Sáb. Sep 26th, 2020

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La iglesia regresa por sus fueros

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Por: Miguel Alonso Raya
Al alentar las movilizaciones contra los matrimonios
igualitarios a través del Frente Nacional por Familia, la jerarquía de la
iglesia católica viola preceptos constitucionales y legales, atenta contra los
derechos humanos de las personas, incurre en actos discriminatorios y promueve
una campaña de odio que está generando polarización social y podría profundizar
la ingobernabilidad del país.
Con el pretexto de la libertad de expresión y manifestación
la iglesia pretende sacar provecho del debate sobre este tema para, según
ellos, ganar espacios que les permita presionar al gobierno, recuperar
feligreses y prestigio perdido y de paso ampliar su influencia e intereses
aprovechándose de la debilidad del presidente Enrique Peña Nieto y del grupo
gobernante.
En su estrategia, la dirigencia católica encabezada por el
Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo Primado de México, utiliza al
Frente Nacional por la Familia que aglutina grupos ultraderechistas con fuertes
intereses políticos y económicos en gran parte del país, como El Yunque,
vinculado al Partido Acción Nacional y con influencia en algunos gobiernos
estatales. (Proceso, 09/09/2016)
Son los mismos grupos que cuestionan la educación sexual y
el respeto a la equidad de género en las escuelas y han encabezado actos en los
que se rompen y queman libros de texto en educación básica, a pesar del
creciente número de adolescentes embarazadas; que se oponen a las políticas de
prevención e interrupción del embarazo incluso en casos que las mujeres hayan
sido víctimas de violación; y que frenan la implementación de políticas
públicas para combatir la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
Son aquellos que históricamente han guardado silencio ante
los cientos de casos de sacerdotes pederastas, de monjas violadas y abortos
clandestinos.
Al arengar en el púlpito en contra de la iniciativa de
reforma al artículo 4º de la Constitución en materia de matrimonios
igualitarios, presentada ante el Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal,
convocar a movilizaciones en las que participan Obispos y llamar a votar contra
los partidos que apoyen la propuesta; la Iglesia Católica y otras formaciones
eclesiásticas de menor tamaño, desafían a las instituciones y lo establecido en
los artículos 24, 40, y 130 de la Constitución General de la República.
El artículo 24 señala que “toda persona tiene derecho a la
libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o
adoptar, en su caso, la de su agrado… Nadie podrá utilizar los actos públicos
de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de
propaganda política.”
Al tratar de imponer su doctrina mediante la movilización,
los amagos y las presiones en contra del Estado Mexicano, la Iglesia Católica
rompe con lo establecido en el artículo 40 constitucional que a la letra dice:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica y federal…”
Pero particularmente transgreden el 130 constitucional cuyo
inciso “e”, plantea que “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos
ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación
política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las
leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los
símbolos patrios.”
Además, se infringe el artículo 1º constitucional que
prohíbe toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas; y la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (LFPED), así como los tratados internacionales en la
materia suscritos por México.
Envalentonados, los promotores de las marchas ya piensan en
la rentabilidad política del movimiento. El vocero del Frente, Rodrigo Iván
Cortés, exdiputado federal panista, advirtió que “los políticos cargarán con
costos electorales en las votaciones de 2017 y 2018 si menosprecian la
oposición que se ha construido alrededor del matrimonio igualitario”.
Y remató que el Congreso de la Unión debe atender las dos
demandas que exige el Frente, aprobar la Iniciativa Ciudadana por la Familia y
votar en contra de la iniciativa del presidente en favor del matrimonio
igualitario. (Reforma, 14/09/2016)
Es decir, la jerarquía de la iglesia católica, utilizando
como ariete al Frente Nacional por la Familia, desafía al Estado Mexicano
mediante un ataque sistemático a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
resolvió en favor de los matrimonios igualitarios, al Ejecutivo Federal que
propone llevar este derecho a la Constitución, y al Congreso de la Unión que en
el marco de sus facultades tendría que dictaminar y votar la iniciativa de
reforma al artículo 4º de la Constitución.
Ante este claro desafío, el presidente de la república está
obligado cumplir con lo estipulado en la Constitución y en las leyes y proteger
los derechos humanos de todos los mexicanos.
Debe ejercer sus facultades y utilizar las instituciones y
mecanismos con los que el gobierno federal cuenta para llamar a la conciliación
a los diferentes actores involucrados a fin de encontrar una salida a este
conflicto que amenaza con escalar, sin ceder en el cumplimiento de los derechos
humanos y a las presiones de la iglesia y grupos que la respaldan.
De no hacerlo para no confrontarse con la jerarquía católica
y proteger los intereses del PRI rumbo a las próximas elecciones, el presidente
incurriría en desacato.
Al ceder a las presiones a costa de los derechos de los
mexicanos, Peña Nieto establecería alianzas con los políticos más
ultraderechistas y retardatarios, que no están pensando en el bienestar del
país y de las familias sino en sus intereses particulares permeados por una
visión moralista de siglos atrás, ya superada por la realidad social.
Es claro que la iglesia católica mexicana pretende volver
por sus fueros y recuperar las canonjías políticas y económicas que perdió en
la lucha por la construcción de un Estado laico, democrático y protector de los
derechos humanos fundamentales.
Es pertinente llamar a la prudencia. En lugar de promover el
encono y empecinarse en vulnerar leyes y derechos, todos los actores políticos
y sociales, entre los que destaca la iglesia, deberían enfocarse en construir
acuerdos para fortalecer la justicia, la igualdad y la equidad y sumar
esfuerzos para luchar contra los múltiples problemas que lastiman a millones de
mexicanos. Abramos un amplio debate en el Congreso de la Unión para poder
escuchar argumentos en torno a una u otra postura conciliando intereses, pero
respetando derechos. Seguir provocando y polarizando con manifestaciones de
odio y retando al Estado Mexicano y sus instituciones, puede llevarnos a
escalar conflictos impredecibles. La SCJN ya resolvió y definió al matrimonio
como la unión entre personas y el artículo primero de nuestra constitución
prohíbe todo tipo de discriminación.

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