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Miguel Alonso Raya

La aprobación en el Congreso de Guanajuato de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, echa a la medida para que Carlos Zamarripa Aguirre se convierta en el primer Fiscal General; representa un premio a la ineficacia, ineficiencia y a la impunidad.

Siendo Procurador General de Justicia, en automático Zamarripa ocuparía la Fiscalía General por nueve años, con los que prácticamente estaría 19 años al frente de la procuración e impartición de justicia en el estado.

Con esta decisión, el mensaje que envían tanto el Gobernador del Estado, Diego Sinhue, como la mayoría panista en el Congreso de Guanajuato y las otras fracciones que votaron a favor, es que lo que menos les importa es el sufrimiento de los guanajuatenses por la violencia, asesinatos, robos, extorsiones, huachicol, secuestros, violaciones y feminicidios que se han incrementado en los últimos años. Ni mucho menos el dolor de las familias de cientos de desaparecidos.

De acuerdo con el reporte de Semáforo Delictivo, de 2017 a 2018 los homicidios aumentaron en un 141 por ciento en el estado, con lo que se ubica como una de las entidades con mayor crecimiento en los índices de violencia a nivel nacional.  Los homicidios pasaron de 1 mil 252 en 2017, a 3 mil 290 en 2018. (Zona Franca, 29/01/2019)

La misma tendencia se observa en la incidencia delictiva. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato fue la tercera entidad con más delitos cometidos durante 2018. Se registraron un total de 11 mil 813 casos, solo superados por la Ciudad de México y el Estado de México. (Nesweek, 14/12/2018).

En igual sentido, creció la ineficiencia de las instituciones de procuración e impartición de justicia. El Índice Global de Impunidad México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, ubica a Guanajuato como uno de los ocho estados que aumentaron en cinco puntos o más sus índices de impunidad.

A pesar de estas lamentables cifras, el Gobernador no sólo lo ratificó en el cargo, sino que ahora pretende hacerlo Fiscal, debilitando la principal institución responsable de combatir la corrupción e impunidad; con tal  utilizar la Fiscalía con fines políticos al colocar como responsable a un incondicional que eventualmente, de ser necesario, le cubriría la espalda. Pero le puede pasar lo que a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, con su Fiscal Carnal, Edgar Veytia.

No sería la primera vez que Zamarripa se preste para utilizar las instituciones con fines aviesos e intereses políticos trazados desde los gobiernos del PAN en la entidad.

En abril de 2011, por ejemplo, encabezó un operativo en seis municipios del sur del estado en los que fueron detenidos policías preventivos acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el Director de Seguridad Pública de Acámbaro, gobernado por el PRD; que finalmente resultó ser una estrategia mediática con fines políticos-electorales, pues se realizó una detención masiva (más de doscientas personas, hombres y mujeres, algunas embarazadas).

El operativo se realizó en vísperas de las elecciones del 1° de julio de 2012, que ganó Miguel Márquez; quien le pagaría el favor a Zamarripa ratificándolo como Procurador General del Estado. Entonces afirmé, y lo sostengo ahora, que ese fue “el Michoacanazo de Guanajuato”. Los delincuentes siguen libres y gozan de protección.

Por eso considero que es una grave equivocación del PRD haber votado a favor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Con este tipo de decisiones, se aleja aún más, de lo que la sociedad demanda y pide a gritos.

No cabe duda que el Gobernador está instalado en el statu quo, piensa que haciendo lo mismo de siempre y manteniendo el viejo equipo en las instituciones de seguridad y de procuración e impartición de justicia, se podrán enfrentar los graves problemas de inseguridad que Guanajuato padece desde hace algunos años.

Diego Sinhue se empeña en sostener y promover a un funcionario que no ha sido ni eficiente ni eficaz en el combate a la delincuencia, que tiene muchos intereses creados y es responsable y parte de la red de complicidades.

Por lo tanto, aumenta la preocupación y escepticismo porque con ese y otros personajes del gabinete de seguridad, no hay ninguna garantía de que se aplicara la ley y se combatirá a fondo a la  delincuencia para poder recuperar la paz y la tranquilidad en el estado.

Lo que no alcanza a vislumbrar el Gobernador, es que con esta decisión,  se está jugando la viabilidad de su gobierno y la estabilidad económica y social en la entidad. Con ello pone en riesgo su futuro político personal, el de su partido y los partidos alcahuetes y, lamentablemente, la tranquilidad de los guanajuatenses.

Porque si quienes ratificó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraría le dan buenas cuentas, podrá recuperar algo de credibilidad y confianza.

Pero si no es así, como ha quedado demostrado, seguro que los ciudadanos se la cobrarán en las próximas elecciones. Porque si de algo ya están hartos los guanajuatenses es de tanta inseguridad, violencia, corrupción e impunidad. #FiscaliaQueSirva. #NoAlFiscalCarnal.

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