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Miguel Alonso Raya

A decir del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, la próxima semana el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para abrogar la reforma educativa y a partir de ahí construir un Nuevo Acuerdo Educativo.

Pero para “poder sentar las bases de una nueva escuela mexicana”, como plantea el nuevo gobierno federal, es indispensable considerar dos ejes fundamentales: el reordenamiento del sistema educativo y una reforma fiscal que haga posible destinar mayores recursos a la educación y a los estados con mayor  marginación para reducir la desigualdad en la que se encuentran, particularmente los del sur.

Una reforma de la reforma educativa tendría que modificar el Artículo 3° constitucional para quitarle la intromisión laboral, respetar la pluralidad y diversidad nacional, eliminar la evaluación punitiva, garantizar la reivindicación y fortalecimiento de la escuela pública; reconocer el papel de los trabajadores de la educación y sus derechos; así como el derecho de las niñas y niños a una educación de calidad. Mejorar la infraestructura educativa, la actualización  de los docentes y la reforma de las escuelas normales, entre otros, también son pasos indispensables.

Es menester reconocer lo expresado por Esteban Moctezuma, quien apuntó que “la nueva política educativa del estado va a ser consensuada, incluyente y respetuosa de los derechos legítimamente adquiridos por el magisterio…es, además, una oportunidad para hacer del derecho a la educación una realidad”.

Sin embargo, justamente lo que ha dificultado que el derecho a una educación de calidad no se haya cumplido aún, es la enorme desigualdad que prevalece entre las diferentes entidades y la relación y trato discrecional por parte del gobierno federal.

Ello obedece fundamentalmente a la inequidad en la distribución de recursos que no se atendió  con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 (ANMEB), y que se agudizó con la aplicación de la Fórmula Nuevo León, de 2007 que acentuó las asimetrías entre Estados del Norte y del Sur; la firma de la Alianza para la Calidad de Educación (ACE) y la entrada en vigor del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

En este contexto se fundamenta la decisión del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de reintegrar al gobierno federal la atención de los Servicios de Educación Básica y Normal que se incrementaron después del año 92 a través de minutas que las autoridades federales acordaba con los dirigentes de la CNTE, obligando a los gobiernos estatales en turno a firmar y avalar dichos acuerdos sin el respaldo financiero correspondiente.

En el oficio de entrega, el Ejecutivo Estatal señala que “ya que las diversas modificaciones al acuerdo original del ANMEB, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, impuesta unilateralmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Educación, han generado un grave perjuicio a las finanzas estatales, que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo”.

A decir del gobernador, la falta de cumplimiento de los sucesivos acuerdos por parte de la federación, y la inequidad en la distribución de los recursos federales a las entidades, ha provocado un enorme déficit a las finanzas de la entidad.

La doble negociación salarial que se dio con el magisterio acordando por una parte con la SEP y por otro,  con  la autoridad educativa estatal, es otro factor que complica aún más la situación.

Esta circunstancia no se corrigió y en el de caso Michoacán  se agravó al entrar en vigencia el FONE, que centraliza el gasto educativo, pues el Gobernador Interino Salvador Jara y el Comisionado Especial, Alfredo Castillo, no hicieron el trabajo que les correspondía para conciliar las plazas producto de acuerdos y minutas con la Secretaría de Gobernación y que ahora tiene que reconocer y pagar el gobierno del estado.

“Como consecuencia de lo señalado, la operación del sistema de educación básica y normal, acumula un déficit presupuestal de cuatro mil setecientos millones de pesos,  que  imposibilita al gobierno del estado de Michoacán para seguir haciendo frente a los compromisos de pago de salarios y prestaciones del  personal con fuente de financiamiento estatal”, resalta el documento de entrega.

El gobernador de Michoacán ha afirmado que no se deslinda de su obligación con la educación, el problema es que no cuenta con dinero para poder pagar y cumplir con las responsabilidades que fueron dejando arbitrariamente los distintos acuerdos firmados entre la federación y estado.

Los graves problemas del sur se explican por la desigualdad, el abandono y la marginación. La lucha del magisterio y sus movilizaciones tienen origen  en la pobreza. Esta decisión no responde a un pleito con el nuevo gobierno federal, sino que es la única forma de evitar un conflicto con los maestros.

La alternativa de solución pasa por el diálogo y la construcción de un nuevo acuerdo que revise de fondo la situación y siente las bases para resolver estructuralmente el problema. Los estados con mayor rezago necesitan otro trato y un nuevo acuerdo con la federación.

Esto implica cumplir con el mandato de destinar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación y promover una reforma fiscal para poder modificar la Ley de Coordinación Fiscal y las fórmulas de asignación para atender la demanda de servicios educativos y de recursos a estados y municipios.

Como ya se percató el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo dejó un desastre en salud o educación, sino en las finanzas del país entero, producto de la corrupción y el uso discrecional de los recursos públicos.

Bien haría en reconsiderar el perdón otorgado a la “mafia del poder” para poder recuperar al menos parte de lo que se llevaron y destinarlos, entre otros rubros prioritarios, a los servicios educativos. Si algo ha dañado el país ha sido justamente manipular la justicia en aras de intereses políticos y pactos de impunidad. #NoAlFiscalCarnal en el ámbito federal, pero tampoco en los gobiernos de los estados.

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