Mar. Sep 22nd, 2020

Voces Laja Bajío

Juntos llegamos más lejos

neficientes pero no Tontos…

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IPor.- Jesús Sosa León
No… si los funcionarios públicos pueden ser
ineficientes y hasta corruptos… pero de tontos nadie puede acusarlos.
Aunque técnicamente se puede llamar un
seguro de responsabilidades, la medida que tomó el ex presidente municipal
celayense, Ismael Pérez Ordaz realmente suena a “curarse en salud”.
Ante la inminencia de las auditorias que se
tendrían que generar para analizar el manejo de los recursos públicos durante
su gestión, se vacunó contra cualquier resultado contratando un seguro de responsabilidades
administrativas, civiles y penales que cubriera los gastos legales para hacer
frente a futuras demandas derivadas de su función pública.
Así como lo lee usted: hay un instrumento
que garantiza a los funcionarios públicos, cubrirles la espalda en el caso de
cualquier resultado adverso en una auditoria.
Y vaya que se están detectando fallas y
posibles daños a las finanzas públicas de los municipios guanajuatenses a
través de 219 auditorías que realiza el Órgano de Fiscalización del Congreso;
proceso en el cual ya se han detectado daños al erario público, en muy diversas
modalidades,  por un total de 45 millones
de pesos,  de acuerdo a lo informado por  la diputada local y presidenta de la Comisión
de Hacienda y Fiscalización, Elvira Paniagua.
Este proceso de auditoría, según la
legisladora, ha demostrado dos cosas: una, que hay municipios donde las
finanzas públicas fueron verdaderamente saqueadas y dos, que las contralorías
municipales son inoperantes y no previenen las irregularidades financieras,
porque según dice: “no han estado realizando de forma adecuada la supervisión
que a su competencia corresponde, ya que muchas de estas situaciones pueden
evitarse.”
Pone como ejemplo de saqueo administrativo
a la anterior administración de Tarimoro que tiene un déficit de seis millones
de pesos provenientes del Ramo 33 que es recurso federal etiquetado para obra
pública,
En Celaya, solo se han interpuesto dos
demandas civiles en contra de funcionarios de la anterior administración
municipal fundadas en irregularidades en el manejo de recursos públicos; uno de
ellos por 999 pesos de la falta de una impresora, en contra de una ex empleada
del departamento de Informática; el otro, por 13 mil pesos, en contra del ex
secretario del Ayuntamiento, Vicente Caracheo, por gastos no comprobados,
aunque todavía se están integrando los expedientes de seis más, según el
titular del área jurídica de Presidencia, Ignacio Ramírez Valenzuela.
Por eso, ante la inminencia de los
resultados de estas auditorias, Ismael Pérez Ordaz, contrató este seguro con un
costo de 153 mil pesos pagados, claro, con el erario público y con una
cobertura de hasta 10 millones de pesos y una vigencia de tres años que vencen
en mayo de 2018, que materialmente lo blinda de cualquier resultado y por ese
monto.
El ex alcalde se justifica: “el  seguro es necesario, dado la cantidad de
documentos que se firman, de acciones que se toman, de decisiones que se
asumen, y que de alguna u otra forma pueden favorecer o perjudicar a un grupo
de personas y ciudadanos y esto genera riesgos”.
Al respecto, la diputada Paniagua advierte:
«tengo una duda si este derecho alcanza al alcalde, porque lo tienen los
tesoreros, los caudales económicos de la administración pública, quienes
manejan el dinero, lo que no sabemos es si alcanza a abarcar al alcalde».

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