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Ola conservadora pretende restaurar la Santa Inquisición

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Miguel Alonso Raya

Una ola conservadora encabezada por la iglesia católica y organizaciones empresariales pretende poner de rodillas al Estado Mexicano mediante una campaña de descalificación y presión contra el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión.

En aras de defender dogmas rebasados por la realidad y conservar sus intereses económicos y políticos, las jerarquías católica y empresarial pareciera que buscan restaurar la Santa Inquisición exigiendo el incumplimiento de derechos humanos fundamentales y el uso de la fuerza pública como única salida para resolver los conflictos sociales en el país.

En el marco de la discusión de la iniciativa de reforma al artículo 4º de la constitución en materia de matrimonios igualitarios, enviada por el Presidente de la República a Congreso de la Unión, la Arquidiócesis Primada de México, presidida por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, ha desplegado una campaña opositora con tintes homofóbicos contra esta propuesta legislativa.

Con una ignorancia que raya en el insulto, por su atavismo y virulencia, la Arquidiócesis ha publicado una serie de textos en el semanario Desde la Fe, en los que explica por qué el catolicismo no avala el matrimonio entre personas del mismo sexo y la homosexualidad.

Entre otros argumentos, plantea que la Iglesia Católica “sólo admite el Matrimonio entre hombre y mujer, porque así lo establece la Palabra de Dios”. Señala que “los angloparlantes llaman a los heterosexuales ‘straight’, es decir ‘rectos’, término aceptado por los propios homosexuales, y que implica que la homosexualidad es una desviación”.

“A quien tiene una desviación sexual, la Iglesia quiere ayudarle a controlarla, no a entregarse a ella. Que el Estado vuelva algo legal no lo hace moral. La Iglesia considera pecado grave la relación sexual homosexual”, se enfatiza.

Sin embargo, lo que el semanario no dice es que las autoridades católicas engañan a su feligresía al no explicarle que los matrimonios igualitarios ya son una realidad jurídica una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los códigos civiles de los estados en los que el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación. Lo que pretende la iniciativa es llevar este derecho a la Carta Magna.

Tampoco reconocen que una y otra vez han mentido no sólo en este sino en otros temas delicados que han lastimado a muchos mexicanos como el caso de la pederastia perpetrada por sacerdotes católicos y encubiertos por la iglesia.

“En México se conocen más de 500 casos de niños violados por sacerdotes católicos desde Marcial Maciel Degollado a la fecha, ante las sospechas de encubrimiento de la iglesia y también de la justicia mexicana”, declaró recientemente Alberto Athié Gallo, una de las víctimas de Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo. (Sin Embargo, 11/02/2016)

Lo que la propuesta de reforma busca es hacer valer los derechos humanos y civiles en general, y en particular de las minorías, reconocidos en la Constitución de la República, a los que se opone la Iglesia Católica con dolo y posturas extremas.

Incluso se jactó de que su oposición a la iniciativa fue uno de los factores por los cuales el PRI perdió en varios estados el pasado 5 de junio, lo que es otra falacia si se consideran los resultados de la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica en la que una amplia mayoría de los entrevistados afirma que la causa principal fue la corrupción. (Café Negro, 10/06/2016)

Sin embargo, la campaña dio resultado porque el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el PRI informaron el jueves pasado que la propuesta de reforma al cuarto constitucional no es prioridad en su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión, lo que cierra toda posibilidad de que se apruebe por ahora.

Actitudes similares ha desplegado la cúpula empresarial al demandar al gobierno el uso de la fuerza pública en contra de la disidencia magisterial con el argumento de que los plantones y bloqueos han generado pérdidas millonarias a sus agremiados y advirtiendo que de lo contrario dejarán de pagar impuestos.

Su posición es incongruente porque ante los problemas causados por el Ejecutivo Federal al imponer su particular y equivocada visión en la instrumentación de la reforma en materia de educación, los empresarios apremian que ese conflicto se resuelva con la represión para hacer valer la ley, pero asumen que ellos sí pueden quebrantar el estado de derecho.

Al dejar pasar las amenazas empresariales y retirar su apoyo a la iniciativa que él mismo presentó, Enrique Peña Nieto no sólo incumple con su obligación de hacer valer la constitución y garantizar los derechos humanos sino que avala la visión autoritaria e intolerante de la jerarquía católica y los grupos conservadores que promueve la discriminación y la violencia porque fomenta conductas homofóbicas tan graves como la masacre en Orlando, Florida.

Los problemas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán encuentran su explicación en el rezago, la marginación y la pobreza.

Son estas condiciones las que han generado el hartazgo y las protestas de sus habitantes y de una gran parte de la población; mientras que entre el gobierno y una parte de los empresarios y el clero la corrupción, el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, el despilfarro y la impunidad son la otra cara de la moneda.

Por eso no tienen razón al exigir el uso de la fuerza pública o satanizar minorías y además desafiar y hasta amenazar al gobierno y al Estado Mexicano.

Resolver con una visión integral los conflictos que enfrentan principalmente las entidades del sur del país implica la elaboración e instrumentación de un plan especial para construir “un piso más parejo” combatiendo a fondo las causas que los generan.

Y es con diálogo como se pueden acercar posiciones y construir soluciones, no usando la fuerza pública y la represión. Hay que aplicar la ley reconociendo y atendiendo el abandono, la falta de empleo, alimentación e infraestructura básica.

Pero el Estado Mexicano no puede ni debe permitir la presión, el chantaje y menos aún el desafío de un sector del clero y de empresarios que violando y amenazando con infringir la ley claman por el uso de la fuerza pública contra quienes por años han sido víctimas del centralismo, la inequidad, la CORRUPCION y el ENGAÑO. !!YA, BASTA!!. Otro México es posible

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