26 febrero, 2021

Voces Laja Bajío

Juntos llegamos más lejos

Gobierno desesperado

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Miguel Alonso Raya

La incapacidad de los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad y la violencia en gran parte del territorio nacional, ha derivado en una crisis social y económica e incluso en violaciones graves a los derechos humanos por parte de las autoridades, que en lugar de dar respuesta a las exigencias de justicia de las víctimas, las reprimen y con ello las revictimizan.

Es imposible combatir con eficacia un problema, cuando la autoridad en general trae visiones y planteamientos distintos. Se debería hacer un esfuerzo para construir acuerdos y trabajar de manera coordinada entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios. Actuar de manera apresurada y desesperada, no lleva a ningún lado.

Se debe afinar una estrategia real y viable para enfrentar la inseguridad, la violencia y la delincuencia, como una obligación irrenunciable que tiene el Estado Mexicano de atender para garantizar la propiedad, el trabajo, el libre tránsito y la paz.

El problema de fondo son los oídos sordos de ambos lados y los intereses que están detrás. Se acusan mutuamente del fracaso y son incapaces de establecer una mínima coordinación para combatir a la delincuencia y las causas que la generan. La violencia se incrementa, cobra vidas inocentes y los encargados de combatirla están “montados en su macho”, haciendo lo que se les ocurre y dejando en medio y totalmente desprotegida a la población.

Las masacres que se han registrado en los últimos días en la entidad son producto, primero, de la incapacidad de ambos de combatir la inseguridad y de la complicidad que existe y, segundo, del empeño de cada quien de imponer su visión y proteger los intereses de sus “jefes”. Llámese Gobierno Federal o Estatal.

Ha sido una absoluta irresponsabilidad de ambos gobiernos  realizar un operativo contra el grupo de la delincuencia que opera en Celaya, sin garantizar su desarticulación y su detención y luego dejar en la indefensión a la población. Entre otros muchos factores, a ese error fatal obedece el nivel de violencia que se ha alcanzado recientemente en Guanajuato.

Pero también es una equivocación del gobierno del estado no cumplir con la parte que le corresponde, y lo que es peor, asumir una actitud represiva contra quienes protestan por la violencia, la inseguridad, los secuestros y las desapariciones.

La gente ya no confía en las autoridades. El hartazgo es manifiesto. Es el caso del plantón de los familiares de las víctimas de desaparecidos, pero también la marcha de protesta que tuvo lugar en Celaya este fin de semana.

Lo acepten o no, tanto el gobierno federal como local, la inseguridad y la violencia están provocando una crisis social y económica tanto a nivel nacional como en la entidad.

De poco sirve que se firme el TMEC, si la inversión está inhibida por la violencia, la inseguridad y la incertidumbre.

Hay una afectación en general producto de la pandemia, pero también de la inseguridad, que ha impactado a toda la industria en el país,  particularmente en los estados donde el Tratado de Libre Comercio, ahora TMEC, fomentó la llegada de inversiones, como el ramo automotriz que se ubica en las entidades en donde más se ha acentuado la violencia y en donde hay también un gran número de contagios de COVID-19.

En Guanajuato, como consecuencia del aumento de la violencia y la descomposición social, por primera vez en diez años, en 2019 el Producto Interno Bruto decreció.

Situación que se complicará por el decrecimiento que México ya venía observando y la crisis económica provocada por el virus. A decir del Fondo Monetario Internacional, el PIB del país se desplomará en un 10.5 por ciento.

La situación en materia de seguridad ya es insostenible y hay que actuar de inmediato. Se debe revisar la relación del gobierno federal con el gobierno del estado, la vinculación entre la Fiscalía General de la República con la Fiscalía del estado,  “caiga quien caiga”; hay que revisar, y si es necesario rectificar, la estrategia de seguridad, la idoneidad de los equipos responsables, combatir la corrupción entre las distintas corporaciones y su eventual relación con el crimen organizado, entre otras acciones.

A la gente no le resuelve nada el que las autoridades se culpen mutuamente. Lo que quiere es que se coordinen, tomen decisiones y cumplan con su responsabilidad respecto a cómo combatir a las bandas delincuenciales y regresar la paz y la seguridad a la región y al estado.

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