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Miguel Alonso Raya

Mientras el país se desangra, se incrementan sin parar los delitos comunes y de alto impacto, los asesinatos cada día más brutales aumentan y las bandas de narcotráfico operan impunemente a lo largo y ancho del territorio nacional; el presidente Enrique Peña Nieto actúa como si todos estos graves problemas no existieran y a los reclamos de las víctimas, con un grado de insensibilidad que ofende e indigna, hace como que ni los ve ni los oye.

Como nunca antes, la delincuencia y el crimen organizado están desbordados. Han superado sus límites mientras todos los niveles de gobierno evidencian su incapacidad, indiferencia y en el peor de los casos, su complicidad.

Sin autoridad que los inhiba ni estrategia que los contenga, retan al Estado. Lo mismo secuestran que asesinan a mansalva, descarrilan trenes para saquearlos, ordeñan ductos, matan a funcionarios, disuelven cuerpos en ácido o queman vivas a personas, incluso a bebés, con un nivel de saña inimaginable que desafortunadamente ya es parte de la vida cotidiana.

La violencia y los delitos han alcanzado tal grado que se han convertido en una amenaza no sólo para los ciudadanos sino para la estabilidad misma del Estado, la gobernabilidad y el ejercicio de la democracia.

Con el poder del dinero malhabido, el chantaje o la coerción, el crimen organizado ya es un actor relevante en las elecciones, lo mismo impone candidatos que los asesina cuando éstos no se sujetan a sus dictados o no cumplen sus compromisos. Con la connivencia incluso de algunos partidos, autoridades y actores políticos, la narcopolítica ya es una práctica común en el país

¿Y las autoridades?, bien gracias. El Ejecutivo Federal, responsable de coordinar y ejecutar la política pública de seguridad a nivel nacional, vive en una burbuja que lo aísla de la realidad y el sentido común.

Empecinado en que los ciudadanos reconozcan a un gobierno que no cumplió sus compromisos, que saqueó al país y traicionó los acuerdos construidos con los partidos y el Congreso de la Unión para aprobar reformas que permitieran sacar adelante al país, Peña Nieto está más enfocado en que José Antonio Meade, el candidato que le impuso al PRI, gane las elecciones presidenciales, que en gobernar el último tramo que le queda de su sexenio.

Para su mala fortuna, la corrupción y la ineficacia de la administración de Peña Nieto es el fardo más pesado del candidato priista y todo indica que será también el fin de su carrera política, al menos en el país.

Lamentablemente, esta irresponsabilidad tiene un costo muy alto para los ciudadanos en todo México. Guanajuato, es un ejemplo dramático de esta tragedia nacional. Tan sólo de enero a abril de 2018 se han cometido 768 asesinatos en la entidad, más del doble del año pasado en el mismo periodo, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Sin Embargo, 25/05/2018)

Y en este fracaso, el gobierno del estado tiene que asumir su responsabilidad. Está más que claro que la estrategia de combate a la inseguridad no funcionó y que un mayor número de policías no es suficiente para inhibir los delitos ni la violencia. Lo que los ciudadanos reclaman es coordinación eficaz, eficiencia, combate a la corrupción institucional, seguridad y paz.

La simulación no ayuda en nada. Si el Ejecutivo Estatal considera que la federación no está haciendo lo que le corresponde, si no le ofrece el respaldo que debiera o la estrategia planteada no es la que se necesita, su obligación es decirlo.

Si piensa que Petróleos Mexicanos no está haciendo lo necesario para combatir eficazmente el huachicoleo (el delito que más ha crecido), que la actuación de la Policía Federal no es la correcta o los órganos de inteligencia del Estado Mexicano están fallando, la obligación del gobernador es plantear las cosas tal cual están sucediendo.

Si es necesario revisar a fondo la coordinación entre los distintos niveles de gobierno respecto a la estrategia de combate a la inseguridad y al crimen organizado, hay que hacerlo sin dilaciones ni vacilaciones.

Si la administración estatal sabe que funcionarios locales, candidatos o actores políticos están involucrados en algún delito, tiene que advertirlo, actuar con oportunidad y aplicar la ley, es su facultad y obligación. Si hay que incrementar las penas por portación de armas de fuego, si no está tipificado debidamente el robo de combustible o si el nuevo proceso penal acusatorio tiene fallas y carece del presupuesto necesario para operar, hay que impulsar los acuerdos tanto con el Congreso local como el federal para que aprueben y corrijan lo que tenga que corregir.

Frente al crecimiento de delitos, la violencia y las masacres, lo que el gobierno del estado no debe hacer es voltear la mirada a otro lado, quedarse paralizado o echarle la bolita a la federación. Todos los estratos gubernamentales son responsables porque los delitos son diversos y es su obligación disponer conjuntamente de los recursos económicos, materiales y humanos que se requieren para desplegar una política de seguridad eficiente.

Ya es hora que tanto la federación como el gobierno del estado entiendan que lo que se necesita es una estrategia integral que implica, entre otros aspectos, aglutinar a todos los partidos, actores políticos, organizaciones empresariales y civiles, a la iglesia, y todo aquel que ayude a frenar a resolver el problema de inseguridad.

Y por supuesto, crear empleo, recuperar los espacios públicos, invertir más dinero en educación, escuelas, deportes, actividades recreativas y culturales. Se requiere actuar con eficacia y sensibilidad. Los guanajuatenses lo reclaman y se lo merecen. Ya urge ponerle un alto a la corrupción, a la violencia, impunidad e ineficiencia.  Hay que escuchar, oír y atender la indignación, el coraje y la desesperación. ¡Ya basta!

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