16 mayo, 2021

Federalismo vs centralismo

Miguel Alonso Raya

En memoria de Isidro Pedraza Chávez,

 compañero perredista, líder y gran amigo

Los diez gobernadores que integran la Alianza Federalista han puesto de nueva cuenta sobre la mesa el debate de la necesidad de revisar y reformar la Ley de Coordinación Fiscal. No hay ninguna intención de abandonar la Federación, lo que se busca son alternativas para una distribución más justa y equitativa del presupuesto público.

En el fondo, lo que está a discusión es el viejo debate entre federalismo y centralismo. Esta inequidad genera complicaciones a los gobiernos de las entidades federativas en virtud de que tienen poco margen de autonomía fiscal, baja recaudación local y una alta dependencia de las transferencias federales.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación en Política Pública, las entidades federativas generan únicamente el 12% de sus ingresos, mientras que el 80% de sus recursos provienen del acuerdo de coordinación fiscal con la Federación. (IMCO, 19/02/2020).

Según IMCO, los impuestos estatales son el ingreso propio más importante para las entidades federativas. No obstante, solo representan el 4.7% de la recaudación total del país. El Gobierno federal recauda el 93.6%.

Tal y como está le Ley en este momento, de lo que recauda por impuestos, la Federación se queda con 80 de cada cien pesos y 20 pesos le toca a los estados, 5 de los cuales se le otorgan a los municipios.

Esto es justamente lo que cuestionan los mandatarios que integran la Alianza Federalista y por eso su llamado a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria, con el objetivo de analizar de fondo el problema para recaudar más y distribuir mejor los recursos de la nación, atendiendo a los que más aportan al PIB, pero también a los más rezagados, pobres y marginados. Hay que lograr mayor equidad y justicia en la distribución a los Estados y Municipios.

Por ejemplo, en el PEF2021, el Ejecutivo Federal propone una reducción de más de 180 mmdp a las entidades federativas.

Ante estas demandas, la respuesta presidencial ha sido poco receptiva e insensible. Acusa a los gobernadores de utilizar este tema con fines políticos y electorales y señala a algunos de ellos de ser responsables de la actual situación, al haber aprobado, siendo legisladores, una reforma impulsada en el gobierno de Felipe Calderón.

Se refiere a la reforma denominada del “Federalismo Fiscal” de 2007 que si bien promovió cambios relevantes sobre el Federalismo, el Sistema Tributario, la Administración Tributaria y el Gasto Público, como bien señalan C. Sedas y A. González; no modificó, en esencia, la inequidad en la distribución de los recursos entre la Federación, estados y municipios.

Tan no resolvió el problema que, incluso, el ahora Canciller Marcelo Ebrard, siendo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, interpuso ante la SCJN una controversia constitucional en contra de estas reformas. De hecho, siendo también Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con abandonar el pacto fiscal si esta inequidad no se corregía.

Así que el Presidente no sólo evade el problema de fondo, sino que miente para descalificar las legítimas demandas de los gobernadores e inventar pretextos para no sentarse a dialogar. Las crisis simultáneas que trajo la emergencia sanitaria nos obligan a priorizar y replantear con urgencia la Coordinación Fiscal.

Los sistemas de salud pública estatales están rebasados, las corporaciones policiacas estatales y municipales no tienen la capacidad para combatir la violencia y las entidades carecen de recursos para enfrentar la crisis económica; en tanto que la Federación les demora las entregas de las participaciones, propone reducirles el presupuesto para el próximo año y utiliza los recurso públicos con fines facciosos y políticos.

Más allá de las diferencias políticas y del debate entre federalismo y centralismo, la cuestión de fondo es que una distribución inequitativa del presupuesto público lesiona gravemente los derechos de las y los mexicanos, que no ven reflejado el pago de sus impuestos en servicios de calidad y oportunos para su bienestar.

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