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 Dolia Estévez

Washington, D.C.— La explosiva revelación de que Enrique Peña  Nieto presuntamente recibió un multimillonario soborno de Joaquín El Chapo Guzmán, no causó gran sorpresa en este lado de la frontera. El impacto mediático que tuvo pronto se desinfló. El autor de la grave imputación, un testigo que colabora con el gobierno de Estados Unidos en el juicio de El Chapo en Nueva York, dijo que en realidad la versión era de oídas y que no había pruebas. Los fiscales del gobierno estadounidense intercedieron para censurar nuevas revelaciones que “pudieran perjudicar relaciones diplomáticas” con otros países. Peña Nieto guardó silencio.Lo que Estados Unidos sí tiene es un enorme acervo de archivos secretos sobre personajes presuntamente corruptos. Un diplomático estadounidense me dijo que en el sexenio de Peña Nieto la Embajada en México recibió “diversas dosis de información” que comprometían la reputación de los procuradores José Murillo Karam, Raúl Cervantes Andrade, “el del Ferrari”, y Alberto Elías Beltrán. “A veces era información detallada de confiada veracidad, pero no necesariamente acompañada de pruebas sustentables en los tribunales”, aclaró.

Incriminar a funcionarios mexicanos sospechosos de corrupción no es ni ha sido prioridad de la política exterior estadounidense. Es poco probable que los mexicanos que han sido embarrados en el juicio del Chapo vayan a ser indagados en Estados Unidos. Menos ahora con un Presidente que está siendo investigado por corrupción y abuso de poder con fines de lucro como es el caso de Donald Trump.

“Estados Unidos salió del armario como uno de los principales impulsores de la cleptocracia”, me dijo Sarah Chayes, reconocida especialista sobre corrupción y autora de “Ladrones de Estado” (Thieves of State, Norton & Company, 2015). Chayes sostiene que la tendencia de Estados Unidos no sólo es ignorar la corrupción a nivel mundial sino acrecentarla. “En tanto Washington promueva implícita o explícitamente la corrupción, no podemos ilusionarnos demasiado de que cruzadas contra la corrupción como la emprendida por [Andrés Manuel López] Obrador vayan a tener total éxito”. Para Chayes, la corrupción es “como un gas inodoro” que se desliza sigilosamente.

Históricamente, Estados Unidos ha asumido una actitud pontificadora ante el problema de la corrupción en México. Sólo ha visto la paja en el ojo ajeno. Ha usado listas de presuntos corruptos, elaboradas por la CIA, la DEA y el FBI, para ejercer presión política. Amplio es el registro de los marcados a lo largo de los años: procuradores generales, secretarios de Estado, militares de alto rango, jefes policiacos y gobernadores estatales. Sin embargo, ninguno ha sido investigado a fondo o enjuiciado. El sospechosísimo como arma diplomática.

Casi siempre ha correspondido al Embajador de Estados Unidos entregar esos listados de sospechosos al Presidente mexicano en turno, con la obvia recomendación de que los marcados no fueran invitados al gabinete. A manera de golpe preventivo, hubo presidentes que tomaron la iniciativa de inquirir sobre la reputación de posibles aspirantes a puestos públicos.

El rito, que se daba al inicio de cada sexenio, seguramente se interrumpió con la llegada a la presidencia de López Obrador. O porque no hay mensajero que cumpla con la practica (la Embajada de Estados Unidos está acéfala desde mayo pasado) o porque esta vez simplemente no hay lista negra de corruptos.

John Gavin, Embajador en México en los 1980s, quien murió el año pasado, me dijo que trató de darle su lista de narcopolíticos a Miguel de la Madrid pero que éste la rechazó indignado. Años después, el Embajador Jim Jones entregó a Ernesto Zedillo una lista de 10 a 15 nombres de personas que el gobierno de Bill Clinton no quería ver en puestos de alto nivel. Sólo quedó uno, según me dijo, aunque no en el gabinete (EL EMBAJADOR, Temas de Hoy 2013).

Carlos Salinas de Gortari se entrevistó con el Embajador Charles Pilliod para pedirle pruebas de narcocorrupción que Washington decía tener contra Enrique Álvarez del Castillo y Fernando Gutiérrez Barrios. El golpe contra La Quina impresionó a Pilliod. Informó al Departamento de Estado que a diferencia de José López Portillo y de De la Madrid, Salinas sí estaba decidido a combatir la corrupción (Ambassador meeting with President Salinas, cable confidencial de la Embajada, 11/01/1989).

Los diplomáticos estadounidenses también se fueron de bruces con Vicente Fox. Tras atribuir la victoria del panista a su promesa de “acabar con la corrupción oficial”, el Embajador Jeffrey Davidow informó a sus superiores que durante 50 años los candidatos presidenciales han prometido limpiar la corrupción, “pero Fox es el primer Presidente que tiene buena oportunidad de tener éxito” (Law Enforcement Corruption in Mexico, cable confidencial de la Embajada, 12/02/2001).

El Banco Mundial cataloga a México como uno de los países más corruptos del mundo. Académicos y activistas sostienen que es un mal que, como la viruela, eventualmente será erradicado. Pero la realidad desmiente los pronósticos sobre su desaparición. Lo cierto es que la corrupción empeora en casi todos los países. Pocos han logrado combatirla con efectividad. Estados Unidos y Rusia, las dos grandes ex rivales, están gobernados por cleptócratas.

En algunos países, como Estados Unidos, hay servicios que alientan y solapan la corrupción. Sólo así se explican los cientos de miles de millones de dólares invertidos por extranjeros anónimos en inmuebles de lujo en Nueva York, Miami y Houston. La corrupción es un negocio altamente redituable. No será fácil ni rápido acabar con ella. Puede tomar varios sexenios. Con todo, es un compromiso que corresponde exclusivamente a los mexicanos. Estados Unidos puede quedarse con sus listas tendenciosas y poses pontificadoras.

Twitter: @DoliaEstevez

Fuente: SinEmbargo

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