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Miguel Alonso Raya
El bochornoso episodio en el que una niña
de tercer año de primaria corrigió públicamente al secretario de Educación,
Aurelio Nuño, respecto a la pronunciación correcta de la palabra “leer”,
refleja con crudeza las causas de fondo del fracaso en la instrumentación de la
reforma en materia de educación.
A cuatro años de que el Congreso de la
Unión reformó el artículo 3º constitucional, producto de los acuerdos
alcanzados en el Pacto por México, en la búsqueda de mejorar la calidad de la
educación; es por demás evidente que, al menos en este sexenio, el objetivo no
se alcanzará.
Entre otras razones porque el gobierno de
Enrique Peña Nieto (EPN) se empeñó en 
imponer una reglamentación secundaria que no reflejó las propuestas de
los partidos que respaldaron la modificación constitucional y la utilizó para
descalificar a la escuela pública y a sus maestros.
Otras acciones que la obstaculizaron fue
pretender imponer una evaluación sin tomar en cuenta la opinión de docentes y
especialistas, aplicando un examen estandarizado que no consideraba las
condiciones de cada estado y región de nuestro país, la difícil realidad de
millones de alumnos y sus escuelas, así como diversas circunstancias adversas
que cotidianamente enfrentan los maestros.
La mala planeación y peor aplicación de los
programas que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha diseñado para echar
andar la reforma y el despilfarro de recursos públicos han sido otros lastres a
la hora de aterrizarla.
Pero lo que de plano la pervirtió fue la
pretensión de EPN de utilizarla para controlar a los maestros convirtiendo a su
sindicato en un instrumento de mediatización y subordinación al servicio de la
SEP, situación que le permite al grupo en el poder utilizar a una de las
dependencias con mayor presupuesto como plataforma para construir la
candidatura a la presidencia de Nuño rumbo al 2018 o a otro cargo de elección,
como la gubernatura del Estado de México o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México.
La visión autoritaria del gobierno y su
falta de disposición al diálogo, sumados, entre otros, a los factores
enumerados; provocaron el conflicto y la desaprobación de la reforma, la
oposición activa de una parte y silenciosa de la mayoría de los docentes y el
encono social que culminaron con el enfrentamiento y, lamentablemente, la
muerte de ocho personas y agresiones a cien más en Nochixtlán, Oaxaca. Hechos
que siguen impunes a pesar de las evidencias de claras violaciones a los
derechos humanos por parte de los policías que participaron en el operativo.
El vergonzoso episodio de la corrección
pública a Nuño, confirma una vez más que con tal de respaldar la trayectoria
política de su cuate; a Peña Nieto no le importó que no reuniera el
perfil,  experiencia y sensibilidad
necesaria que se requiere para ser titular de la Secretaría de Educación
Pública.
La soberbia con la que se ha conducido
Nuño, ha sido su peor consejera. Es por esta altivez por la que tanto tiempo se
resistió a cambiar la evaluación, a pesar de las críticas y conflictos que
desató. Y por arrogancia ha ignorado también las recomendaciones del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que permitirían mejorar las
escuelas normales del país.
Por el contrario, cada vez que tiene
oportunidad descalifica al normalismo, presumiendo que la reforma educativa
“rompió con el monopolio” que tenían estas escuelas en la formación de maestros
y que “hoy cualquier persona con título puede presentar el examen de ingreso,
competir y, si obtiene resultados adecuados, ingresar al servicio”. (Jornada, 7
de junio de 2016)
Esta opinión, sin duda, es producto de su
ignorancia de la situación que desde hace décadas enfrentan las normales; y de
la formación pedagógica y didáctica, como parte de un largo proceso de
especialización, que requiere todo profesionista que aspire a dar clases en
educación básica, particularmente en preescolar y primaria.
Al menos desde los años 80 las escuelas
normales, urbanas y rurales, del país enfrentan una campaña de linchamiento y
abandono por parte de las autoridades educativas, que las han sumido en una
crisis financiera, deterioro de sus instalaciones, servicios y rezago en la
formación de sus alumnos y actualización de su planta docente. (La Jornada,
lunes 14 de marzo de 2016)
Consciente de la situación crítica por la
que atraviesan las escuelas normales, el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, que coordinaba en la LXII Legislatura, impulsó un
acuerdo para crear el Programa de Apoyo para Escuelas Normales Rurales, al que
se le destinaron 400 millones de pesos, como parte del  Presupuesto de Egresos de la Federación para
2015.
Hasta este momento, no hay ninguna
evidencia de cómo ha sido ejercido este recurso en beneficio de estos planteles
educativos donde viven y estudian hijos de campesinos pobres.
La ausencia de planeación, opacidad,
despilfarro y corrupción al amparo de la mal llamada “Reforma Educativa” ha
sido el signo que distingue a este gobierno en el uso de los recursos
destinados a la educación.
Ejemplos sobran, ahí están las
observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
respecto a las irregularidades detectadas en las acciones del Programa de
Reforma educativa, particularmente las relacionadas con infraestructura, inglés
e inclusión digital; que han sido un soberano fracaso y provocado un daño
patrimonial a la nación por miles de millones de pesos.
A la luz de las evidencias, queda claro
entonces que nunca hubo una preocupación real de Peña Nieto para mejorar la
calidad educativa, sino que prevaleció el afán de utilizar el sector educativo
con fines políticos y para beneficiar a empresas de sus cuates y aliados.
Es decir, la reforma ha sido un buen
pretexto del grupo en el gobierno para hacer negocios a cargo del presupuesto
público destinado a la educación.
Estamos a más de la mitad del sexenio y en
la práctica no se ha hecho nada. Los únicos avances reales son las
modificaciones legales al artículo 3º constitucional y las leyes secundarias.
La instrumentación ha sido un desorden.
Una reforma educativa en serio hubiera
empezado por el Nuevo Modelo Educativo y la reforma a las escuelas normales,
porque le guste o no a Nuño, sin el normalismo no hubiera sido posible
articular un sistema educativo nacional que sólo en educación básica hoy
atiende a 25.9 millones de alumnos.

Pero eso no lo alcanza a comprender Aurelio
Nuño, a quien ni los posgrados que presume sirven para poder entender la lengua
del país. Si tuviera vergüenza debería renunciar cuanto antes, porque ya no es
posible degradar más al país con el pobre nivel de los funcionarios y la
corrupción en general del grupo político en el gobierno.

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