrá que ser resuelto lo más pronto posible o se convertirá en un lastre para el gobierno y el país.

De entrada, tanto la cancelación del NAIM como la propuesta de reducir comisiones bancarias han generado un altísimo costo para la economía nacional y en especial para los trabajadores.

La cancelación incrementó el dólar y en consecuencia aumentó la deuda externa del país en 129 mil 652.6 millones de pesos.

Por otra parte, según la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), derivado de la volatilidad que se generó en los mercados financieros por la cancelación del NAIM en Texcoco; en octubre las afores registraron minusvalías por 131,649 millones de pesos, las más altas que se hayan registrado en los últimos seis años.

Y si esto no fuera suficiente, la iniciativa del coordinador de Morena en el Senado para reducir y prohibir a los bancos el cobro de comisiones provocó el desplome de las acciones de los bancos, un descalabro en los mercados por la caída de la Bolsa Mexicana de Valores y que el peso haya perdido terreno nuevamente.

La incertidumbre generada por este desaguisado y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores sólo pudo ser frenada con la intervención del propio AMLO, quien tuvo que anunciar que no “habrá modificaciones en el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de instituciones financieras.”

Qué bueno que se corrigió en esta ocasión, pero el palo a la economía del país está dado y sobre todo a la confianza en el Estado de derecho.

Tan reconocen el daño que Carlos Urzúa aceptó en un comunicado que no será posible mejorar la condición de vida de los mexicanos si con iniciativas como éstas “no se toman en cuenta tanto los impactos en las finanzas públicas, como en la estabilidad del sector financiero.”

Y anunció que “hoy hemos contactado a los líderes de las cámaras legislativas para organizar un esfuerzo coordinado con los equipos técnicos de la próxima Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para procesar sus inquietudes.”

Y eso está bien, pero no es suficiente. Andrés Manuel López Obrador y su equipo deben entender que México no es un país aislado de la economía internacional, que no es posible tomar decisiones sin tomar en cuenta la opinión no sólo de integrantes de su partido, sino de todos los actores económicos y que si bien es absolutamente urgente combatir la corrupción, los abusos y la desigualdad, ello no será posible a punta de machetazos, sin ton ni son.

No hay duda que México necesita un nuevo aeropuerto o un sistema aeroportuario, con sustento en estudios técnicos, transparentes y libres de corrupción. El NAIM en Texcoco estaba manchado por la suspicacia, su revisión era necesaria, pero la forma cómo se canceló generó incertidumbre.

Coincido en que es deseable y necesario moderar las comisiones y ganancias de los bancos, regulándolas. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tan sólo por este concepto, en 2017 los ingresos por comisiones de la banca en México fue de 108,000 millones de pesos (mdp), lo que representó el 30% de sus ingresos ese año.

Por eso insisto en la necesidad de construir un acuerdo social entre los tres poderes de la Unión, las distintas fuerzas políticas, organizaciones empresariales, civiles y todos aquellos que se quieran sumar. Hay que construir puentes de diálogo para sacar adelante políticas públicas y una agenda legislativa en beneficio de la población. Eso evitaría decisiones precipitadas del Congreso de la Unión, aún con buenas intenciones, y la falta de respeto a la autonomía del Poder Legislativo por parte del próximo Ejecutivo Federal.

Frenar la iniciativa de Monreal implicaría congelarla cuando menos tres años y debilitar al Congreso de la Unión. Priorizar los intereses de los banqueros sería la confirmación de que se procesa la construcción de una nueva élite económica y política o un renovado capitalismo de cuates.

Estamos ante la oportunidad de sumar esfuerzos para sacar adelante juntos al país. Ese fue el mandato principal de los ciudadanos en las urnas. Dejarla pasar por malentendidos, falta de disposición al diálogo e intereses políticos y económicos, como sucedió en el año 2000, sería un grave error histórico.

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