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Miguel Alonso Raya

La Comisión de Seguridad Social del Senado
de la República organizó la Quinta Edición de la Semana de la Seguridad Social
que colocó de nueva cuenta en el centro de la discusión pública, el tema de la
crisis de las pensiones. El debate que se dio en este espacio, provocó una
reacción de la Secretaría de Hacienda que propuso una “segunda ola de reformas”
en este sector, que no es más que otra de las ocurrencia que el gobierno
federal ha venido planteando en materia de pensiones.
En el seminario: Retiro y Salud 2017
¡Soluciones Efectivas!, que llevó a cabo el Colegio Nacional de Actuarios,
simultáneamente a la Semana de la Seguridad Social,  Oscar Vela, Jefe de la Unidad de Seguros,
Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, dijo que para
alcanzar un mayor monto de pensión para el retiro, esta dependencia impulsa una
segunda ola de reformas “en la que se exploran diversas alternativas como
incorporar el monto de recursos depositados en la subcuenta de vivienda
administrada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, las hipotecas regresivas o inversas y el aumento en la edad de
jubilación, como ya ocurre en otros países.” (La Jornada, 24/04/2017)
La hipoteca regresiva o inversa es una
modalidad de préstamo bancario a través del cual un adulto mayor puede
hipotecar su casa a cambio de un crédito o un recurso mensual y, al morir, el
banco se queda con la propiedad.
En ese mismo sentido se expresó Ignacio
Rubí, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, quien
planteó que “el esquema de seguridad social ya dio lo que tenía que dar, ya se
agotó. Las reformas al sistema de pensiones de 1997 para el IMSS y 2007 para el
ISSSTE deben ser replanteadas bajo un esquema integral.” (El Economista,
28/04/2017).
Estas propuestas retoman las
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial,
que tienen como eje central el incremento de las aportaciones, de 6.5 a 20 o 25
por ciento.
Es real que hay una crisis del sistema de
pensiones, entre otros factores, por el fracaso de las reformas en materia de
pensiones, porque ha crecido la expectativa de vida y las enfermedades crónicas
degenerativas – y lo que implica atenderlas en términos de recursos-; el
aumento de pensionados y la disminución de los trabajadores activos, así como
por la insuficiencia de empleo, los bajos salarios y la informalidad.
Sin embargo, lo que propone el gobierno son
ocurrencias que no resuelven de forma integral este grave problema. Son
parches. Se les ocurren una cosas y luego otras, sin colocar en el centro de la
preocupación a las personas y evitar que anden sufriendo en la vejez porque no
cuentan con pensión o no alcanzaron una pensión digna.
Es necesario analizar con seriedad y
responsabilidad qué tipo de pensión no contributiva se debería proponer para
los que no pudieron contribuir, qué tipo de acuerdo social se requiere
construir y cuál reforma fiscal hay que plantear; para poder, sobre esa base,
diseñar un nuevo modelo de seguridad social que le garantice pensiones dignas a
la gente.
Tiene que ser una solución tripartita, con
la participación del Estado,  patrones y
trabajadores. No ocurrencias, como las de los organismos internacionales y el
gobierno o la que plantea la Asociación Mexicana de Afores, que promueve que
los niños ahorren para que en la vejez cuenten con una pensión.
La solución es como en la pirinola, donde
todos deben de poner para encontrarle una salida. Tenemos que  revisar un conjunto de cosas, pero se tienen
que colocar en el centro al ser humano y sus derechos; no el negocio y las
preocupaciones del mercado, los banqueros y el sector financiero.
El Estado Mexicano está obligado a cumplir
lo que establece el artículo 123 constitucional; el 2 de la Ley Federal del
Trabajo; el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, y la
Declaración de los Derechos Humanos; relativos a la justicia social, el derecho
a la seguridad social, a un trabajo digno, 
estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de
vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y resolver el problema del
desempleo y subempleo.
El problema de fondo es que las reformas
implementadas sobre la seguridad social en nuestro país fracasaron, y sólo
sirvieron para que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore)
hicieran un gran negocio y para implementar un sistema de ahorro con el
objetivo de financiar la deuda pública a costa de los ahorro de los
trabajadores. Hasta ahora las Afore han obtenido ganancias por más de 300 mil
millones de pesos. Sirvieron además para apuntalar las variables
macroeconómicas, pero no resolvieron el problema de las pensiones y el futuro
de cada uno de los trabajadores.
Existen poco más de 54 millones de cuentas
en las Afore, pero sólo aproximadamente 18 millones están activas; de éstas
últimas, una gran parte no alcanzará a cubrir los requisitos para poder obtener
una pensión, y por lo tanto, ni pensión tendrá.
Desde hace tiempo he venido planteando que
en el rubro de pensiones tenemos  una
bomba de tiempo que va estallar en cualquier momento y provocará una enorme
crisis social, económica y política.
Hoy todavía no se ve porque la mayor parte
de los trabajadores en el Seguro Social se están pensionando con la Ley 73, que
les permite alcanzar la pensión  hasta
con 25 salarios mínimos. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado,
la mayor parte se acogió a lo que se estableció en el Artículo Décimo
Transitorio de la Ley del ISSSTE, para efecto de proteger las jubilaciones y
pensiones.
La crisis se agudizará al cumplirse el
plazo para que se pensione la primera generación de trabajadores de las Afore
(2021 ó 2022). Se encontrarán con que las promesas que les hicieron,
simplemente no se cumplirán.
Tan reconocen el gobierno federal y la OCDE
el fracaso del sistema de cuentas individuales, que andan buscando cómo parchar
las reformas con ocurrencias.

Se requiere una reforma seria, de fondo,
donde la preocupación principal sea el bienestar de los trabajadores, que
tengan empleo, salarios y pensiones dignas; y no el negocio de las Afore. Las
reformas que el gobierno federal plantea, sólo lo convierte en cómplice de
quienes se han enriquecido a costa de los ahorros de los trabajadores.

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