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Miguel Alonso Raya

Las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados publicaron el procedimiento para el análisis, discusión y elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que propone reformar los artículos 3°, 31 y 73 constitucionales; con lo que inicia formalmente el proceso legislativo para revisar la “reforma educativa” y la formulación de un nuevo marco jurídico en la materia.

Este procedimiento viene precedido por un amplio debate acerca del fracaso de la instrumentación de la “reforma”, más laboral que educativa, que impulsó Enrique Peña Nieto y del malestar que generó entre los docentes por el carácter punitivo de la evaluación y su vinculación con la permanencia en el empleo, la descalificación del magisterio, el uso político de la Secretaría de Educación Pública y de los recursos educativos; así como del control que se pretendió ejercer sobre el magisterio.

Sin lugar a dudas, es necesario impulsar una reforma de la reforma educativa. Es indispensable que de una vez por todas se haga un esfuerzo colectivo para tener  una legislación que realmente siente las bases de la transformación del Sistema Educativo Nacional (SEN).

En esta discusión, no hay que perder de vista los compromisos adquiridos por México en el documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, firmado en septiembre de 2015   por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. (ONU México)

En el Objetivo 4, los países firmantes se comprometen a  impulsar una educación de calidad. De acuerdo con la ONU, este apartado busca “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.

La Agenda 2030 plantea que “las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo y las cuestiones de equidad relacionadas con las oportunidades tan limitadas o incluso, inexistentes que tienen niños y niñas de zonas rurales. Para que se brinde educación de calidad a los niños de familias empobrecidas, se necesita invertir en becas educativas, talleres de formación para docentes, construcción y equipamiento de escuelas y una mejora del acceso al agua, electricidad y conectividad en las escuelas.”

México tiene muchos pendientes sin atender de la Agenda 2030. Particularmente los que tienen que ver con las condiciones de desigualdad, formación y actualización  docente, infraestructura educativa y escasez de servicios básicos en un porcentaje importante de escuelas.                                   A pesar de ello, la iniciativa del actual gobierno no atiende en sentido estricto los objetivos planteados por la ONU para alcanzar la educación de calidad.

Con quien ya se firmaron acuerdos es con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que se trabajará con este organismo para transformar la educación superior del país y adelantó que ya se elabora una nueva ley en este rubro porque la que existe está rebasada. (El Financiero, 10/01/2019)

Lo expresado por Moctezuma Barragán para trabajar con la OCDE en la mejora de la educación superior, contrasta con la omisión del Ejecutivo Federal de no enviar la fe de erratas para corregir el supuesto “error” de la iniciativa presidencial que elimina la autonomía universitaria. (Agencia Reforma)

Esta disposición del gobierno de AMLO para atender las recomendaciones de la OCDE, va a contracorriente de la desconfianza que durante años prominentes miembros de su partido han mostrado respecto a la influencia que ha tenido este organismo internacional en el diseño de políticas públicas que han sido aplicadas a rajatabla por sucesivas administraciones federales, y que han ahondado la brecha de desigualdad que persiste en nuestro país.

Personalmente, en materia de educación, considero que es pertinente atender las recomendaciones de los organismos internacionales a los que México pertenece; sin embargo deben ajustarse a la realidad del país. No hay que permitir imposiciones de ninguna naturaleza.

Por eso es importante que, como parte de este análisis, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales convoquen a audiencias públicas para escuchar a docentes, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.  Sin embargo, poco ayudaría este ejercicio si se convierte en una simulación, como sucedió con las audiencias de la Guardia Nacional, en donde las propuestas fueron ignoradas.

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Es  indispensable que los profundos cambios políticos que impulsó la sociedad el 1° de julio de 2018, vayan de la mano de un esfuerzo genuino del nuevo gobierno por transformar de fondo el Sistema Educativo Nacional.    Sería un grave error desperdiciar, de nueva cuenta la oportunidad de construir la reforma educativa que tanto le urge a México, para, cómo parte de un proceso conciliar el derecho de los niños y jóvenes a una educación pública- privada pertinente y de calidad; con el derecho de los trabajadores de la educación a un trabajo decente y la revaloración  de su papel social.

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